¡Ay, Dios mío! Esto de Chorreras parece sacado de película, ¿eh? Resulta que el Gobierno mandó a desalojar a unas 73 familias que llevaban décadas viviendo allá en la frontera, y ahora, pa' colmo, dejan la zona abandonada. Un maje como Juan Pablo Rodríguez, regidor de San Carlos, está encendido porque nadie vela la olla.
La movida toda empezó el martes pasado, cuando el Minae metió una demanda alegando que la gente estaba dañando el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Pero aquí viene lo turbio: recuerden que el mismísimo gobierno de Chaves les había prometido a estas familias regularizar su situación el año pasado. ¡Un despiste tremendo, wey!
Lo que más indigna al regidor es que nunca hicieron un estudio serio para ver cuánto daño realmente estaban causando esos moradores, y compararlo con el impacto ambiental de mandar maquinaria pesada a tumbar todas esas casitas. Parece que prefirieron la solución rápida a la evaluación adecuada. ¡Qué carga!
Y ni hablar de la seguridad, ¿verdad? Rodríguez dice que ahora cómo esperan que el Ministerio de Seguridad proteja el área, cuando las fronteras siempre necesitan gente que esté ahí, vigilando. “No hay gobierno en el mundo que pueda cuidar 66 kilómetros de frontera solo con tecnología, mae,” recalcó, poniendo pa’l lote la falta de planificación.
Pero la cosa se pone aún más complicada. Chorreras está justo al lado del río San Juan, pero al otro lado está la Reserva Biológica Indio Maíz, donde, colorín colorado, se explotan minas de oro. Entonces, Rodriguez advierte que los tipos de Indio Maíz podrían cruzar pa’ acá, aprovechando que la zona está prácticamente desierta, o incluso aventurarse hacia Crucitas, donde todavía hay actividad minera ilegal. ¡Una bronca que nos cayó del cielo!
“Nos dicen que no hay control después del desalojo, y como Chorreras está así, pegadito a Indio Maíz, donde también andan buscando oro, y conectado con Crucitas… pues claro que alguien se va a venir a vivir acá,” explica Rodríguez, visiblemente preocupado. Lo que él quiere decir es que, aunque sea un lugar de paso, históricamente ha sido crucial para esas zonas, conectando diferentes puntos estratégicos.”
El regidor insiste en que nunca se justificó la necesidad de demoler el pueblito, y que, quizás, derribar todo eso generó más contaminación que mantenerlo como estaba. “Imagínate ir a demoler algo en medio de una reserva y no tener ni siquiera un estudio de impacto ambiental... ¿Cómo es posible?”, se pregunta, evidenciando la incongruencia de la decisión. Se habla de que las propias estructuras, por viejas que estuvieran, eran menos perjudiciales que el proceso de destrucción.
Para rematar, el Estado fue quien invirtió en construir la escuela, poner torres de comunicación, abrir caminos e incluso llevar electricidad a Chorreras. Ahora, con un plan de inversión de ¢700 millones destinado a la zona congelado indefinidamente, el regidor se pregunta: ¿Realmente valió la pena echar a tanta gente? ¿Será que el desarrollo sostenible implica simplemente empujar a la población vulnerable a buscar nuevos rincones? ¿Ustedes creen que el gobierno debería reconsiderar su postura y encontrar una solución que beneficie tanto al medio ambiente como a las comunidades afectadas?
La movida toda empezó el martes pasado, cuando el Minae metió una demanda alegando que la gente estaba dañando el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Pero aquí viene lo turbio: recuerden que el mismísimo gobierno de Chaves les había prometido a estas familias regularizar su situación el año pasado. ¡Un despiste tremendo, wey!
Lo que más indigna al regidor es que nunca hicieron un estudio serio para ver cuánto daño realmente estaban causando esos moradores, y compararlo con el impacto ambiental de mandar maquinaria pesada a tumbar todas esas casitas. Parece que prefirieron la solución rápida a la evaluación adecuada. ¡Qué carga!
Y ni hablar de la seguridad, ¿verdad? Rodríguez dice que ahora cómo esperan que el Ministerio de Seguridad proteja el área, cuando las fronteras siempre necesitan gente que esté ahí, vigilando. “No hay gobierno en el mundo que pueda cuidar 66 kilómetros de frontera solo con tecnología, mae,” recalcó, poniendo pa’l lote la falta de planificación.
Pero la cosa se pone aún más complicada. Chorreras está justo al lado del río San Juan, pero al otro lado está la Reserva Biológica Indio Maíz, donde, colorín colorado, se explotan minas de oro. Entonces, Rodriguez advierte que los tipos de Indio Maíz podrían cruzar pa’ acá, aprovechando que la zona está prácticamente desierta, o incluso aventurarse hacia Crucitas, donde todavía hay actividad minera ilegal. ¡Una bronca que nos cayó del cielo!
“Nos dicen que no hay control después del desalojo, y como Chorreras está así, pegadito a Indio Maíz, donde también andan buscando oro, y conectado con Crucitas… pues claro que alguien se va a venir a vivir acá,” explica Rodríguez, visiblemente preocupado. Lo que él quiere decir es que, aunque sea un lugar de paso, históricamente ha sido crucial para esas zonas, conectando diferentes puntos estratégicos.”
El regidor insiste en que nunca se justificó la necesidad de demoler el pueblito, y que, quizás, derribar todo eso generó más contaminación que mantenerlo como estaba. “Imagínate ir a demoler algo en medio de una reserva y no tener ni siquiera un estudio de impacto ambiental... ¿Cómo es posible?”, se pregunta, evidenciando la incongruencia de la decisión. Se habla de que las propias estructuras, por viejas que estuvieran, eran menos perjudiciales que el proceso de destrucción.
Para rematar, el Estado fue quien invirtió en construir la escuela, poner torres de comunicación, abrir caminos e incluso llevar electricidad a Chorreras. Ahora, con un plan de inversión de ¢700 millones destinado a la zona congelado indefinidamente, el regidor se pregunta: ¿Realmente valió la pena echar a tanta gente? ¿Será que el desarrollo sostenible implica simplemente empujar a la población vulnerable a buscar nuevos rincones? ¿Ustedes creen que el gobierno debería reconsiderar su postura y encontrar una solución que beneficie tanto al medio ambiente como a las comunidades afectadas?
