¡Ay, Dios mío! Esto del 'WhatsApp del Presidente' se ha puesto más caliente que gallina pochada. Resulta que la Fiscalía General anda picoteando a don Rodrigo y a varios funcionarios por el uso de ese cachivache que prometía tanta transparencia, pero parece que terminó siendo un brete bien salado. Ya saben, ese número que apareció de la nada y que ahora todos quieren saber de dónde salió.
Todo empezó hace casi dos años, cuando la Presidencia lanzó la idea de tener chats grupales por cantón para estar más pegaditos a la gente. Suena lindo, ¿verdad? Un mecanismo para informar directo, dicen, para acercarse a la ciudadanía… bueno, hasta ahí todo regular. Pero la vaina se complica cuando descubren que el número de teléfono que usaron para el 'WhatsApp del Presidente' no era precisamente un regalo del cielo, sino más bien una línea que originalmente pertenecía al Estado.
Y aquí viene la torta grande: resulta que la exministra Natalia Díaz, ahora aspirante a la presidencia, aparentemente le hizo un trabajito a la línea, pasándole la titularidad al mismísimo don Rodrigo. ¡Imagínate! Una línea del Estado pasando a manos particulares. Eso levanta muchas cejas, mi pana, y es entendible que la Fiscalía esté indagando a fondo quiénes estuvieron involucrados y por qué se hizo semejante changarro.
Pero eso no es todo. La Fiscalía también quiere saber qué onda con la captación de datos personales. Dicen que, para entrar a esos grupos de WhatsApp cantonales, te pedían nombre completo, provincia y cantón. ¡Uy! Información sensible que, según la Fiscalía, podría haber sido usada para armar una base de datos con fines desconocidos. Ahora, nadie sabe si esto se fue al traste o todavía hay datos dando vueltas por ahí.
Desde la Fiscalía confirmaron que están investigando los hechos, pero no dieron muchos detalles. La típica respuesta burocrática, vaya. Mientras tanto, la Presidencia guarda silencio absoluto. Enviamos unos correos preguntando qué funcionarios estaban al mando de toda esta movida, cómo se tramitó el cambio de propietario de la línea y qué pasó con la información recolectada, pero... ¡silencio sepulcral! Parece que prefieren hacerse los dormilones ante esta olla que se les está quemando.
Este no es el primer trompicón de este tipo. Recordaremos el escándalo de la UPAD, aquella Unidad Presidencial de Análisis de Datos que creó la anterior administración, la cual recolectaba información de los ciudadanos sin el debido control y terminó declarada inconstitucional por la Sala Cuarta. Fue un tremendo mamotreto lleno de acusaciones de prevaricato y fraude de ley, y hasta hoy sigue abierto. Uno diría que la historia se repite, ¿no?
La verdad es que toda esta vaina huele raro. Uno no puede evitar pensar en qué estaban haciendo realmente con esa información, y si la intención era tan noble como decían inicialmente. Y mientras tanto, la ciudadanía se queda con la mosca detrás de la oreja, preguntándose si podemos confiar en quienes nos gobiernan. Las promesas de transparencia suelen quedar en papel mojado, parece.
Con todo este panorama, me pregunto: ¿Cree usted que la Fiscalía llegará al fondo de este asunto del 'WhatsApp del Presidente' o se quedará en la superficie? ¿Y considera que deberían aplicar medidas más estrictas para proteger los datos personales de los ciudadanos frente a posibles abusos por parte de instituciones gubernamentales? Déjeme sus opiniones en el foro, ¡quiero saber qué piensa!
Todo empezó hace casi dos años, cuando la Presidencia lanzó la idea de tener chats grupales por cantón para estar más pegaditos a la gente. Suena lindo, ¿verdad? Un mecanismo para informar directo, dicen, para acercarse a la ciudadanía… bueno, hasta ahí todo regular. Pero la vaina se complica cuando descubren que el número de teléfono que usaron para el 'WhatsApp del Presidente' no era precisamente un regalo del cielo, sino más bien una línea que originalmente pertenecía al Estado.
Y aquí viene la torta grande: resulta que la exministra Natalia Díaz, ahora aspirante a la presidencia, aparentemente le hizo un trabajito a la línea, pasándole la titularidad al mismísimo don Rodrigo. ¡Imagínate! Una línea del Estado pasando a manos particulares. Eso levanta muchas cejas, mi pana, y es entendible que la Fiscalía esté indagando a fondo quiénes estuvieron involucrados y por qué se hizo semejante changarro.
Pero eso no es todo. La Fiscalía también quiere saber qué onda con la captación de datos personales. Dicen que, para entrar a esos grupos de WhatsApp cantonales, te pedían nombre completo, provincia y cantón. ¡Uy! Información sensible que, según la Fiscalía, podría haber sido usada para armar una base de datos con fines desconocidos. Ahora, nadie sabe si esto se fue al traste o todavía hay datos dando vueltas por ahí.
Desde la Fiscalía confirmaron que están investigando los hechos, pero no dieron muchos detalles. La típica respuesta burocrática, vaya. Mientras tanto, la Presidencia guarda silencio absoluto. Enviamos unos correos preguntando qué funcionarios estaban al mando de toda esta movida, cómo se tramitó el cambio de propietario de la línea y qué pasó con la información recolectada, pero... ¡silencio sepulcral! Parece que prefieren hacerse los dormilones ante esta olla que se les está quemando.
Este no es el primer trompicón de este tipo. Recordaremos el escándalo de la UPAD, aquella Unidad Presidencial de Análisis de Datos que creó la anterior administración, la cual recolectaba información de los ciudadanos sin el debido control y terminó declarada inconstitucional por la Sala Cuarta. Fue un tremendo mamotreto lleno de acusaciones de prevaricato y fraude de ley, y hasta hoy sigue abierto. Uno diría que la historia se repite, ¿no?
La verdad es que toda esta vaina huele raro. Uno no puede evitar pensar en qué estaban haciendo realmente con esa información, y si la intención era tan noble como decían inicialmente. Y mientras tanto, la ciudadanía se queda con la mosca detrás de la oreja, preguntándose si podemos confiar en quienes nos gobiernan. Las promesas de transparencia suelen quedar en papel mojado, parece.
Con todo este panorama, me pregunto: ¿Cree usted que la Fiscalía llegará al fondo de este asunto del 'WhatsApp del Presidente' o se quedará en la superficie? ¿Y considera que deberían aplicar medidas más estrictas para proteger los datos personales de los ciudadanos frente a posibles abusos por parte de instituciones gubernamentales? Déjeme sus opiniones en el foro, ¡quiero saber qué piensa!
