¡Ay, Dios mío! La bronca de las cuarterías en Costa Rica sigue siendo un relajo monumental. Parece que vivimos en una película de comedia negra, pero la verdad es que estamos hablando de gente viviendo en condiciones que ni el perro de la calle aceptaría. El reciente incendio en una de estas construcciones ha sacudido al país y nos obliga a preguntarnos: ¿hasta cuándo vamos a tapar este agujero negro?
La situación es clara: decenas de miles de personas, muchos de ellos trabajadores de bajos recursos, se ven obligados a alquilar cuartos diminutos, a menudo en condiciones infames, para poder llegar a fin de mes. Estas cuarterías, ubicadas principalmente en zonas urbanas densamente pobladas, son verdaderos laberintos de habitaciones precarias, donde el hacinamiento, la falta de ventilación e incluso la ausencia de servicios básicos son la norma. No es un secreto que muchos de estos sitios son básicamente bodegas o almacenes reconvertidos, sin cumplir con ninguna normativa de seguridad.
Lo más preocupante es que existe un vacío legal flagrante que permite la proliferación de estas edificaciones informales. Según expertos, la legislación actual no contempla una categoría específica para las “cuarterías”, lo cual dificulta enormemente su regulación y control. Mientras tanto, los dueños de estas propiedades pueden seguir operando impunemente, llenándose los bolsillos a costa de la desesperación de los inquilinos. ¡Qué poca monta!
Para entenderlo mejor, imagina esto: pagas entre cinco y siete mil colones diarios por un cuarto que apenas te da para mover los dedos. Compartes el espacio con tres o cuatro personas, te levantas con olor a humedad y sudor, y tienes que hacer fila para usar el baño. ¿Suena atractivo? Pues así vive gran parte de la clase trabajadora en estas cuarterías. Algunos lugares son peores que otros; he escuchado historias escalofriantes de gente atrapada en bodegas metálicas sin ventanas, iluminadas únicamente por bombillas parpadeantes.
Marcelo Solano, el jefe de la policía municipal de San José, nos puso las cosas claras: “No hay categoría comercial de ‘cuartería’. Legalmente, deberían operar como pensiones, pero nadie las regula”. Esto significa que las municipalidades, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos tienen muy poco margen para intervenir y garantizar la seguridad de los inquilinos. ¡Una verdadera lástima!
Adrián Quesada, abogado especializado en temas inmobiliarios, añade que los propietarios podrían enfrentarse a responsabilidades civiles y penales en caso de accidentes o tragedias. “Si se demuestra que conocían los riesgos y no hicieron nada para mitigarlos, podrían ser acusados de homicidio o lesiones culposos.” ¡Ojo, dueños de cuarterías! Más les vale poner las pilas y acondicionar sus propiedades, porque la ley podría caerles encima.
Pero la cosa no termina ahí. Según Solano, existen dos tipos de cuarterías: unas habitadas por familias de bajos recursos y otras controladas por estructuras criminales. Estas últimas se utilizan como puntos de venta o consumo de drogas, representando un peligro constante para quienes residen en ellas. ¡Un verdadero caldo de cultivo para la delincuencia! Imaginen entrar a ese lugar sin saberlo… ya se imaginan lo que pasa, ¿verdad, mae?
Después de analizar todos estos datos, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué debemos hacer para solucionar este problema de fondo? ¿Es suficiente con endurecer las leyes y aumentar las fiscalizaciones, o necesitamos abordar las causas sociales que llevan a tanta gente a vivir en estas condiciones precarias? ¿Será posible crear alternativas de vivienda dignas y asequibles para los más necesitados? ¡Dime tú, compa, qué piensas al respecto!
La situación es clara: decenas de miles de personas, muchos de ellos trabajadores de bajos recursos, se ven obligados a alquilar cuartos diminutos, a menudo en condiciones infames, para poder llegar a fin de mes. Estas cuarterías, ubicadas principalmente en zonas urbanas densamente pobladas, son verdaderos laberintos de habitaciones precarias, donde el hacinamiento, la falta de ventilación e incluso la ausencia de servicios básicos son la norma. No es un secreto que muchos de estos sitios son básicamente bodegas o almacenes reconvertidos, sin cumplir con ninguna normativa de seguridad.
Lo más preocupante es que existe un vacío legal flagrante que permite la proliferación de estas edificaciones informales. Según expertos, la legislación actual no contempla una categoría específica para las “cuarterías”, lo cual dificulta enormemente su regulación y control. Mientras tanto, los dueños de estas propiedades pueden seguir operando impunemente, llenándose los bolsillos a costa de la desesperación de los inquilinos. ¡Qué poca monta!
Para entenderlo mejor, imagina esto: pagas entre cinco y siete mil colones diarios por un cuarto que apenas te da para mover los dedos. Compartes el espacio con tres o cuatro personas, te levantas con olor a humedad y sudor, y tienes que hacer fila para usar el baño. ¿Suena atractivo? Pues así vive gran parte de la clase trabajadora en estas cuarterías. Algunos lugares son peores que otros; he escuchado historias escalofriantes de gente atrapada en bodegas metálicas sin ventanas, iluminadas únicamente por bombillas parpadeantes.
Marcelo Solano, el jefe de la policía municipal de San José, nos puso las cosas claras: “No hay categoría comercial de ‘cuartería’. Legalmente, deberían operar como pensiones, pero nadie las regula”. Esto significa que las municipalidades, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos tienen muy poco margen para intervenir y garantizar la seguridad de los inquilinos. ¡Una verdadera lástima!
Adrián Quesada, abogado especializado en temas inmobiliarios, añade que los propietarios podrían enfrentarse a responsabilidades civiles y penales en caso de accidentes o tragedias. “Si se demuestra que conocían los riesgos y no hicieron nada para mitigarlos, podrían ser acusados de homicidio o lesiones culposos.” ¡Ojo, dueños de cuarterías! Más les vale poner las pilas y acondicionar sus propiedades, porque la ley podría caerles encima.
Pero la cosa no termina ahí. Según Solano, existen dos tipos de cuarterías: unas habitadas por familias de bajos recursos y otras controladas por estructuras criminales. Estas últimas se utilizan como puntos de venta o consumo de drogas, representando un peligro constante para quienes residen en ellas. ¡Un verdadero caldo de cultivo para la delincuencia! Imaginen entrar a ese lugar sin saberlo… ya se imaginan lo que pasa, ¿verdad, mae?
Después de analizar todos estos datos, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué debemos hacer para solucionar este problema de fondo? ¿Es suficiente con endurecer las leyes y aumentar las fiscalizaciones, o necesitamos abordar las causas sociales que llevan a tanta gente a vivir en estas condiciones precarias? ¿Será posible crear alternativas de vivienda dignas y asequibles para los más necesitados? ¡Dime tú, compa, qué piensas al respecto!
