Ay, Dios mío, parece que la historia se repite, ¿eh? Otro intento por ponerle candado al tema del lobby en Costa Rica se fue al traste, esta vez gracias a la Corte Suprema de Justicia. Ya van como nueve intentos en los últimos años, y uno piensa, ¿cuándo carajos vamos a tener claridad en esto?
La idea, impulsada por el Frente Amplio con el Proyecto 25.170, buscaba darle un empujón a la regulación de quién influye en quién y cómo. Se hablaba de declarar actividades, restricciones a las llamadas “puertas giratorias” (cuando alguien sale del gobierno y va a trabajar para una empresa que antes regulaba), y hasta obligar a todos los funcionarios públicos a llevar un registro público de sus reuniones. Todo bien en teoría, pero…
Pues ahí entraron los magistrados de la Sala Cuarta, hartos de tanto lío y con unas observaciones que vale la pena escuchar. No es que estén totalmente en contra del tema, explican, sino que la forma en que se planteaba era un verdadero despiche. Su preocupación principal, y creo que muchos de nosotros la compartimos, es la vaguedad del concepto de “lobby”. ¿Quién es lobbysta? ¿Todo el que toma un café con un diputado?
Además, se preguntan qué pasa con los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, toda esa comunicación informal que hoy en día mueve el mundo. ¿También entran en la regulación? Imaginen el papelón. Y ni hablar de la posibilidad de que el simple hecho de dialogar con gente de otros poderes del Estado se convierta en un problema, en un sospecha constante. Eso sí que estaría feo, chavales.
Pero la verdadera alarma, la que realmente puso a temblar a los magistrados, es el papel que se le quería dar a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP). La idea era que la PEP actuara como una especie de juez supremo, pudiendo incluso ordenar a un magistrado que se inhiba de un caso, o que simplemente no lo conozca. ¡Qué carga! Un órgano adscrito a la Presidencia de la República decidiendo qué pueden y qué no pueden hacer los jueces... eso suena peligroso, ¿verdad?
Como bien explicó el magistrado Jorge Leiva, encargado del dictamen principal, imagínense que un órgano del Poder Ejecutivo puede determinar cuándo los magistrados podemos conocer un asunto o no. A ver, déjenme pensar, eso suena bastante a abuso de poder, ¿no creen? Varios magistrados expresaron su preocupación por la posible afectación a la libertad de expresión, dando a entender que las restricciones podrían ir aún más allá de lo contemplado inicialmente en el proyecto.
Y ojo, que la cosa se complica aún más porque, como ya saben, la PEP está ligada directamente al Poder Ejecutivo. Esto genera una suspicacia enorme, porque rompe con la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. ¿Cómo esperamos que haya confianza en el sistema judicial si el brazo ejecutor puede influir en las decisiones de los jueces?
Así que, por ahora, el proyecto se quedó congelado. Pero la discusión sigue abierta. ¿Será posible encontrar un punto medio que regule el lobby sin caer en excesos ni afectar la independencia del Poder Judicial? Realmente, me pregunto: ¿cree usted que es posible regular el lobbying en Costa Rica sin comprometer la libre expresión y el debido proceso, o estamos condenados a vivir en un limbo legislativo eterno?
La idea, impulsada por el Frente Amplio con el Proyecto 25.170, buscaba darle un empujón a la regulación de quién influye en quién y cómo. Se hablaba de declarar actividades, restricciones a las llamadas “puertas giratorias” (cuando alguien sale del gobierno y va a trabajar para una empresa que antes regulaba), y hasta obligar a todos los funcionarios públicos a llevar un registro público de sus reuniones. Todo bien en teoría, pero…
Pues ahí entraron los magistrados de la Sala Cuarta, hartos de tanto lío y con unas observaciones que vale la pena escuchar. No es que estén totalmente en contra del tema, explican, sino que la forma en que se planteaba era un verdadero despiche. Su preocupación principal, y creo que muchos de nosotros la compartimos, es la vaguedad del concepto de “lobby”. ¿Quién es lobbysta? ¿Todo el que toma un café con un diputado?
Además, se preguntan qué pasa con los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, toda esa comunicación informal que hoy en día mueve el mundo. ¿También entran en la regulación? Imaginen el papelón. Y ni hablar de la posibilidad de que el simple hecho de dialogar con gente de otros poderes del Estado se convierta en un problema, en un sospecha constante. Eso sí que estaría feo, chavales.
Pero la verdadera alarma, la que realmente puso a temblar a los magistrados, es el papel que se le quería dar a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP). La idea era que la PEP actuara como una especie de juez supremo, pudiendo incluso ordenar a un magistrado que se inhiba de un caso, o que simplemente no lo conozca. ¡Qué carga! Un órgano adscrito a la Presidencia de la República decidiendo qué pueden y qué no pueden hacer los jueces... eso suena peligroso, ¿verdad?
Como bien explicó el magistrado Jorge Leiva, encargado del dictamen principal, imagínense que un órgano del Poder Ejecutivo puede determinar cuándo los magistrados podemos conocer un asunto o no. A ver, déjenme pensar, eso suena bastante a abuso de poder, ¿no creen? Varios magistrados expresaron su preocupación por la posible afectación a la libertad de expresión, dando a entender que las restricciones podrían ir aún más allá de lo contemplado inicialmente en el proyecto.
Y ojo, que la cosa se complica aún más porque, como ya saben, la PEP está ligada directamente al Poder Ejecutivo. Esto genera una suspicacia enorme, porque rompe con la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. ¿Cómo esperamos que haya confianza en el sistema judicial si el brazo ejecutor puede influir en las decisiones de los jueces?
Así que, por ahora, el proyecto se quedó congelado. Pero la discusión sigue abierta. ¿Será posible encontrar un punto medio que regule el lobby sin caer en excesos ni afectar la independencia del Poder Judicial? Realmente, me pregunto: ¿cree usted que es posible regular el lobbying en Costa Rica sin comprometer la libre expresión y el debido proceso, o estamos condenados a vivir en un limbo legislativo eterno?
