¡Ay, Dios mío! Parece que la diputada Ada Acuña, del PPSD, quiere ponerle candela al tema de las liquidaciones laborales. Lanzó un proyecto de ley que busca meterle presión a los patrones para que paguen el auxilio de cesantía, el preaviso, aguinaldo y vacas, ¡todo juntito y en un mes!
La movida es con el expediente 25.334, que suena complicado, pero básicamente dice que ya basta de esperarnos indefinidamente para agarrar nuestro dinerito cuando nos echan del brete. Según la diputada, la ley actual es un cafune de incertidumbre, porque no pone plazos ni sanciones para los patrocinios que se demoran en cumplir. ¡Imagínate, mae, esperar meses y meses por lo que te mereces!
Y claro, la gente se empieza a preguntar: ¿por qué tanto alboroto ahora? Pues resulta que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que andan con el agua al cuello esperando que les paguen. Muchos tienen familias que mantener y, cuando pierden el trabajo, necesitan ese dinero rapidito para poder llegar a fin de mes. Es una vara bien delicada y parece que la diputada Acuña quiere darle solución.
El proyecto propone un plazo máximo de 30 días para que el patrón liquide todo al empleado, o mientras dure el preaviso – si es que lo dan, claro, algunos patrones se van con la vaca aplastada, ¡qué despache! Lo peor es que, si no cumplen, tendrán que pasarle la cuenta al trabajador, ¡y vaya que van a tener que hacerlo! Esto es para que los patrones le den importancia al asunto y no se anden tardando como quien no quiere la cosa.
Según explican los técnicos, el nuevo artículo 30 bis del Código de Trabajo obliga al patrón a liquidar todo en un solo tracto, si hay preaviso. Pero si no lo hay, ¡ojo!, porque ahí tiene solo 30 días naturales. Y si se pasa, pues ahí sí que va a empezar a acumular intereses y multas. La idea es incentivar a los patronos a que sean responsables y cumplan con sus obligaciones laborales, sin hacer tonterías.
Y no se crean que esto es solo para fastidiar a los patrones, también beneficia al Estado. Imagínate cuánta plata se recupera en concepto de multas y cómo eso puede ayudar a financiar programas sociales o mejorar la infraestructura del país. ¡Todo suma, mael!
Además, la iniciativa busca asegurar que las sentencias judiciales que ordenan el pago de multas por incumplimientos se notifiquen correctamente, para que nadie pueda evadir sus responsabilidades. Y faculta a la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo para cobrar esas multas y distribuirlas entre los trabajadores afectados, así nadie se queda con las manos vacías. Total, justicia para todos, ¡diay!
En fin, este proyecto de ley promete agitar bastante el ambiente laboral en Costa Rica. Es un paso importante para proteger los derechos de los trabajadores y exigirles responsabilidad a los patrones. Ahora, me pregunto, ¿cree usted que este proyecto logrará realmente cambiar la cultura de demora en el pago de liquidaciones o simplemente será otra ley que se queda en el papel? Déjeme saber su opinión en los comentarios, ¡me interesa mucho escucharla!
La movida es con el expediente 25.334, que suena complicado, pero básicamente dice que ya basta de esperarnos indefinidamente para agarrar nuestro dinerito cuando nos echan del brete. Según la diputada, la ley actual es un cafune de incertidumbre, porque no pone plazos ni sanciones para los patrocinios que se demoran en cumplir. ¡Imagínate, mae, esperar meses y meses por lo que te mereces!
Y claro, la gente se empieza a preguntar: ¿por qué tanto alboroto ahora? Pues resulta que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que andan con el agua al cuello esperando que les paguen. Muchos tienen familias que mantener y, cuando pierden el trabajo, necesitan ese dinero rapidito para poder llegar a fin de mes. Es una vara bien delicada y parece que la diputada Acuña quiere darle solución.
El proyecto propone un plazo máximo de 30 días para que el patrón liquide todo al empleado, o mientras dure el preaviso – si es que lo dan, claro, algunos patrones se van con la vaca aplastada, ¡qué despache! Lo peor es que, si no cumplen, tendrán que pasarle la cuenta al trabajador, ¡y vaya que van a tener que hacerlo! Esto es para que los patrones le den importancia al asunto y no se anden tardando como quien no quiere la cosa.
Según explican los técnicos, el nuevo artículo 30 bis del Código de Trabajo obliga al patrón a liquidar todo en un solo tracto, si hay preaviso. Pero si no lo hay, ¡ojo!, porque ahí tiene solo 30 días naturales. Y si se pasa, pues ahí sí que va a empezar a acumular intereses y multas. La idea es incentivar a los patronos a que sean responsables y cumplan con sus obligaciones laborales, sin hacer tonterías.
Y no se crean que esto es solo para fastidiar a los patrones, también beneficia al Estado. Imagínate cuánta plata se recupera en concepto de multas y cómo eso puede ayudar a financiar programas sociales o mejorar la infraestructura del país. ¡Todo suma, mael!
Además, la iniciativa busca asegurar que las sentencias judiciales que ordenan el pago de multas por incumplimientos se notifiquen correctamente, para que nadie pueda evadir sus responsabilidades. Y faculta a la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo para cobrar esas multas y distribuirlas entre los trabajadores afectados, así nadie se queda con las manos vacías. Total, justicia para todos, ¡diay!
En fin, este proyecto de ley promete agitar bastante el ambiente laboral en Costa Rica. Es un paso importante para proteger los derechos de los trabajadores y exigirles responsabilidad a los patrones. Ahora, me pregunto, ¿cree usted que este proyecto logrará realmente cambiar la cultura de demora en el pago de liquidaciones o simplemente será otra ley que se queda en el papel? Déjeme saber su opinión en los comentarios, ¡me interesa mucho escucharla!
