¡Ay, Dios mío! La micro movilidad llegó para quedarse, eso sí, causando más que un par de dolores de cabeza. Scooters eléctricos, bicicletas compartidas, patinetas... pareciera que todos decidieron salir a pasear por nuestras calles al mismo tiempo. Lo que prometía ser una solución práctica y ecológica al problema del tráfico en San José, se ha convertido en un brete para peatones, conductores y autoridades.
Según datos recientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el número de vehículos de micro movilidad registrados ha crecido un 350% en los últimos dos años. Esto, si bien suena alentador en términos de reducción de emisiones, también ha generado una crisis de seguridad vial alarmante. Las aceras, diseñadas originalmente para gente caminando tranquilamente, ahora son circuitos improvisados para scooters, poniendo en riesgo a abuelitas y papás con carriolos. Además, el uso indiscriminado de estos vehículos en autopistas y vías rápidas ha provocado varios accidentes, algunos con consecuencias fatales.
El ingeniero Olman Vargas Zeledón, autor de opinión publicada recientemente en este Foro, plantea la necesidad urgente de regularizar el uso de la micro movilidad. “No podemos permitir que la libertad individual ponga en peligro la integridad física de los demás”, argumenta Vargas. Su propuesta central gira en torno a la creación de carriles exclusivos para estos vehículos, así como la imposición de sanciones más severas para quienes incumplan las normas de tránsito. En resumen, pide ponerle orden a este revuelo.
Pero, ¿quién va a hacer cumplir estas reglas? Ahí radica el gran desafío. La Policía de Tránsito ya está hasta las cachas atendiendo infracciones de autos y camiones, ¿cómo van a poder vigilar también a los miles de scooters y bicicletas eléctricas que circulan diariamente? Se necesita personal capacitado, recursos económicos y, sobre todo, voluntad política para abordar esta problemática de manera efectiva. No basta con lanzar campañas de concientización, hay que aplicar la ley con rigor.
Otro punto importante es la responsabilidad de las empresas que ofrecen servicios de alquiler de scooters. Muchas de ellas operan con modelos de negocio basados en la rapidez y conveniencia, sin preocuparse demasiado por la seguridad de sus clientes. Resulta común ver personas circulando a velocidades peligrosas sin casco ni protección alguna, aprovechando la ausencia de regulación. Estas compañías deberían asumir una mayor responsabilidad social, ofreciendo cursos de capacitación y promoviendo el uso seguro de sus vehículos. ¡Qué desidia!
Las autoridades municipales también tienen un papel crucial en esta ecuación. Deberían adaptar la infraestructura urbana para facilitar la circulación segura de la micro movilidad, construyendo ciclovías, ampliando aceras y señalizando adecuadamente las zonas donde estos vehículos pueden circular. Pero esto requiere inversión y planificación a largo plazo, cosas que a menudo escapan a las prioridades políticas inmediatas. Muchos ayuntamientos prefieren parchear problemas con soluciones rápidas y superficiales, en lugar de encarar los desafíos estructurales que enfrenta nuestra sociedad.
Es evidente que la micro movilidad llegó para quedarse y, si se regula correctamente, puede convertirse en una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Sin embargo, si no actuamos con prontitud y decisión, corremos el riesgo de convertirnos en un ejemplo lamentable de cómo una innovación tecnológica puede desembocar en un caos vial generalizado. La clave está en encontrar un equilibrio entre la promoción de la movilidad sostenible y la garantía de la seguridad ciudadana. Un balance delicado, diay.
En fin, parece que tenemos un buen lío entre manos. La pregunta es: ¿Estamos dispuestos a invertir los recursos necesarios para transformar esta revolución de la micro movilidad en una oportunidad real de progreso, o nos resignaremos a vivir en un país donde andar en scooter se convierta en un juego arriesgado?
Según datos recientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el número de vehículos de micro movilidad registrados ha crecido un 350% en los últimos dos años. Esto, si bien suena alentador en términos de reducción de emisiones, también ha generado una crisis de seguridad vial alarmante. Las aceras, diseñadas originalmente para gente caminando tranquilamente, ahora son circuitos improvisados para scooters, poniendo en riesgo a abuelitas y papás con carriolos. Además, el uso indiscriminado de estos vehículos en autopistas y vías rápidas ha provocado varios accidentes, algunos con consecuencias fatales.
El ingeniero Olman Vargas Zeledón, autor de opinión publicada recientemente en este Foro, plantea la necesidad urgente de regularizar el uso de la micro movilidad. “No podemos permitir que la libertad individual ponga en peligro la integridad física de los demás”, argumenta Vargas. Su propuesta central gira en torno a la creación de carriles exclusivos para estos vehículos, así como la imposición de sanciones más severas para quienes incumplan las normas de tránsito. En resumen, pide ponerle orden a este revuelo.
Pero, ¿quién va a hacer cumplir estas reglas? Ahí radica el gran desafío. La Policía de Tránsito ya está hasta las cachas atendiendo infracciones de autos y camiones, ¿cómo van a poder vigilar también a los miles de scooters y bicicletas eléctricas que circulan diariamente? Se necesita personal capacitado, recursos económicos y, sobre todo, voluntad política para abordar esta problemática de manera efectiva. No basta con lanzar campañas de concientización, hay que aplicar la ley con rigor.
Otro punto importante es la responsabilidad de las empresas que ofrecen servicios de alquiler de scooters. Muchas de ellas operan con modelos de negocio basados en la rapidez y conveniencia, sin preocuparse demasiado por la seguridad de sus clientes. Resulta común ver personas circulando a velocidades peligrosas sin casco ni protección alguna, aprovechando la ausencia de regulación. Estas compañías deberían asumir una mayor responsabilidad social, ofreciendo cursos de capacitación y promoviendo el uso seguro de sus vehículos. ¡Qué desidia!
Las autoridades municipales también tienen un papel crucial en esta ecuación. Deberían adaptar la infraestructura urbana para facilitar la circulación segura de la micro movilidad, construyendo ciclovías, ampliando aceras y señalizando adecuadamente las zonas donde estos vehículos pueden circular. Pero esto requiere inversión y planificación a largo plazo, cosas que a menudo escapan a las prioridades políticas inmediatas. Muchos ayuntamientos prefieren parchear problemas con soluciones rápidas y superficiales, en lugar de encarar los desafíos estructurales que enfrenta nuestra sociedad.
Es evidente que la micro movilidad llegó para quedarse y, si se regula correctamente, puede convertirse en una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Sin embargo, si no actuamos con prontitud y decisión, corremos el riesgo de convertirnos en un ejemplo lamentable de cómo una innovación tecnológica puede desembocar en un caos vial generalizado. La clave está en encontrar un equilibrio entre la promoción de la movilidad sostenible y la garantía de la seguridad ciudadana. Un balance delicado, diay.
En fin, parece que tenemos un buen lío entre manos. La pregunta es: ¿Estamos dispuestos a invertir los recursos necesarios para transformar esta revolución de la micro movilidad en una oportunidad real de progreso, o nos resignaremos a vivir en un país donde andar en scooter se convierta en un juego arriesgado?
