Maes, ¿cómo va todo? Pónganse cómodos porque se está cocinando una vara en la Asamblea Legislativa que tiene tela que cortar. Resulta que la diputada socialcristiana María Marta Carballo está empujando un proyecto de ley que, para ponerlo en buen tico, busca que los privados de libertad se pongan las pilas sí o sí. La idea central es simple: si usted está cumpliendo una condena, va a tener que jalarla, ya sea con brete, con estudio, o con las dos cosas al mismo tiempo. Se acabó eso de pasar el día contando nubes, o al menos esa es la intención.
A ver, para que quede claro el asunto, la iniciativa ya pasó el primer filtro en la Comisión de Asuntos Jurídicos y plantea un cambio de reglas bastante radical. La Dirección de Adaptación Social sería la encargada de poner a todo el mundo a hacer algo productivo. Y ojo al dato, porque no es opcional: el que se haga el rogado y no tenga una justificación válida (como ser mayor de 65, estar embarazada o tener una limitación médica seria), se puede ir despidiendo de los beneficios penitenciarios. O sea, cumple la pena completita, sin descuentos. La idea, en el papel, suena a cachete, ¿no? Fortalecer la reinserción, bajar la reincidencia y, de paso, mejorar la seguridad de todos.
Pero aquí es donde la vara se pone interesante. ¿Cómo va a funcionar ese brete? No es que los van a mandar a una maquila a sacar turnos de noche. El proyecto establece que el trabajo será solo de día, máximo ocho horas, y no puede ser para empresas privadas con fines de lucro. Todo estaría acompañado de una póliza de riesgos y, lo más importante, una platica. Esa remuneración se va a repartir en cuatro partes iguales: un 25% para pensiones alimentarias (¡bien ahí!), un 25% para pagar deudas o responsabilidades civiles, otro 25% para el Estado como pago por los gastos de su estadía (un Airbnb un poco particular, digamos), y el último 25% se divide entre gastos personales y un ahorro para cuando salgan. Para los condenados por delitos más graves, como homicidio o narco, el trabajo sería únicamente dentro del centro penal, a menos que un profesional diga lo contrario.
Y si el brete no es lo suyo, está la opción del estudio. Pero tampoco es solo matricularse para batear. Los reclusos tendrán que demostrar que están avanzando académicamente en programas reconocidos por Adaptación Social. Si no dan la talla, para adentro del régimen de trabajo. Según la diputada Carballo, la jugada es redonda: la sociedad se beneficia con comunidades más seguras y el privado de libertad tiene una oportunidad real de superarse y no volver a caer en las mismas. Y diay, que una persona tenga la chance de sacar un título o aprender un oficio en lugar de perfeccionar mañas en el patio... ¡qué carga!, ¿o no? Es darle herramientas a alguien para que, al salir, no tenga como única opción volver a delinquir.
Ahora, más allá del discurso bonito, el reto, como siempre en este país, va a ser la implementación. ¿De dónde van a salir suficientes plazas de trabajo y cupos de estudio para toda la población penitenciaria? ¿Quién va a supervisar que esto funcione de verdad y no se convierta en un nido de corrupción o en simple trabajo forzado mal disimulado? La intención es buena, de eso no hay duda, y ataca un problema real. Pero del dicho al hecho hay un trecho enorme, lleno de burocracia y falta de presupuesto. Les tiro la bola a ustedes, maes. ¿Qué opinan? ¿Es esta la solución mágica para la reinserción o es puro cuento y se va a quedar en un despiche administrativo? ¿Le ven futuro a esta vara o creen que va a terminar siendo letra muerta?
A ver, para que quede claro el asunto, la iniciativa ya pasó el primer filtro en la Comisión de Asuntos Jurídicos y plantea un cambio de reglas bastante radical. La Dirección de Adaptación Social sería la encargada de poner a todo el mundo a hacer algo productivo. Y ojo al dato, porque no es opcional: el que se haga el rogado y no tenga una justificación válida (como ser mayor de 65, estar embarazada o tener una limitación médica seria), se puede ir despidiendo de los beneficios penitenciarios. O sea, cumple la pena completita, sin descuentos. La idea, en el papel, suena a cachete, ¿no? Fortalecer la reinserción, bajar la reincidencia y, de paso, mejorar la seguridad de todos.
Pero aquí es donde la vara se pone interesante. ¿Cómo va a funcionar ese brete? No es que los van a mandar a una maquila a sacar turnos de noche. El proyecto establece que el trabajo será solo de día, máximo ocho horas, y no puede ser para empresas privadas con fines de lucro. Todo estaría acompañado de una póliza de riesgos y, lo más importante, una platica. Esa remuneración se va a repartir en cuatro partes iguales: un 25% para pensiones alimentarias (¡bien ahí!), un 25% para pagar deudas o responsabilidades civiles, otro 25% para el Estado como pago por los gastos de su estadía (un Airbnb un poco particular, digamos), y el último 25% se divide entre gastos personales y un ahorro para cuando salgan. Para los condenados por delitos más graves, como homicidio o narco, el trabajo sería únicamente dentro del centro penal, a menos que un profesional diga lo contrario.
Y si el brete no es lo suyo, está la opción del estudio. Pero tampoco es solo matricularse para batear. Los reclusos tendrán que demostrar que están avanzando académicamente en programas reconocidos por Adaptación Social. Si no dan la talla, para adentro del régimen de trabajo. Según la diputada Carballo, la jugada es redonda: la sociedad se beneficia con comunidades más seguras y el privado de libertad tiene una oportunidad real de superarse y no volver a caer en las mismas. Y diay, que una persona tenga la chance de sacar un título o aprender un oficio en lugar de perfeccionar mañas en el patio... ¡qué carga!, ¿o no? Es darle herramientas a alguien para que, al salir, no tenga como única opción volver a delinquir.
Ahora, más allá del discurso bonito, el reto, como siempre en este país, va a ser la implementación. ¿De dónde van a salir suficientes plazas de trabajo y cupos de estudio para toda la población penitenciaria? ¿Quién va a supervisar que esto funcione de verdad y no se convierta en un nido de corrupción o en simple trabajo forzado mal disimulado? La intención es buena, de eso no hay duda, y ataca un problema real. Pero del dicho al hecho hay un trecho enorme, lleno de burocracia y falta de presupuesto. Les tiro la bola a ustedes, maes. ¿Qué opinan? ¿Es esta la solución mágica para la reinserción o es puro cuento y se va a quedar en un despiche administrativo? ¿Le ven futuro a esta vara o creen que va a terminar siendo letra muerta?
