¡Ay, Dios mío, qué vaina! Aquí seguimos con casos que te dejan pensando si estamos en carne viva o en alguna telenovela rara. Resulta que la señora Ruiz Berrocal, la que andaba metida en el ojo negro por presuntamente involucrarse en un préstamo gota a gota con su propia hija como ‘garantía’, ya salió de la cárcel. El Juzgado Penal de Cartago le soltó la mano, aunque no precisamente sin ponerle unas cuantas ataduras, díganle a ella.
Para refrescarles la memoria, hace unos días el OIJ hizo un operativo sorpresa y capturó a esta dama junto con otros tres personajes turbios: Hernández Chaves, que parece ser el cabecilla de la banda; Gómez Obando y Hernández Montero. Todos acusados de formar parte de una red de préstamos informales que explotan a familias vulnerables, cobrando intereses altísimos y, en este caso particular, utilizando a una menor de edad como prenda. ¿Se imaginan el sufrimiento de la muchacha?
La Fiscalía, buscando meterlos todos a la picota, pidió que se les declarara la prisión preventiva, alegando que eran un peligro para la sociedad y que podían interferir con la investigación. Pero el juzgado, pa’ su suerte o desventaja, dijo que no. Así es esto, ¿verdad, compañeros? Entre abogados y tecnicismos, a veces el que tiene razón termina pagando la factura.
Ante este revés, el Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados. Lanzaron un recurso de apelación, esperando que el Tribunal Penal cambie de parecer y ordene que estos señores regresen tras las rejas. Ahora toca esperar a que programen la audiencia, donde la Fiscalía volverá a insistir en su petición. Que no se les oculte, el brete está echado.
Pero eso no es todo, porque aunque la señora Ruiz Berrocal esté caminando libre, ni regalitos le dieron. Se le impuso una prohibición de pisar Cartago o acercarse a menos de cinco kilómetros de donde viven las víctimas. Imagínate el rollo, ni siquiera puede ir a comprar pan tranquilamente. Además, tiene que firmar periódicamente y le vetaron salir del país. ¡Un encierro disfrazado de libertad!
Este caso ha levantado polvareda en todo el país, y con justa razón. No es posible que sigamos permitiendo que gente sin escrúpulos se aproveche de la desesperación ajena para lucrar. Estos prestamistas informales son pura lacra, una plaga que va consumiendo a las familias más necesitadas. Vienen socavando los cimientos de nuestra sociedad, y hay que detenerlos antes de que sea demasiado tarde.
Las autoridades han recordado a la población que existen opciones legales para obtener créditos, como los programas estatales y las cooperativas financieras. Además, instan a denunciar cualquier caso de usura o extorsión a través del número de emergencia 911. ¡No se dejen amedrentar, mángolos! Denuncien y hagan valer sus derechos. Porque el silencio solo beneficia a los delincuentes.
Ahora dime, mi querido lector, ¿cree usted que estas medidas son suficientes para garantizar la seguridad de la víctima y prevenir futuros delitos de esta índole? ¿Deberían endurecerse las penas para quienes se dedican a la usura y utilizan a menores de edad como garantía? ¡Déjeme saber su opinión en los comentarios!
Para refrescarles la memoria, hace unos días el OIJ hizo un operativo sorpresa y capturó a esta dama junto con otros tres personajes turbios: Hernández Chaves, que parece ser el cabecilla de la banda; Gómez Obando y Hernández Montero. Todos acusados de formar parte de una red de préstamos informales que explotan a familias vulnerables, cobrando intereses altísimos y, en este caso particular, utilizando a una menor de edad como prenda. ¿Se imaginan el sufrimiento de la muchacha?
La Fiscalía, buscando meterlos todos a la picota, pidió que se les declarara la prisión preventiva, alegando que eran un peligro para la sociedad y que podían interferir con la investigación. Pero el juzgado, pa’ su suerte o desventaja, dijo que no. Así es esto, ¿verdad, compañeros? Entre abogados y tecnicismos, a veces el que tiene razón termina pagando la factura.
Ante este revés, el Ministerio Público no se quedó de brazos cruzados. Lanzaron un recurso de apelación, esperando que el Tribunal Penal cambie de parecer y ordene que estos señores regresen tras las rejas. Ahora toca esperar a que programen la audiencia, donde la Fiscalía volverá a insistir en su petición. Que no se les oculte, el brete está echado.
Pero eso no es todo, porque aunque la señora Ruiz Berrocal esté caminando libre, ni regalitos le dieron. Se le impuso una prohibición de pisar Cartago o acercarse a menos de cinco kilómetros de donde viven las víctimas. Imagínate el rollo, ni siquiera puede ir a comprar pan tranquilamente. Además, tiene que firmar periódicamente y le vetaron salir del país. ¡Un encierro disfrazado de libertad!
Este caso ha levantado polvareda en todo el país, y con justa razón. No es posible que sigamos permitiendo que gente sin escrúpulos se aproveche de la desesperación ajena para lucrar. Estos prestamistas informales son pura lacra, una plaga que va consumiendo a las familias más necesitadas. Vienen socavando los cimientos de nuestra sociedad, y hay que detenerlos antes de que sea demasiado tarde.
Las autoridades han recordado a la población que existen opciones legales para obtener créditos, como los programas estatales y las cooperativas financieras. Además, instan a denunciar cualquier caso de usura o extorsión a través del número de emergencia 911. ¡No se dejen amedrentar, mángolos! Denuncien y hagan valer sus derechos. Porque el silencio solo beneficia a los delincuentes.
Ahora dime, mi querido lector, ¿cree usted que estas medidas son suficientes para garantizar la seguridad de la víctima y prevenir futuros delitos de esta índole? ¿Deberían endurecerse las penas para quienes se dedican a la usura y utilizan a menores de edad como garantía? ¡Déjeme saber su opinión en los comentarios!
