¡Ay, Dios mío! El panorama mediático en Costa Rica se puso bien chungo esta semana, parce. Resulta que más de cien medios de comunicación quedaron fuera del concurso de frecuencias, y ahora los diputados andan lanzándose globos, acusándose de todo tipo de cosas. Parece que la cosa se puso más caliente que gallina pochada en feria.
La bronca viene de raíz, amigos. Se trata del espectro radioeléctrico, esas ondas mágicas que nos permiten escuchar la radio y ver la tele. El gobierno, junto con la SUTEL, organizó un concurso para subastar esas frecuencias, buscando supuestamente modernizar el sistema y abrirle paso a nuevos actores. Pero al final, muchos medios tradicionales no pudieron ni siquiera participar porque no cumplían con los requisitos, o eso dicen. Ya le metieron dedo, claro.
Gilberto Campos, del PLP, salió con toda, diciendo que el gobierno estaba cumpliendo una amenaza que había hecho hace tiempo: armar un “apagón” de radio y televisión si no se actualizaban los montos. Lo pintó como un atentado directo a la libertad de información, una jugada turbia para controlar lo que escuchamos y vemos. Y añadió que solo el Presidente, con su mano mágica, podía echar para atrás este lio.
Johana Obando, con su labia característica, tampoco se quedó callada. Alertó que esto es un “intento antojadizo para instaurar un régimen autoritario”, tratando de silenciar al pueblo tico. ¡Uy, qué pelea! Y Dinorah Barquero, sumándose al coro, dijo que al cerrar las emisoras, estaban silenciando la democracia misma, borrando la voz del ciudadano. Parece sacado de película de espías, ¿verdad?
Jonathan Acuña, del Frente Amplio, fue quien puso el dedo en la llaga de los medianos. Cuestionó que las condiciones del concurso favorecen a los grandes grupos empresariales, dejando sin oportunidad a los medios pequeños y medianos. Planteó que el gobierno, en complicidad con la SUTEL, está creando un “peaje impagable” que solo los ricos pueden pagar, eliminando así la diversidad de voces en el aire. Ahí sí que toca reflexionar un poquito, ¿no creen?
Vanessa de Paul Castro, con su experiencia política, levantó otra duda importante: ¿realmente estamos democratizando el espectro con esto, o simplemente estamos concentrando aún más el poder mediático en manos de unos pocos? Preguntó si el concurso fortalece la libertad de expresión o, por el contrario, está sirviendo para comprar voluntades y dejar a Costa Rica sin uno de sus pilares fundamentales.
Manuel Morales, representando al gobierno, trató de poner paños fríos al asunto, argumentando que el concurso cumple con todas las normas técnicas y legales. Insistió en que no se trata de un capricho político, sino de una obligación legal que hay que defender a capa y espada. Además, defendió que el gobierno no quiere silenciar voces, sino extenderlas, llegando a más regiones y personas. Aunque la verdad, parece que la credibilidad anda medio baja en este brete.
Bueno, parce, ya vieron la sopa boba. La discusión está servida y parece que va para largo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el gobierno está actuando correctamente, o realmente estamos perdiendo una valiosa fuente de información y opinión diversa? ¡Déjenme saber su punto de vista en los comentarios!
La bronca viene de raíz, amigos. Se trata del espectro radioeléctrico, esas ondas mágicas que nos permiten escuchar la radio y ver la tele. El gobierno, junto con la SUTEL, organizó un concurso para subastar esas frecuencias, buscando supuestamente modernizar el sistema y abrirle paso a nuevos actores. Pero al final, muchos medios tradicionales no pudieron ni siquiera participar porque no cumplían con los requisitos, o eso dicen. Ya le metieron dedo, claro.
Gilberto Campos, del PLP, salió con toda, diciendo que el gobierno estaba cumpliendo una amenaza que había hecho hace tiempo: armar un “apagón” de radio y televisión si no se actualizaban los montos. Lo pintó como un atentado directo a la libertad de información, una jugada turbia para controlar lo que escuchamos y vemos. Y añadió que solo el Presidente, con su mano mágica, podía echar para atrás este lio.
Johana Obando, con su labia característica, tampoco se quedó callada. Alertó que esto es un “intento antojadizo para instaurar un régimen autoritario”, tratando de silenciar al pueblo tico. ¡Uy, qué pelea! Y Dinorah Barquero, sumándose al coro, dijo que al cerrar las emisoras, estaban silenciando la democracia misma, borrando la voz del ciudadano. Parece sacado de película de espías, ¿verdad?
Jonathan Acuña, del Frente Amplio, fue quien puso el dedo en la llaga de los medianos. Cuestionó que las condiciones del concurso favorecen a los grandes grupos empresariales, dejando sin oportunidad a los medios pequeños y medianos. Planteó que el gobierno, en complicidad con la SUTEL, está creando un “peaje impagable” que solo los ricos pueden pagar, eliminando así la diversidad de voces en el aire. Ahí sí que toca reflexionar un poquito, ¿no creen?
Vanessa de Paul Castro, con su experiencia política, levantó otra duda importante: ¿realmente estamos democratizando el espectro con esto, o simplemente estamos concentrando aún más el poder mediático en manos de unos pocos? Preguntó si el concurso fortalece la libertad de expresión o, por el contrario, está sirviendo para comprar voluntades y dejar a Costa Rica sin uno de sus pilares fundamentales.
Manuel Morales, representando al gobierno, trató de poner paños fríos al asunto, argumentando que el concurso cumple con todas las normas técnicas y legales. Insistió en que no se trata de un capricho político, sino de una obligación legal que hay que defender a capa y espada. Además, defendió que el gobierno no quiere silenciar voces, sino extenderlas, llegando a más regiones y personas. Aunque la verdad, parece que la credibilidad anda medio baja en este brete.
Bueno, parce, ya vieron la sopa boba. La discusión está servida y parece que va para largo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el gobierno está actuando correctamente, o realmente estamos perdiendo una valiosa fuente de información y opinión diversa? ¡Déjenme saber su punto de vista en los comentarios!
