Los cuidados con Petrocaribe
Deben analizarse con seriedad sus implicaciones políticas y económicas
El apego al realismo, el pragmatismo y los principios resulta fundamental
La posibilidad de que Costa Rica ingrese a Petrocaribe, el acuerdo de cooperación energética y financiamiento petrolero que tutela el Gobierno de Venezuela, debe verse como una oportunidad para abordar con cuidado, no como una salvación para celebrar sin límite. Porque de por medio existen factores políticos y económicos dignos de consideración, que deben estar plenamente aclarados antes de que se den los pasos finales del proceso exploratorio que ya ha emprendido nuestro Gobierno. Sobre ambos aspectos han manifestados sus opiniones diferentes sectores nacionales, y la discusión final se dará en la Asamblea Legislativa, donde, eventualmente, deberá ser ratificado el eventual ingreso.
Desde nuestro punto de vista, el tema debe analizarse con realismo y pragmatismo, pero también con apego a importantes principios. Esto último es particularmente importante respecto a las implicaciones políticas de nuestra pertenencia al grupo de Estados que componen la organización, todos ellos situados en la cuenca del Caribe y Centroamérica.
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Resulta obvio que esa asociación, creada en el 2005, no responde a un impulso altruista desinteresado de parte del Gobierno populista y autoritario de Hugo Chávez, sino a un deseo de utilizar la enorme riqueza petrolera de Venezuela como instrumento de influencia política. Por ejemplo, cuando, en agosto del pasado año, se celebró en Caracas la tercera “cumbre” de los 16 mandatarios que entonces formaban parte de Petrocaribe, uno de los componentes de su declaración final fue “resaltar” a la llamada Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), brazo político-ideológico hemisférico de Chávez, para alcanzar la “unión regional”. Además, el Presidente venezolano ha utilizado reiteradamente el foro para pregonar su impresentable e indefinido “socialismo del siglo XXI”.
En abstracto, nada de lo anterior implica que, si Costa Rica se suma al grupo, deberá seguir tales líneas; además, el Gobierno ha reiterado que para nada se comprometerán los principios esenciales de nuestra política exterior, que son el impulso a los derechos humanos, la paz y la democracia, en todo lo cual el actual desempeño venezolano es, por decir lo menos, muy pobre. Sin embargo, como una cosa son los compromisos manifiestos y otras las presiones políticas reales que se puedan recibir en su seno, es imperativo ser especialmente cuidadosos en lo político.
En la dimensión económica, los cuidados van en otro sentido, como manifestaron algunos especialistas en una información que publicamos el pasado lunes. Las condiciones blandas para una parte de nuestra factura petrolera con Venezuela implicarán ni más ni menos que endeudamiento. Incurrir en él no es, en sí mismo, malo. La clave es cuál uso se le dará. Porque flaco favor le haríamos al país y, sobre todo, a nuestras generaciones futuras (que deberán pagar la cuenta) si ese ingreso se dedicara a propósitos que no incidan de forma probada en alguno de estos objetivos: disminuir nuestra dependencia energética de los hidrocarburos, pagar deuda obtenida en términos más caros, o mejorar las condiciones para ser más competitivos y aumentar nuestra productividad.
Por esto, consideramos importante que, como parte de los requisitos para la ratificación del posible acuerdo en la Asamblea Legislativa, se establezcan objetivos muy precisos para el uso del nuevo endeudamiento. También nos parece digna de consideración la idea planteada por el diputado Francisco Molina, jefe de fracción del partido Acción Ciudadana (PAC), para establecer un fideicomiso al que vayan a parar los recursos y desde el que se canalicen para los objetivos definidos.
Estamos, sin duda, ante una oportunidad potencialmente beneficiosa. Lo que corresponde es someterla a todo el rigor analítico y la seriedad política que corresponde a un tema de su envergadura, para garantizarnos que, efectivamente, contribuya a nuestro desarrollo sin afectar nuestra soberanía.
Petrocaribe propone una escala de financiamiento entre un 5% y un 50% de la factura petrolera, tomando como referencia el precio de los hidrocarburos. Igualmente extiende el período de gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés al 1% si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril. El pago a corto plazo del 60% de la factura se extiende de 30 a 90 días.
Totalmente de acuerdo
Deben analizarse con seriedad sus implicaciones políticas y económicas
El apego al realismo, el pragmatismo y los principios resulta fundamental
La posibilidad de que Costa Rica ingrese a Petrocaribe, el acuerdo de cooperación energética y financiamiento petrolero que tutela el Gobierno de Venezuela, debe verse como una oportunidad para abordar con cuidado, no como una salvación para celebrar sin límite. Porque de por medio existen factores políticos y económicos dignos de consideración, que deben estar plenamente aclarados antes de que se den los pasos finales del proceso exploratorio que ya ha emprendido nuestro Gobierno. Sobre ambos aspectos han manifestados sus opiniones diferentes sectores nacionales, y la discusión final se dará en la Asamblea Legislativa, donde, eventualmente, deberá ser ratificado el eventual ingreso.
Desde nuestro punto de vista, el tema debe analizarse con realismo y pragmatismo, pero también con apego a importantes principios. Esto último es particularmente importante respecto a las implicaciones políticas de nuestra pertenencia al grupo de Estados que componen la organización, todos ellos situados en la cuenca del Caribe y Centroamérica.
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Resulta obvio que esa asociación, creada en el 2005, no responde a un impulso altruista desinteresado de parte del Gobierno populista y autoritario de Hugo Chávez, sino a un deseo de utilizar la enorme riqueza petrolera de Venezuela como instrumento de influencia política. Por ejemplo, cuando, en agosto del pasado año, se celebró en Caracas la tercera “cumbre” de los 16 mandatarios que entonces formaban parte de Petrocaribe, uno de los componentes de su declaración final fue “resaltar” a la llamada Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), brazo político-ideológico hemisférico de Chávez, para alcanzar la “unión regional”. Además, el Presidente venezolano ha utilizado reiteradamente el foro para pregonar su impresentable e indefinido “socialismo del siglo XXI”.
En abstracto, nada de lo anterior implica que, si Costa Rica se suma al grupo, deberá seguir tales líneas; además, el Gobierno ha reiterado que para nada se comprometerán los principios esenciales de nuestra política exterior, que son el impulso a los derechos humanos, la paz y la democracia, en todo lo cual el actual desempeño venezolano es, por decir lo menos, muy pobre. Sin embargo, como una cosa son los compromisos manifiestos y otras las presiones políticas reales que se puedan recibir en su seno, es imperativo ser especialmente cuidadosos en lo político.
En la dimensión económica, los cuidados van en otro sentido, como manifestaron algunos especialistas en una información que publicamos el pasado lunes. Las condiciones blandas para una parte de nuestra factura petrolera con Venezuela implicarán ni más ni menos que endeudamiento. Incurrir en él no es, en sí mismo, malo. La clave es cuál uso se le dará. Porque flaco favor le haríamos al país y, sobre todo, a nuestras generaciones futuras (que deberán pagar la cuenta) si ese ingreso se dedicara a propósitos que no incidan de forma probada en alguno de estos objetivos: disminuir nuestra dependencia energética de los hidrocarburos, pagar deuda obtenida en términos más caros, o mejorar las condiciones para ser más competitivos y aumentar nuestra productividad.
Por esto, consideramos importante que, como parte de los requisitos para la ratificación del posible acuerdo en la Asamblea Legislativa, se establezcan objetivos muy precisos para el uso del nuevo endeudamiento. También nos parece digna de consideración la idea planteada por el diputado Francisco Molina, jefe de fracción del partido Acción Ciudadana (PAC), para establecer un fideicomiso al que vayan a parar los recursos y desde el que se canalicen para los objetivos definidos.
Estamos, sin duda, ante una oportunidad potencialmente beneficiosa. Lo que corresponde es someterla a todo el rigor analítico y la seriedad política que corresponde a un tema de su envergadura, para garantizarnos que, efectivamente, contribuya a nuestro desarrollo sin afectar nuestra soberanía.
Petrocaribe propone una escala de financiamiento entre un 5% y un 50% de la factura petrolera, tomando como referencia el precio de los hidrocarburos. Igualmente extiende el período de gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés al 1% si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril. El pago a corto plazo del 60% de la factura se extiende de 30 a 90 días.
Totalmente de acuerdo
