¡Aguafiestas! Después de años de tapitas y rodeos dignos de un gato callejero, parece que el gobierno español y la Iglesia Católica llegaron a un acuerdo para resarcir a las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos. Ya saben, esos casos que se han tragado en el pasto durante décadas, dejando cicatrices profundas en muchísimas personas.
El plan, que firmaton este jueves, busca echarle agua fresca a esas heridas morales, ofreciendo una vía para que las víctimas que no pudieron buscar justicia por el tema de la prescripción puedan recibir alguna forma de reparación. No es magia, ni borra el daño hecho, pero al menos es un intento serio –y tardío– de reconocer el error y asumir responsabilidades, algo que, honestamente, parecía sacado de otro planeta hace unos años.
Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esto es como “saldarle una deuda histórica moral”. Dice que hubo mucho silencio, escondites y daños irreparables, pero al menos ahora van a ponerle un empujón al asunto y tratar de darle una solución, aunque sea parcial. Uno piensa, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que alguien se diera cuenta de que hay que hacer las cosas bien?
Y ojo, porque la Iglesia va a tener que rascarse los bolsillos para pagar estas reparaciones, algo que hasta ahora se antojaba como misión imposible. Ahora resulta que tienen consciencia y van a colaborar. Imaginen la cara de algunos obispos… Pero bueno, vamos a darle crédito, a ver si realmente cumplen lo prometido. Que no les agarre frío cuando tengan que abrir la billetera, ¡diay!
Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, aseguró que esto será una “vía complementaria” a otros mecanismos internos que ya tenían. Claro, esos mecanismos internos que parecían diseñados para mantener las apariencias y evitar escandales. No sé ustedes, pero yo sigo teniendo mis reservas. Parece novela turca, pura palabrería bonita.
Las asociaciones de víctimas, que llevan años peleando esta batalla cuesta arriba, recibieron la noticia con cierta esperanza. Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada, comentó que aunque sea tarde, es un avance importante. Él dice que es fruto de mucha lucha y presión, y que es vital que la Iglesia cumpla con lo dicho. Totalmente de acuerdo, ¡qué esperaban que dijéramos diferente?
El sistema que van a implementar es bastante interesante: primero se presenta la denuncia ante el Defensor del Pueblo, luego él propone una reparación (económica, moral, psicológica...) y, si nadie está contento, una comisión mixta entre Iglesia, Estado y víctimas decide. Si aún así no hay acuerdo, gana el Defensor. Y todo esto tendrá vigencia por un año, prorrogable a dos. Tiempo más que suficiente, dicen ellos... Esperemos que así sea, porque no queremos que esto se quede en la mitad del brete.
En fin, un paso más en un largo camino hacia la justicia y la transparencia. Pero todavía queda mucho por hacer, y no nos podemos dormir en los laureles. ¿Les parece que este acuerdo es una verdadera muestra de arrepentimiento por parte de la Iglesia, o simplemente una estrategia para evitar mayores problemas legales? Dejen sus opiniones en el foro, ¡queremos saber qué piensan ustedes!
El plan, que firmaton este jueves, busca echarle agua fresca a esas heridas morales, ofreciendo una vía para que las víctimas que no pudieron buscar justicia por el tema de la prescripción puedan recibir alguna forma de reparación. No es magia, ni borra el daño hecho, pero al menos es un intento serio –y tardío– de reconocer el error y asumir responsabilidades, algo que, honestamente, parecía sacado de otro planeta hace unos años.
Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esto es como “saldarle una deuda histórica moral”. Dice que hubo mucho silencio, escondites y daños irreparables, pero al menos ahora van a ponerle un empujón al asunto y tratar de darle una solución, aunque sea parcial. Uno piensa, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que alguien se diera cuenta de que hay que hacer las cosas bien?
Y ojo, porque la Iglesia va a tener que rascarse los bolsillos para pagar estas reparaciones, algo que hasta ahora se antojaba como misión imposible. Ahora resulta que tienen consciencia y van a colaborar. Imaginen la cara de algunos obispos… Pero bueno, vamos a darle crédito, a ver si realmente cumplen lo prometido. Que no les agarre frío cuando tengan que abrir la billetera, ¡diay!
Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, aseguró que esto será una “vía complementaria” a otros mecanismos internos que ya tenían. Claro, esos mecanismos internos que parecían diseñados para mantener las apariencias y evitar escandales. No sé ustedes, pero yo sigo teniendo mis reservas. Parece novela turca, pura palabrería bonita.
Las asociaciones de víctimas, que llevan años peleando esta batalla cuesta arriba, recibieron la noticia con cierta esperanza. Juan Cuatrecasas, portavoz de Infancia Robada, comentó que aunque sea tarde, es un avance importante. Él dice que es fruto de mucha lucha y presión, y que es vital que la Iglesia cumpla con lo dicho. Totalmente de acuerdo, ¡qué esperaban que dijéramos diferente?
El sistema que van a implementar es bastante interesante: primero se presenta la denuncia ante el Defensor del Pueblo, luego él propone una reparación (económica, moral, psicológica...) y, si nadie está contento, una comisión mixta entre Iglesia, Estado y víctimas decide. Si aún así no hay acuerdo, gana el Defensor. Y todo esto tendrá vigencia por un año, prorrogable a dos. Tiempo más que suficiente, dicen ellos... Esperemos que así sea, porque no queremos que esto se quede en la mitad del brete.
En fin, un paso más en un largo camino hacia la justicia y la transparencia. Pero todavía queda mucho por hacer, y no nos podemos dormir en los laureles. ¿Les parece que este acuerdo es una verdadera muestra de arrepentimiento por parte de la Iglesia, o simplemente una estrategia para evitar mayores problemas legales? Dejen sus opiniones en el foro, ¡queremos saber qué piensan ustedes!
