¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con movidas políticas y dinerito turbio. Resulta que el Tribunal Supremos de Elecciones (TSE), esos que siempre andan revisando si todo está legal, anda echándole ojo a los señores que le metieron feria a la campaña de Laura Fernández. No es que la señora no tenga derecho a buscar votos, pero parece que algunos de sus benefactores han levantado sospechas, y eso nunca es bueno, ¿verdad?
Todo este rollo comenzó porque unos cuantos aventurero compraron bonos de cesión de deuda al Partido Pueblo Soberano (PPSO). Estos bonos, básicamente, son como prestamos que le hacen al partido para financiar sus actividades. Pero al parecer, hay algunas cositas raras con el origen del varo que usaron para comprar estos certificados. Según fuentes cercanas al TSE, se colocaron bonos por casi 455 millones de colones entre noviembre pasado, así que ya ven, esto no es cualquier chiquita cosa.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE ha confirmado que está investigando a los financiadores más importantes. Dicen que están buscando gente que haya invertido bastante dinero y que tengan movimientos financieros raritos. Ya mandaron cartas (oficios) pidiendo datos, incluyendo de dónde salió el guano para hacer esas inversiones. ¡Imagínate tener que justificar hasta el último peso!
Y hablando de inversionistas pesados, los hermanos Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler aparecen como los reyes Midas de esta historia. Estos par fueron los que más feria le metieron a la campaña de Laura, con la compra de 145 bonos por más de 144 millones de colones. ¡Eso sí que es meterle billetes a la política! Son los dueños de Ridivi, una empresa de remesas que prometen facilitar los pagos móviles y otras cosas modernas. Parece que les va bien de guano a estos señores, ¿eh?
Pero no son los únicos. También tenemos a Mauricio Wong Mayorga, dueño de la empresa de reciclaje Madisa Latinoamericana, que compró 35 bonos; Alejandro Vargas Fuentes, con tiesas a la empresa MedAesthetics, dedicada a productos farmacéuticos y estética; y Ligia Pérez Ramírez, que también se animó a comprar varios bonos. Cada quien poniendo su granito de arena, aunque algunos parecen haber puesto un camión lleno de arena.
Lo curioso de todo este caso es que el partido le vendió los bonos a un precio menor del que pagaron los inversores. Le aplicaron un descuento del 15%, ¡una ganga para los ricos! Eso levanta muchas preguntas, ¿no creen? ¿Será que el partido necesitaba desesperadamente el dinero o simplemente estaban regalando bonos a cambio de favores futuros? Lo que está claro es que hubo una diferencia considerable entre lo que recibieron y lo que cobraron.
Ahora, esto nos lleva a pensar en cómo funciona el financiamiento político en nuestro país. ¿Deberíamos poner más límites a cuánto dinero pueden donar los particulares a los partidos políticos? ¿Deberían las empresas poder financiar campañas? Y lo más importante, ¿cómo podemos asegurar que el dinero que entra a la política no venga de fuentes oscuras ni esté atado a intereses ocultos? Este brete nos obliga a reflexionar sobre la transparencia y la ética en la vida pública.
En fin, este asunto promete darle tela que cortar al TSE y a todos nosotros. Estaremos atentos a las novedades y seguiremos informándoles sobre este caso. Pero ahora, quiero saber qué piensan ustedes: ¿creen que esta investigación revelará algún acto de corrupción, o será simplemente un caso de negocios legítimos? ¿Deberíamos exigir más control sobre el financiamiento de campañas electorales en Costa Rica? ¡Déjenme sus comentarios!
Todo este rollo comenzó porque unos cuantos aventurero compraron bonos de cesión de deuda al Partido Pueblo Soberano (PPSO). Estos bonos, básicamente, son como prestamos que le hacen al partido para financiar sus actividades. Pero al parecer, hay algunas cositas raras con el origen del varo que usaron para comprar estos certificados. Según fuentes cercanas al TSE, se colocaron bonos por casi 455 millones de colones entre noviembre pasado, así que ya ven, esto no es cualquier chiquita cosa.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE ha confirmado que está investigando a los financiadores más importantes. Dicen que están buscando gente que haya invertido bastante dinero y que tengan movimientos financieros raritos. Ya mandaron cartas (oficios) pidiendo datos, incluyendo de dónde salió el guano para hacer esas inversiones. ¡Imagínate tener que justificar hasta el último peso!
Y hablando de inversionistas pesados, los hermanos Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler aparecen como los reyes Midas de esta historia. Estos par fueron los que más feria le metieron a la campaña de Laura, con la compra de 145 bonos por más de 144 millones de colones. ¡Eso sí que es meterle billetes a la política! Son los dueños de Ridivi, una empresa de remesas que prometen facilitar los pagos móviles y otras cosas modernas. Parece que les va bien de guano a estos señores, ¿eh?
Pero no son los únicos. También tenemos a Mauricio Wong Mayorga, dueño de la empresa de reciclaje Madisa Latinoamericana, que compró 35 bonos; Alejandro Vargas Fuentes, con tiesas a la empresa MedAesthetics, dedicada a productos farmacéuticos y estética; y Ligia Pérez Ramírez, que también se animó a comprar varios bonos. Cada quien poniendo su granito de arena, aunque algunos parecen haber puesto un camión lleno de arena.
Lo curioso de todo este caso es que el partido le vendió los bonos a un precio menor del que pagaron los inversores. Le aplicaron un descuento del 15%, ¡una ganga para los ricos! Eso levanta muchas preguntas, ¿no creen? ¿Será que el partido necesitaba desesperadamente el dinero o simplemente estaban regalando bonos a cambio de favores futuros? Lo que está claro es que hubo una diferencia considerable entre lo que recibieron y lo que cobraron.
Ahora, esto nos lleva a pensar en cómo funciona el financiamiento político en nuestro país. ¿Deberíamos poner más límites a cuánto dinero pueden donar los particulares a los partidos políticos? ¿Deberían las empresas poder financiar campañas? Y lo más importante, ¿cómo podemos asegurar que el dinero que entra a la política no venga de fuentes oscuras ni esté atado a intereses ocultos? Este brete nos obliga a reflexionar sobre la transparencia y la ética en la vida pública.
En fin, este asunto promete darle tela que cortar al TSE y a todos nosotros. Estaremos atentos a las novedades y seguiremos informándoles sobre este caso. Pero ahora, quiero saber qué piensan ustedes: ¿creen que esta investigación revelará algún acto de corrupción, o será simplemente un caso de negocios legítimos? ¿Deberíamos exigir más control sobre el financiamiento de campañas electorales en Costa Rica? ¡Déjenme sus comentarios!
