¡Aguante! El Ministerio de Hacienda le dio una patada inicial al año fiscal con unos números que hacen ruido. Resulta que, entre enero y septiembre pasados, lograron recuperar más de ¢128 mil millones en impuestos que andaban regateándose ahí nomás, gracias al cobro administrativo y judicial. Una cifra considerable, sin duda, pero ¿será suficiente para cubrir todos los huecos que tenemos?
Según el reporte oficial, todavía hay unos ¢44 mil millones metidos en procesos judiciales, así que la lucha sigue. Y pa’ rematar, parece que la cosa se puso seria porque presentaron 24 denuncias penales por presuntos delitos fiscales, cosa que demuestra que Hacienda ya no anda jugando. Además, decomisaron una buena cantidad de mercancía –más de 31 millones de unidades– por presunto contrabando. ¡Imagínate la torta que debió ser!
Rudolf Lücke, nuestro ministro de Hacienda, salió a decir que estos resultados son “contundentes” y que si tuviéramos un marco legal más robusto, podríamos estar reduciendo aún más la defraudación y generar los recursos que Costa Rica tanto necesita. Claramente, él cree que todavía hay mucho por hacer, y vaya que tiene razón. Tenemos que seguirle apretando el acelerador a este brete fiscal.
Pero la cosa no termina ahí. Aduanas también hizo su parte, sacando ¢1.600 millones en cobros y sanciones. Parece que en Santamaría pillaron unas irregularidades gordas, suficientes para levantar 14 denuncias ante el Ministerio Público. Eso sí que da gusto ver, que no se quedan con los brazos cruzados viendo cómo la gente trata de evadir impuestos.
La Dirección General de Tributación tampoco se quedó atrás, recuperando casi ¢108 mil millones de contribuyentes que estaban muy relajados con sus obligaciones. Además, sacaron otros ¢13.455 millones por controlar shows públicos, esos bienes que están exonerados y, claro, la venta de cigarrillos. Mario Ramos, el jefe de Tributación, nos dice que han logrado disminuir en un 30% la cantidad de declarantes en cero dentro del grupo de los grandes contribuyentes. ¡Eso es qué nivel!
Y ni hablar de las empresas que andan usando comprobantes electrónicos falsos. Hasta ahora, han intervenido 72 empresas por esta treta, con determinaciones por más de ¢2.265 millones. Además, cerraron 75 comercios por andar incumpliendo con las declaraciones o por no dar comprobantes. Parece que algunos todavía no entendieron la importancia de cumplir con las reglas del juego.
Ahora, viene lo delicado: la Dirección General de Hacienda tuvo que revocar ¢519 millones en exoneraciones que se les estaba yendo de las manos. Juan Carlos Brenes nos explica que cuando confirman que alguien utilizó indebidamente una exoneración, le cobran los impuestos más una sanción. Si es dolo, y el monto es alto, ¡hasta lo denuncian ante el Ministerio Público! Lo bueno es que están poniendo lupa a esto, porque algunas personas se aprovechan del sistema para sacar raja.
Pero ojo, porque todavía hay 28 proyectos de nuevas exoneraciones rondando en la Asamblea Legislativa, que podrían significar una pérdida de más de ¢1 billón en recaudación. Esto plantea una gran interrogante: ¿Estamos caminando hacia otro problema fiscal? ¿Será que vamos a repetir los mismos errores del pasado, o finalmente aprenderemos a manejar nuestras finanzas públicas de manera responsable y sostenible? ¿Ustedes creen que el gobierno podrá frenar estas exoneraciones y realmente darle un giro a la economía nacional?
Según el reporte oficial, todavía hay unos ¢44 mil millones metidos en procesos judiciales, así que la lucha sigue. Y pa’ rematar, parece que la cosa se puso seria porque presentaron 24 denuncias penales por presuntos delitos fiscales, cosa que demuestra que Hacienda ya no anda jugando. Además, decomisaron una buena cantidad de mercancía –más de 31 millones de unidades– por presunto contrabando. ¡Imagínate la torta que debió ser!
Rudolf Lücke, nuestro ministro de Hacienda, salió a decir que estos resultados son “contundentes” y que si tuviéramos un marco legal más robusto, podríamos estar reduciendo aún más la defraudación y generar los recursos que Costa Rica tanto necesita. Claramente, él cree que todavía hay mucho por hacer, y vaya que tiene razón. Tenemos que seguirle apretando el acelerador a este brete fiscal.
Pero la cosa no termina ahí. Aduanas también hizo su parte, sacando ¢1.600 millones en cobros y sanciones. Parece que en Santamaría pillaron unas irregularidades gordas, suficientes para levantar 14 denuncias ante el Ministerio Público. Eso sí que da gusto ver, que no se quedan con los brazos cruzados viendo cómo la gente trata de evadir impuestos.
La Dirección General de Tributación tampoco se quedó atrás, recuperando casi ¢108 mil millones de contribuyentes que estaban muy relajados con sus obligaciones. Además, sacaron otros ¢13.455 millones por controlar shows públicos, esos bienes que están exonerados y, claro, la venta de cigarrillos. Mario Ramos, el jefe de Tributación, nos dice que han logrado disminuir en un 30% la cantidad de declarantes en cero dentro del grupo de los grandes contribuyentes. ¡Eso es qué nivel!
Y ni hablar de las empresas que andan usando comprobantes electrónicos falsos. Hasta ahora, han intervenido 72 empresas por esta treta, con determinaciones por más de ¢2.265 millones. Además, cerraron 75 comercios por andar incumpliendo con las declaraciones o por no dar comprobantes. Parece que algunos todavía no entendieron la importancia de cumplir con las reglas del juego.
Ahora, viene lo delicado: la Dirección General de Hacienda tuvo que revocar ¢519 millones en exoneraciones que se les estaba yendo de las manos. Juan Carlos Brenes nos explica que cuando confirman que alguien utilizó indebidamente una exoneración, le cobran los impuestos más una sanción. Si es dolo, y el monto es alto, ¡hasta lo denuncian ante el Ministerio Público! Lo bueno es que están poniendo lupa a esto, porque algunas personas se aprovechan del sistema para sacar raja.
Pero ojo, porque todavía hay 28 proyectos de nuevas exoneraciones rondando en la Asamblea Legislativa, que podrían significar una pérdida de más de ¢1 billón en recaudación. Esto plantea una gran interrogante: ¿Estamos caminando hacia otro problema fiscal? ¿Será que vamos a repetir los mismos errores del pasado, o finalmente aprenderemos a manejar nuestras finanzas públicas de manera responsable y sostenible? ¿Ustedes creen que el gobierno podrá frenar estas exoneraciones y realmente darle un giro a la economía nacional?
