¡Ay, Dios mío! Esto del Caso Diamante sigue dando tela. Resulta que el Juzgado, tras un buen rato de papeleo y líos legales, le dio un golpe certero al expediente: declaró ilegales todas esas escuchas telefónicas que tanto anduvieron usando como base para acusar a alcaldes y constructores. ¡Un verdadero mamarracho!
Para ponerle contexto rápido, recuerden que el Caso Diamante explotó hace casi dos años, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sacó a relucir una red de presuntos sobornos entre representantes de la Constructora MECO y varios municipios para favorecer sus proyectos de obras públicas. Se habló de mulas, pagos extras y licitaciones amañadas. ¡Parecía material de novela!
Sin embargo, ahora el panorama cambia radicalmente. El Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública, con el juez Johnny Cerdas al mando, dictaminó que esas escuchas, que eran la columna vertebral de la investigación, eran inválidas. Dijo que no cumplían con los requisitos legales, básicamente porque en el momento en que se hicieron, solo podían usarse para casos de crimen organizado, y esto, según la corte, no calificaba. ¡Una verdadera torta!
Y eso no es todo, amigos. Como si fuera poco, el juez Cerdas no se quedó ahí. Además de tumbar las escuchas, ordenó iniciar investigaciones penales y administrativas contra los fiscales y juezas que estuvieron involucrados en el caso. Imagínense el trajín que va a haber en la Inspección Fiscal y el Tribunal de la Inspección Judicial tratando de averiguar qué salió mal. ¡Esto huele a armazón!
Las órdenes para abrir las indagaciones fueron emitidas a través de unos llamados a declarar, especie de copias certificadas de lo sucedido, para que los órganos disciplinarios puedan analizar si hubo alguna negligencia grave o incluso delitos cometidos por los funcionarios judiciales. Parece que alguien se jaló una torta considerable en este asunto.
Entre los imputados que están en el ojo del huracán se encuentran ex alcaldes de peso como Johnny Araya, Alfredo Córdoba, Mario Redondo, Humberto Soto, Alberto Cole y Arnoldo Barahona. El abogado de Córdoba, Walter Brenes, no tardó en celebrar la decisión del juez, afirmando que es un paso importante para esclarecer las irregularidades que se cometieron en el Ministerio Público. 'El juez hizo bien en pedir una investigación', dijo el jurista.
Recordemos que inicialmente, el caso se consideraba un entramado de crimen organizado, lo que justificaba las intervenciones telefónicas. Pero luego, una resolución de Goicoechea eliminó esa calificación, quedando en duda si las escuchas aún eran válidas. Pues resulta que no lo eran. Y con ellas, se cayeron toda las demás pruebas obtenidas gracias a esas conversaciones interceptadas: allanamientos, detenciones, medidas cautelares... ¡Todo inservible! El caso quedó flotando en un limbo jurídico, a la espera de ver qué pasa.
Ahora, la gran pregunta es: ¿llegaremos a ver una conclusión para este Caso Diamante, o se archivará finalmente por estos errores procesales? ¿Quiénes serán responsables de las fallas que llevaron a esta situación tan confusa? Les dejo pensando en eso, mi gente. ¡Den su opinión en el foro! ¿Creen que es justo que se investigue a los jueces y fiscales, o es una persecución política?
Para ponerle contexto rápido, recuerden que el Caso Diamante explotó hace casi dos años, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sacó a relucir una red de presuntos sobornos entre representantes de la Constructora MECO y varios municipios para favorecer sus proyectos de obras públicas. Se habló de mulas, pagos extras y licitaciones amañadas. ¡Parecía material de novela!
Sin embargo, ahora el panorama cambia radicalmente. El Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública, con el juez Johnny Cerdas al mando, dictaminó que esas escuchas, que eran la columna vertebral de la investigación, eran inválidas. Dijo que no cumplían con los requisitos legales, básicamente porque en el momento en que se hicieron, solo podían usarse para casos de crimen organizado, y esto, según la corte, no calificaba. ¡Una verdadera torta!
Y eso no es todo, amigos. Como si fuera poco, el juez Cerdas no se quedó ahí. Además de tumbar las escuchas, ordenó iniciar investigaciones penales y administrativas contra los fiscales y juezas que estuvieron involucrados en el caso. Imagínense el trajín que va a haber en la Inspección Fiscal y el Tribunal de la Inspección Judicial tratando de averiguar qué salió mal. ¡Esto huele a armazón!
Las órdenes para abrir las indagaciones fueron emitidas a través de unos llamados a declarar, especie de copias certificadas de lo sucedido, para que los órganos disciplinarios puedan analizar si hubo alguna negligencia grave o incluso delitos cometidos por los funcionarios judiciales. Parece que alguien se jaló una torta considerable en este asunto.
Entre los imputados que están en el ojo del huracán se encuentran ex alcaldes de peso como Johnny Araya, Alfredo Córdoba, Mario Redondo, Humberto Soto, Alberto Cole y Arnoldo Barahona. El abogado de Córdoba, Walter Brenes, no tardó en celebrar la decisión del juez, afirmando que es un paso importante para esclarecer las irregularidades que se cometieron en el Ministerio Público. 'El juez hizo bien en pedir una investigación', dijo el jurista.
Recordemos que inicialmente, el caso se consideraba un entramado de crimen organizado, lo que justificaba las intervenciones telefónicas. Pero luego, una resolución de Goicoechea eliminó esa calificación, quedando en duda si las escuchas aún eran válidas. Pues resulta que no lo eran. Y con ellas, se cayeron toda las demás pruebas obtenidas gracias a esas conversaciones interceptadas: allanamientos, detenciones, medidas cautelares... ¡Todo inservible! El caso quedó flotando en un limbo jurídico, a la espera de ver qué pasa.
Ahora, la gran pregunta es: ¿llegaremos a ver una conclusión para este Caso Diamante, o se archivará finalmente por estos errores procesales? ¿Quiénes serán responsables de las fallas que llevaron a esta situación tan confusa? Les dejo pensando en eso, mi gente. ¡Den su opinión en el foro! ¿Creen que es justo que se investigue a los jueces y fiscales, o es una persecución política?
