¡Aguántense! Esto del Banco Nacional sigue dando qué hablar. Resulta que la nueva directiva anda revisando viejas cuentas y se topó con un informe de unos buenos colones que pagaron los exdirectores, esos mismos que le dieron el visto bueno a Rosaysella Ulloa como gerente general. Ahora, la pregunta es: ¿tienen que volver a soltar la lana?
Todo empezó hace unos meses, cuando la junta anterior, esa que echó atrás la República, ordenó investigar cómo se hizo el nombramiento de Ulloa. Se contrató un bufete – BDS Asesores Jurídicos, pa’ que sepan – por veinte mil dólares para hacer el estudio. Dicen que ya existía un informe de la Sugef que decía que todo estaba bien, pero bueno, ellos querían asegurarse, ¿no?
Ahora, Marvin Arias, el presidente del BN, confirmó que le pidieron a la Dirección Jurídica que analice si realmente tienen derecho a pedirle a esos exdirectores que paguen por ese informe. A ver, muchachos, si ya la Sugef dijo que todo estaba padrón, ¿pa’ qué gastaron tanto dinero en otro estudio? ¡Esto huele a despiche!
Según el presidente Arias, la idea es ver si, considerando que la Sugef ya había dado su visto bueno, cobrarlos sería justo o no. Remarcó que el nombramiento de Ulloa se hizo cumpliendo con toda la ley, la Constitución, y hasta los estándares de la OCDE. ¡Una cosa está clara, esto se puso político rapidito!
Recordemos que esa junta directiva, la que contrató el estudio, fue destituida por la Presidencia y luego reinstalada por la Sala Cuarta. Entre tanto movimiento, el nombre de Ulloa, la gerenta general, quedó en medio del fuego cruzado. Un verdadero brete, vamos.
Y hablando de nombres, el informe del bufete BDS, que costó la friolera de veinte mil dólares, finalmente concluyó que no había ninguna falla grave en el proceso de selección de Ulloa. Digamos que el dinero se fue pa' basura, porque no encontraron nada raro. Qué carga, ¿verdad?
Este asunto viene a arrastrar consigo otras decisiones tomadas durante la gestión de la antigua directiva, muchas de ellas guardadas bajo siete llaves. La nueva junta está levantando la confidencialidad de varios acuerdos, buscando transparencia, aunque algunos sospechan que también buscan material pa' meterle presión a alguien. En fin, el juego político nunca termina, diay.
Con todo este panorama, me pregunto... ¿Es justo exigirle a los exdirectores que paguen por un informe que, al final, no encontró nada malo? ¿O deberían asumir la responsabilidad por haber solicitado el estudio en primer lugar, aun sabiendo que la Sugef ya había validado el nombramiento de Ulloa? Déjenme saber qué piensan en los comentarios; ¡quiero escuchar sus opiniones!
Todo empezó hace unos meses, cuando la junta anterior, esa que echó atrás la República, ordenó investigar cómo se hizo el nombramiento de Ulloa. Se contrató un bufete – BDS Asesores Jurídicos, pa’ que sepan – por veinte mil dólares para hacer el estudio. Dicen que ya existía un informe de la Sugef que decía que todo estaba bien, pero bueno, ellos querían asegurarse, ¿no?
Ahora, Marvin Arias, el presidente del BN, confirmó que le pidieron a la Dirección Jurídica que analice si realmente tienen derecho a pedirle a esos exdirectores que paguen por ese informe. A ver, muchachos, si ya la Sugef dijo que todo estaba padrón, ¿pa’ qué gastaron tanto dinero en otro estudio? ¡Esto huele a despiche!
Según el presidente Arias, la idea es ver si, considerando que la Sugef ya había dado su visto bueno, cobrarlos sería justo o no. Remarcó que el nombramiento de Ulloa se hizo cumpliendo con toda la ley, la Constitución, y hasta los estándares de la OCDE. ¡Una cosa está clara, esto se puso político rapidito!
Recordemos que esa junta directiva, la que contrató el estudio, fue destituida por la Presidencia y luego reinstalada por la Sala Cuarta. Entre tanto movimiento, el nombre de Ulloa, la gerenta general, quedó en medio del fuego cruzado. Un verdadero brete, vamos.
Y hablando de nombres, el informe del bufete BDS, que costó la friolera de veinte mil dólares, finalmente concluyó que no había ninguna falla grave en el proceso de selección de Ulloa. Digamos que el dinero se fue pa' basura, porque no encontraron nada raro. Qué carga, ¿verdad?
Este asunto viene a arrastrar consigo otras decisiones tomadas durante la gestión de la antigua directiva, muchas de ellas guardadas bajo siete llaves. La nueva junta está levantando la confidencialidad de varios acuerdos, buscando transparencia, aunque algunos sospechan que también buscan material pa' meterle presión a alguien. En fin, el juego político nunca termina, diay.
Con todo este panorama, me pregunto... ¿Es justo exigirle a los exdirectores que paguen por un informe que, al final, no encontró nada malo? ¿O deberían asumir la responsabilidad por haber solicitado el estudio en primer lugar, aun sabiendo que la Sugef ya había validado el nombramiento de Ulloa? Déjenme saber qué piensan en los comentarios; ¡quiero escuchar sus opiniones!
