¡Ay, Dios mío! Se armó un chinchorro tremendo con este proyecto del Golfo de Papagayo. Resulta que la Procuraduría General le tiró la bomba a la reforma del reglamento, declarándola inconstitucional. Parece que el Gobierno de Chaves se quiso pasar de listos tratando de flexibilizar las reglas, pero ahora se les vino encima.
Todo empezó hace casi dos años, cuando el gobierno metió mano al reglamento original del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, buscando darle más libertad a los desarrolladores. La idea era supuestamente atraer inversión y dinamizar la economía de Guanacaste, pero la cosa se torció cuando la Sala Constitucional empezó a moverle los hilos. Desde entonces, el tema ha estado rodando como trompo en feria.
La Procuraduría, actuando como abogado del Estado, revisó a fondo la normativa y encontró varias cositas turbias. Según su informe, la reforma básicamente le quitó frenos a la protección ambiental, eliminando el control de densidad por lote individual. Imagínate, antes había unas reglas claras para evitar que construyeran edificios gigantescos en cualquier parte, ¡ahora eso ya no existe! Eso sí que es una vara dura, máes.
Y no es solo eso, también dicen que la reforma va en contra de nuestro deber de cuidar el medio ambiente, violando la Constitución Política. La Procuraduría no se anda con rodeos: aseguran que se aprobaron cambios sin siquiera hacer estudios de capacidad de carga ni evaluaciones de impacto ambiental. ¡Una irresponsabilidad total, diay!
Pero la cosa no termina ahí. Un particular presentó una acción de inconstitucionalidad argumentando que la reforma desvirtúa el espíritu original del proyecto, que siempre fue un desarrollo turístico ecológico y de bajo impacto. Él dice que ahora quieren convertirlo en un chinchorro de torres y concreto, amenazando la belleza natural del Golfo. Y parece que la sala cuarta está escuchando al compa, porque ya está analizando el tema a fondo.
Lo que más preocupa es la figura de “compensación de densidad”, que permite a los concesionarios construir donde quieran, incluso en terrenos que no son suyos. Como si estuvieran jugando a las casitas, moviendo bloques a su antojo. ¡Eso es meterle bala al ecoturismo! Podrían exceder el límite de 20 habitaciones por hectárea y causar un daño irreparable al paisaje y a la biodiversidad. Este brete, señores, nos afecta a todos.
La Procuraduría cita el caso de Manuel Antonio como ejemplo. Ahí la Sala Constitucional anuló un aumento de visitantes por falta de estudios técnicos. Así que, si exigimos rigor técnico para controlar cuánta gente puede entrar a un parque nacional, ¡con razón debemos hacerlo para permitir que se construyan edificios enormes que contaminarán nuestras aguas y destruirán nuestros bosques! Es cuestión de ponerle cabeza a las cosas, chunches.
Al final, Iván Vincenti Rojas, el procurador general, fue claro: la reforma es inconstitucional porque prioriza la construcción sobre la sostenibilidad. Parece que alguien se olvidó de que somos custodios del patrimonio natural de Costa Rica. Ahora, me pregunto... ¿Realmente estamos dispuestos a sacrificar nuestra riqueza natural por unos cuantos dólares extra, o necesitamos replantearnos el modelo de desarrollo turístico para proteger nuestro legado?
Todo empezó hace casi dos años, cuando el gobierno metió mano al reglamento original del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, buscando darle más libertad a los desarrolladores. La idea era supuestamente atraer inversión y dinamizar la economía de Guanacaste, pero la cosa se torció cuando la Sala Constitucional empezó a moverle los hilos. Desde entonces, el tema ha estado rodando como trompo en feria.
La Procuraduría, actuando como abogado del Estado, revisó a fondo la normativa y encontró varias cositas turbias. Según su informe, la reforma básicamente le quitó frenos a la protección ambiental, eliminando el control de densidad por lote individual. Imagínate, antes había unas reglas claras para evitar que construyeran edificios gigantescos en cualquier parte, ¡ahora eso ya no existe! Eso sí que es una vara dura, máes.
Y no es solo eso, también dicen que la reforma va en contra de nuestro deber de cuidar el medio ambiente, violando la Constitución Política. La Procuraduría no se anda con rodeos: aseguran que se aprobaron cambios sin siquiera hacer estudios de capacidad de carga ni evaluaciones de impacto ambiental. ¡Una irresponsabilidad total, diay!
Pero la cosa no termina ahí. Un particular presentó una acción de inconstitucionalidad argumentando que la reforma desvirtúa el espíritu original del proyecto, que siempre fue un desarrollo turístico ecológico y de bajo impacto. Él dice que ahora quieren convertirlo en un chinchorro de torres y concreto, amenazando la belleza natural del Golfo. Y parece que la sala cuarta está escuchando al compa, porque ya está analizando el tema a fondo.
Lo que más preocupa es la figura de “compensación de densidad”, que permite a los concesionarios construir donde quieran, incluso en terrenos que no son suyos. Como si estuvieran jugando a las casitas, moviendo bloques a su antojo. ¡Eso es meterle bala al ecoturismo! Podrían exceder el límite de 20 habitaciones por hectárea y causar un daño irreparable al paisaje y a la biodiversidad. Este brete, señores, nos afecta a todos.
La Procuraduría cita el caso de Manuel Antonio como ejemplo. Ahí la Sala Constitucional anuló un aumento de visitantes por falta de estudios técnicos. Así que, si exigimos rigor técnico para controlar cuánta gente puede entrar a un parque nacional, ¡con razón debemos hacerlo para permitir que se construyan edificios enormes que contaminarán nuestras aguas y destruirán nuestros bosques! Es cuestión de ponerle cabeza a las cosas, chunches.
Al final, Iván Vincenti Rojas, el procurador general, fue claro: la reforma es inconstitucional porque prioriza la construcción sobre la sostenibilidad. Parece que alguien se olvidó de que somos custodios del patrimonio natural de Costa Rica. Ahora, me pregunto... ¿Realmente estamos dispuestos a sacrificar nuestra riqueza natural por unos cuantos dólares extra, o necesitamos replantearnos el modelo de desarrollo turístico para proteger nuestro legado?
