¡Imagínate la bronca! El candidato del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, soltó la bomba: quiere legalizar el cannabis recreativo en Costa Rica. Sí, leíste bien, ¡legalizarlo! Y no es solamente para tener otra opción de relax, sino con un plan detrás que involucra fortalecer a nuestra policía.
Hidalgo, en una entrevista con El Observador, explicó que el consumo en sí mismo no es un delito, pero la producción y venta siguen siendo ilegales, creando una contradicción normativa que, según él, favorece al crimen organizado. Es como si estuviéramos jugando al gato y al ratón, y el gato siempre gana, diay.
Según sus cálculos, el mercado negro de marihuana mueve alrededor de ¢250 mil millones al año. Una suma considerable, mae, que podría estar financiando actividades mucho peores. Hidalgo plantea seguir el ejemplo de lugares como Uruguay, Canadá, Alemania e incluso algunos estados de EE.UU., donde la legalización está generando ingresos fiscales.
La idea es simple: establecer un marco regulatorio similar al que ya existe para el cannabis medicinal, expandirlo al mercado recreativo y aplicar un impuesto especial. Ese dinero, según el candidato, se destinaría a mejorar el equipamiento y la tecnología de nuestras fuerzas policiales, permitiéndoles enfocarse en combatir delitos de mayor impacto, como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. ¡Sería un cambio radical!
Durante una visita a Upala, la alcaldesa Yamileth López le comentó a Hidalgo sobre los constantes operativos policiales destinados a decomisar marihuana. Esto lo hizo reflexionar sobre la necesidad de optimizar el uso de los recursos policiales, que son limitados y muy valiosos. Seamos sinceros, ver a los polis persiguiendo marihuanas cuando tienen que lidiar con cosas más graves, a veces da qué pensar, ¿verdad?
Ahora, claro, esto no va a ser tan fácil como comprar una Coca-Cola en la esquina. Hidalgo sabe que necesita el aval de la Asamblea Legislativa, y eso implica tejer alianzas políticas. Menciona que podría haber apoyo del oficialismo y hasta del Frente Amplio, y no descarta formar una coalición legislativa para discutir este tema a fondo. ¡Parece que la política se pone interesante, chunches!
Uno de los obstáculos legales que enfrenta la propuesta es una resolución de la Sala Constitucional que argumentaba que Costa Rica, al pertenecer a varios tratados antinarcóticos, no podía legalizar el cannabis. Pero Hidalgo tiene una respuesta contundente: denunciar esos tratados. Dice que ya otros países lo han hecho, y que ante la grave situación de seguridad que enfrentamos, Costa Rica podría tomar esa medida diplomática para proceder con la legalización. ¡Un movimiento audaz, sin duda!
Finalmente, Hidalgo abordó la preocupación de que organizaciones criminales puedan intentar apoderarse del negocio legal. Su respuesta es clara: la regulación estatal y el pago de impuestos dificultarán que estas organizaciones operen de manera ilícita. Además, señala que ya existen inversionistas interesados en cultivar cannabis con fines medicinales, y que algunas plantaciones en Guanacaste y otras regiones están tramitando permisos ante el Ministerio de Salud. ¿Será que finalmente lograremos darle un golpe certero al crimen organizado, o estaremos abriendo una puerta a nuevos problemas? ¿Ustedes creen que legalizar el cannabis recreativo realmente ayudaría a fortalecer la seguridad nacional y redirigir los recursos policiales a delitos más graves, o simplemente crearía nuevas oportunidades para el crimen?
Hidalgo, en una entrevista con El Observador, explicó que el consumo en sí mismo no es un delito, pero la producción y venta siguen siendo ilegales, creando una contradicción normativa que, según él, favorece al crimen organizado. Es como si estuviéramos jugando al gato y al ratón, y el gato siempre gana, diay.
Según sus cálculos, el mercado negro de marihuana mueve alrededor de ¢250 mil millones al año. Una suma considerable, mae, que podría estar financiando actividades mucho peores. Hidalgo plantea seguir el ejemplo de lugares como Uruguay, Canadá, Alemania e incluso algunos estados de EE.UU., donde la legalización está generando ingresos fiscales.
La idea es simple: establecer un marco regulatorio similar al que ya existe para el cannabis medicinal, expandirlo al mercado recreativo y aplicar un impuesto especial. Ese dinero, según el candidato, se destinaría a mejorar el equipamiento y la tecnología de nuestras fuerzas policiales, permitiéndoles enfocarse en combatir delitos de mayor impacto, como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. ¡Sería un cambio radical!
Durante una visita a Upala, la alcaldesa Yamileth López le comentó a Hidalgo sobre los constantes operativos policiales destinados a decomisar marihuana. Esto lo hizo reflexionar sobre la necesidad de optimizar el uso de los recursos policiales, que son limitados y muy valiosos. Seamos sinceros, ver a los polis persiguiendo marihuanas cuando tienen que lidiar con cosas más graves, a veces da qué pensar, ¿verdad?
Ahora, claro, esto no va a ser tan fácil como comprar una Coca-Cola en la esquina. Hidalgo sabe que necesita el aval de la Asamblea Legislativa, y eso implica tejer alianzas políticas. Menciona que podría haber apoyo del oficialismo y hasta del Frente Amplio, y no descarta formar una coalición legislativa para discutir este tema a fondo. ¡Parece que la política se pone interesante, chunches!
Uno de los obstáculos legales que enfrenta la propuesta es una resolución de la Sala Constitucional que argumentaba que Costa Rica, al pertenecer a varios tratados antinarcóticos, no podía legalizar el cannabis. Pero Hidalgo tiene una respuesta contundente: denunciar esos tratados. Dice que ya otros países lo han hecho, y que ante la grave situación de seguridad que enfrentamos, Costa Rica podría tomar esa medida diplomática para proceder con la legalización. ¡Un movimiento audaz, sin duda!
Finalmente, Hidalgo abordó la preocupación de que organizaciones criminales puedan intentar apoderarse del negocio legal. Su respuesta es clara: la regulación estatal y el pago de impuestos dificultarán que estas organizaciones operen de manera ilícita. Además, señala que ya existen inversionistas interesados en cultivar cannabis con fines medicinales, y que algunas plantaciones en Guanacaste y otras regiones están tramitando permisos ante el Ministerio de Salud. ¿Será que finalmente lograremos darle un golpe certero al crimen organizado, o estaremos abriendo una puerta a nuevos problemas? ¿Ustedes creen que legalizar el cannabis recreativo realmente ayudaría a fortalecer la seguridad nacional y redirigir los recursos policiales a delitos más graves, o simplemente crearía nuevas oportunidades para el crimen?
