¡Ay, Dios mío! La cosa está que arde en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Parece que alguien se equivocó de carro y llevó un buen montón de problemas encima. Una denuncia disciplinaria, bien pesada, ha puesto al descubierto unas cositas turbias que hacen preguntarnos si realmente la justicia acá anda viendo bien lo que hace. Directamente a la Inspección Judicial llegaron los carteles, ¡qué bronca!
Todo empezó con un juicio por unos equilibrios financieros en un contrato administrativo, ¿cachai? Un caso que valdría unos cuantos millones de colones. Resulta que los jueces, esos mismos que deberían saber a ciencia cierta cómo leer un expediente, habrían metido la pata hasta el cuello. Dicen que rechazan pruebas clave, ¡imagínate!, porque supuestamente no existían, pese a que estaban ahí, tiradas, desde el 2019. ¡Qué barbaridad, hombre!
Y no es que fuera una simple confusión de términos, amigos. Al decir que estas pruebas eran inexistentes o “no probadas”, los magistrados aparentemente ignoraron papeles importantes de la Dirección Financiera del CONAVI. Estos papeles, ¡pá! Ahí estaban clarito, admitiendo que sí usaron métodos incorrectos para ajustar el valor del dinero. Básicamente, resolvieron el caso como si el expediente estuviera vacío, cuando las pruebas abundaban, ¡una verdadera torta!
Pero bueno, analicemos esto con calma, aunque me cuesta un quintal. Desde el punto de vista jurídico y periodístico, esto pinta feísimo. Es como si se hubieran confuso el reajuste de precios con la actualización monetaria, dos cosas totalmente diferentes que la Sala Constitucional ya dejó claritas hace rato. Esto demuestra una erosión muy seria en la idea de encontrar la “verdad real” dentro de un proceso judicial. Porque cuando un juez ignora pruebas que están justo frente a él, pues se va al garete el derecho al debido proceso, ¡diay!
Lo más preocupante de todo, y eso que da escalofríos, es que incluso la instancia de Casación, que debería ser la última defensa, no detectó este error. Dejaron caer la resolución tal cual, construida sobre una base hecha de arena movediza. ¡Qué desastre! Me imagino la cara del afectado, sintiéndose impotente y pensando que la justicia le dio calabazo.
Ahora, pensemos en las consecuencias reales. Más allá del dinero que está en juego, esto pone en tela de juicio la seguridad jurídica del país. ¿Cómo vamos a esperar que un inversionista o cualquier ciudadano confíe en nuestros tribunales si los jueces pueden simplemente perderse pruebas esenciales? El sistema, mi pana, se tambalea. Y cuando hablamos de independencia judicial, claro, hay que recordar que significa tener libertad para interpretar la ley, ¡pero jamás autoridad para inventarse los hechos!
Así que, ¿qué viene ahora? La Inspección Judicial tendrá que meterle lupa al asunto y ver si hubo alguna inobservancia de deberes o si realmente fue un error judicial manifiesto. Si se comprueba que los jueces fueron descuidados al no revisar las pruebas desde el principio, la sanción podría sentar un precedente histórico. Uno que nos recuerde a todos cuáles son los límites de la independencia judicial – que, créeme, no incluyen inventarse la realidad.
En fin, este caso nos deja pensando... ¿Estamos hablando de jueces que cometieron un despiste honesto o de algo mucho más grave que compromete la credibilidad del Poder Judicial? Dime tú, ¿crees que este escándalo sacudirá al Tribunal Contencioso Administrativo hasta sus cimientos o será solo una tormenta pasajera?
Todo empezó con un juicio por unos equilibrios financieros en un contrato administrativo, ¿cachai? Un caso que valdría unos cuantos millones de colones. Resulta que los jueces, esos mismos que deberían saber a ciencia cierta cómo leer un expediente, habrían metido la pata hasta el cuello. Dicen que rechazan pruebas clave, ¡imagínate!, porque supuestamente no existían, pese a que estaban ahí, tiradas, desde el 2019. ¡Qué barbaridad, hombre!
Y no es que fuera una simple confusión de términos, amigos. Al decir que estas pruebas eran inexistentes o “no probadas”, los magistrados aparentemente ignoraron papeles importantes de la Dirección Financiera del CONAVI. Estos papeles, ¡pá! Ahí estaban clarito, admitiendo que sí usaron métodos incorrectos para ajustar el valor del dinero. Básicamente, resolvieron el caso como si el expediente estuviera vacío, cuando las pruebas abundaban, ¡una verdadera torta!
Pero bueno, analicemos esto con calma, aunque me cuesta un quintal. Desde el punto de vista jurídico y periodístico, esto pinta feísimo. Es como si se hubieran confuso el reajuste de precios con la actualización monetaria, dos cosas totalmente diferentes que la Sala Constitucional ya dejó claritas hace rato. Esto demuestra una erosión muy seria en la idea de encontrar la “verdad real” dentro de un proceso judicial. Porque cuando un juez ignora pruebas que están justo frente a él, pues se va al garete el derecho al debido proceso, ¡diay!
Lo más preocupante de todo, y eso que da escalofríos, es que incluso la instancia de Casación, que debería ser la última defensa, no detectó este error. Dejaron caer la resolución tal cual, construida sobre una base hecha de arena movediza. ¡Qué desastre! Me imagino la cara del afectado, sintiéndose impotente y pensando que la justicia le dio calabazo.
Ahora, pensemos en las consecuencias reales. Más allá del dinero que está en juego, esto pone en tela de juicio la seguridad jurídica del país. ¿Cómo vamos a esperar que un inversionista o cualquier ciudadano confíe en nuestros tribunales si los jueces pueden simplemente perderse pruebas esenciales? El sistema, mi pana, se tambalea. Y cuando hablamos de independencia judicial, claro, hay que recordar que significa tener libertad para interpretar la ley, ¡pero jamás autoridad para inventarse los hechos!
Así que, ¿qué viene ahora? La Inspección Judicial tendrá que meterle lupa al asunto y ver si hubo alguna inobservancia de deberes o si realmente fue un error judicial manifiesto. Si se comprueba que los jueces fueron descuidados al no revisar las pruebas desde el principio, la sanción podría sentar un precedente histórico. Uno que nos recuerde a todos cuáles son los límites de la independencia judicial – que, créeme, no incluyen inventarse la realidad.
En fin, este caso nos deja pensando... ¿Estamos hablando de jueces que cometieron un despiste honesto o de algo mucho más grave que compromete la credibilidad del Poder Judicial? Dime tú, ¿crees que este escándalo sacudirá al Tribunal Contencioso Administrativo hasta sus cimientos o será solo una tormenta pasajera?
