¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con situaciones que te dejan boquiabierto. Un grupo de familias de privados de libertad en La Reforma salió ayer a las calles a protestar, levantando el polvo y gritando arenitas porque dicen que sus parientes están recibiendo un trato deplorable dentro de la cárcel. Y no me vengan con cuentos, que esto pinta feo.
La movilización comenzó temprano en el Parque Central, donde los manifestantes, muchos de ellos con carteles hechos a mano que decían cosas como 'Respeto a los Derechos', 'Privados de Libertad sin Dignidad' y 'Justicia Sí, Maltrato No', se reunieron para exigirle cuentas al gobierno y a la Dirección de Establecimientos Penales. Que si hay comida horrible, que si les niegan visitas, que si los tratan como animales... ¡Una torta!
Lo más triste de todo es que entre la multitud había niños y niñas que llevan meses sin ver a sus padres, algunos incluso desde Navidad pasada. Imagínate la cara de esos pequeños, esperando ansiosamente un abrazo que nunca llega. Me da unas ganas de agarrarme la cabeza…Eso sí duele, diay.
La marcha continuó hacia el Ministerio de Justicia y Paz, donde intentaron hablar con las autoridades, pero parece que nadie quería escucharles. Después, se dirigieron a la Asamblea Legislativa, buscando apoyo de los diputados para aprobar la tan esperada Ley de Ejecución de la Pena. Dicen que esta ley podría mejorar significativamente las condiciones de vida y rehabilitación de los internos, brindándoles oportunidades reales de volver a integrarse a la sociedad. ¡Qué carga esta situación!
Según explican los familiares, la situación en La Reforma ha empeorado considerablemente en los últimos meses, especialmente debido a la supuesta política de endurecimiento impuesta por las autoridades penitenciarias. Dicen que se han intensificado las medidas restrictivas, limitando aún más las visitas, restringiendo el acceso a servicios básicos e incluso aumentando los casos de abuso y maltrato por parte del personal de seguridad. ¡Qué sal!
Muchos analistas políticos señalan que esta protesta refleja una crisis profunda en el sistema penitenciario costarricense, marcado por la superpoblación, la falta de recursos y la corrupción endémica. Además, cuestionan la efectividad de las políticas punitivas actuales, argumentando que estas no contribuyen a la reinserción social de los condenados, sino que, por el contrario, perpetúan el ciclo de violencia y delincuencia. Un brete, vaya.
Desde la Dirección de Establecimientos Penales (DEP) se ha mantenido un silencio sepulcral ante las acusaciones de los familiares, aunque fuentes internas revelaron que existe una investigación interna para determinar la veracidad de las denuncias. Pero bueno, ya sabemos cómo van esas investigaciones... a veces tardan tanto que uno se cansa de esperar. Lo importante ahora es que estos temas salgan a la luz pública y se obligue a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
Esta situación nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad frente al tratamiento que damos a los privados de libertad. ¿Estamos realmente comprometidos con la construcción de un sistema penitenciario justo y rehabilitador, o simplemente preferimos encerrarlos y olvidarnos de ellos? ¿Consideran que las condiciones en las cárceles son dignas y respetuosas de los derechos humanos, o creen que es hora de implementar cambios profundos?
La movilización comenzó temprano en el Parque Central, donde los manifestantes, muchos de ellos con carteles hechos a mano que decían cosas como 'Respeto a los Derechos', 'Privados de Libertad sin Dignidad' y 'Justicia Sí, Maltrato No', se reunieron para exigirle cuentas al gobierno y a la Dirección de Establecimientos Penales. Que si hay comida horrible, que si les niegan visitas, que si los tratan como animales... ¡Una torta!
Lo más triste de todo es que entre la multitud había niños y niñas que llevan meses sin ver a sus padres, algunos incluso desde Navidad pasada. Imagínate la cara de esos pequeños, esperando ansiosamente un abrazo que nunca llega. Me da unas ganas de agarrarme la cabeza…Eso sí duele, diay.
La marcha continuó hacia el Ministerio de Justicia y Paz, donde intentaron hablar con las autoridades, pero parece que nadie quería escucharles. Después, se dirigieron a la Asamblea Legislativa, buscando apoyo de los diputados para aprobar la tan esperada Ley de Ejecución de la Pena. Dicen que esta ley podría mejorar significativamente las condiciones de vida y rehabilitación de los internos, brindándoles oportunidades reales de volver a integrarse a la sociedad. ¡Qué carga esta situación!
Según explican los familiares, la situación en La Reforma ha empeorado considerablemente en los últimos meses, especialmente debido a la supuesta política de endurecimiento impuesta por las autoridades penitenciarias. Dicen que se han intensificado las medidas restrictivas, limitando aún más las visitas, restringiendo el acceso a servicios básicos e incluso aumentando los casos de abuso y maltrato por parte del personal de seguridad. ¡Qué sal!
Muchos analistas políticos señalan que esta protesta refleja una crisis profunda en el sistema penitenciario costarricense, marcado por la superpoblación, la falta de recursos y la corrupción endémica. Además, cuestionan la efectividad de las políticas punitivas actuales, argumentando que estas no contribuyen a la reinserción social de los condenados, sino que, por el contrario, perpetúan el ciclo de violencia y delincuencia. Un brete, vaya.
Desde la Dirección de Establecimientos Penales (DEP) se ha mantenido un silencio sepulcral ante las acusaciones de los familiares, aunque fuentes internas revelaron que existe una investigación interna para determinar la veracidad de las denuncias. Pero bueno, ya sabemos cómo van esas investigaciones... a veces tardan tanto que uno se cansa de esperar. Lo importante ahora es que estos temas salgan a la luz pública y se obligue a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
Esta situación nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad frente al tratamiento que damos a los privados de libertad. ¿Estamos realmente comprometidos con la construcción de un sistema penitenciario justo y rehabilitador, o simplemente preferimos encerrarlos y olvidarnos de ellos? ¿Consideran que las condiciones en las cárceles son dignas y respetuosas de los derechos humanos, o creen que es hora de implementar cambios profundos?
