Ay, mae, este año empezó con un zarpazo al bolsillo de muchos. La discusión sobre la sostenibilidad fiscal ha vuelto a encenderse, y no precisamente porque nos demos un lujo, sino porque la planilla está más apretada que un chorreado en diciembre. Varios analistas ya le están dando vueltas a la idea de que estamos frente a la “cuesta del año”, una combinación de factores económicos externos e internos que nos obligarán a tomar decisiones difíciles, y rápido.
Recordemos que la pandemia dejó cicatrices profundas en la economía nacional, con un aumento significativo del endeudamiento público. Ahora, con la inflación global todavía acechando y las tasas de interés en alza – ¡qué sal!, vamos a tener que ajustar el cinturón aún más. El Gobierno ha presentado propuestas de recortes presupuestales, buscando frenar el gasto público y asegurar el cumplimiento de los compromisos fiscales. Pero, diay, el tema es que esos recortes siempre terminan afectando a sectores sensibles como educación y salud.
Las últimas cifras revelan que la deuda pública supera el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), un número preocupante que limita la capacidad del país para enfrentar futuras crisis. Además, la recaudación tributaria no ha cumplido con las expectativas, debido principalmente a la desaceleración económica internacional. Esto significa que el Tesoro Nacional tiene menos recursos disponibles para financiar los programas sociales y las inversiones necesarias para impulsar el crecimiento económico. Qué brete nos hemos metido, verdad?
Uno de los temas centrales del debate actual es la necesidad de reformar el sistema tributario. Hay voces que claman por aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta, gravando más a los contribuyentes de mayores ingresos. Otros proponen ampliar la base imponible, incorporando nuevos sectores o productos sujetos a impuestos. La discusión, como siempre, está cargada de intereses contrapuestos y promesas incumplidas. Unos quieren más impuestos, otros prefieren bajar la planilla y apostarle a la inversión privada para sacar adelante el país. Cada quien con su rollo.
Sin embargo, la solución no pasa únicamente por recaudar más dinero. También es fundamental mejorar la eficiencia del gasto público, eliminando duplicidades, combatiendo la corrupción y priorizando las inversiones estratégicas. Ahí es donde la cosa se pone más complicada, porque implica cuestionar viejos privilegios y romper inercias burocráticas. Y eso, mi pana, no es tarea fácil en Costa Rica, donde mantener el status quo parece ser la norma.
Muchos economistas advierten que si no se toman medidas urgentes, el país podría caer en una espiral de deuda insostenible, lo que limitaría severamente las oportunidades de desarrollo futuro. Imaginemos qué carga sería tener que vivir con restricciones financieras permanentes, incapaces de invertir en infraestructura, educación o innovación. No pinta bien, ¿verdad?
Y hablando de futuro, es importante considerar el impacto de estos ajustes fiscales en los hogares más vulnerables. Las políticas de austeridad pueden afectar negativamente a quienes menos tienen, aumentando la desigualdad social y generando tensiones sociales. Por ello, cualquier medida que se tome debe estar acompañada de mecanismos de protección social efectivos, que permitan mitigar los efectos negativos en los sectores más afectados. Vamos a ver cómo le hacen para equilibrar la balanza entre responsabilidad fiscal y justicia social. Esa es la vara más difícil, chunche.
En fin, la “cuesta del año” es un desafío complejo que requiere de un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores involucrados. Necesitamos soluciones creativas e innovadoras, basadas en evidencia empírica y en el interés general del país. ¿Ustedes creen que el gobierno está tomando las medidas correctas para salir de esta situación? ¿Cuáles serían sus propuestas para afrontar esta crisis fiscal y asegurar un futuro próspero para Costa Rica?
Recordemos que la pandemia dejó cicatrices profundas en la economía nacional, con un aumento significativo del endeudamiento público. Ahora, con la inflación global todavía acechando y las tasas de interés en alza – ¡qué sal!, vamos a tener que ajustar el cinturón aún más. El Gobierno ha presentado propuestas de recortes presupuestales, buscando frenar el gasto público y asegurar el cumplimiento de los compromisos fiscales. Pero, diay, el tema es que esos recortes siempre terminan afectando a sectores sensibles como educación y salud.
Las últimas cifras revelan que la deuda pública supera el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), un número preocupante que limita la capacidad del país para enfrentar futuras crisis. Además, la recaudación tributaria no ha cumplido con las expectativas, debido principalmente a la desaceleración económica internacional. Esto significa que el Tesoro Nacional tiene menos recursos disponibles para financiar los programas sociales y las inversiones necesarias para impulsar el crecimiento económico. Qué brete nos hemos metido, verdad?
Uno de los temas centrales del debate actual es la necesidad de reformar el sistema tributario. Hay voces que claman por aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta, gravando más a los contribuyentes de mayores ingresos. Otros proponen ampliar la base imponible, incorporando nuevos sectores o productos sujetos a impuestos. La discusión, como siempre, está cargada de intereses contrapuestos y promesas incumplidas. Unos quieren más impuestos, otros prefieren bajar la planilla y apostarle a la inversión privada para sacar adelante el país. Cada quien con su rollo.
Sin embargo, la solución no pasa únicamente por recaudar más dinero. También es fundamental mejorar la eficiencia del gasto público, eliminando duplicidades, combatiendo la corrupción y priorizando las inversiones estratégicas. Ahí es donde la cosa se pone más complicada, porque implica cuestionar viejos privilegios y romper inercias burocráticas. Y eso, mi pana, no es tarea fácil en Costa Rica, donde mantener el status quo parece ser la norma.
Muchos economistas advierten que si no se toman medidas urgentes, el país podría caer en una espiral de deuda insostenible, lo que limitaría severamente las oportunidades de desarrollo futuro. Imaginemos qué carga sería tener que vivir con restricciones financieras permanentes, incapaces de invertir en infraestructura, educación o innovación. No pinta bien, ¿verdad?
Y hablando de futuro, es importante considerar el impacto de estos ajustes fiscales en los hogares más vulnerables. Las políticas de austeridad pueden afectar negativamente a quienes menos tienen, aumentando la desigualdad social y generando tensiones sociales. Por ello, cualquier medida que se tome debe estar acompañada de mecanismos de protección social efectivos, que permitan mitigar los efectos negativos en los sectores más afectados. Vamos a ver cómo le hacen para equilibrar la balanza entre responsabilidad fiscal y justicia social. Esa es la vara más difícil, chunche.
En fin, la “cuesta del año” es un desafío complejo que requiere de un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores involucrados. Necesitamos soluciones creativas e innovadoras, basadas en evidencia empírica y en el interés general del país. ¿Ustedes creen que el gobierno está tomando las medidas correctas para salir de esta situación? ¿Cuáles serían sus propuestas para afrontar esta crisis fiscal y asegurar un futuro próspero para Costa Rica?
