¡Ay, mi gente! Aquí les va la bronca: resulta que el PANI, esa vaina que debería estar cuidando a los ninos, anduvo haciendo un maje con un edificio. La presidenta, Kennly Garza Sánchez, le dijo “detengan todo” a un traslado en febrero, ¡en febrero!, cuando ya sabían que el lugar estaba dando lata por problemas de seguridad. ¡Un despiche!
La movida es que tenían planes de mudar la oficina central en Barrio Luján, pero unos informes técnicos avisaron que el edificio estaba más que flaco. Riesgos estructurales, de seguridad... ¡una lista larga! Pero la señora Garza, con toda la calma, le dio luz verde a suspender cualquier acción. Según el oficio filtrado a CR Hoy, querían atender requerimientos de la Junta Directiva, hacer más análisis y ver cómo iban esos temas financieros. ¡Como si eso fuera a solucionar algo!
Y ahí empezó la torta. Meses después, el Ministerio de Salud los mandó a jalar porque el edificio era un peligro. ¡Imagínense la crisis! Tuvieron que sacar a todos de corrido, buscando lugares donde meter las oficinas. Fue un operativo chungo, dispersando al personal en otras sedes gubernamentales, aumentando el teletrabajo… ¡un brete! Uno diría que anduvieron más perdidos que chancho en la carretera.
El sindicato, SEPI, no se quedó callado. Dicen que hubo inacción y negligencia, que ya sabían de los problemas desde antes. Aseguran que conocen el documento de la presidenta, los informes del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud, todo, todo. “Nosotros ya estábamos enterados de esta vaina”, dijeron contundentemente. Lo que ellos dicen es que la presidenta y la junta directiva debieron actuar rápido y buscarle solución, en vez de andar tragándose el sapo.
Y ahora, ¿qué pasó? Pues que cientos de funcionarios tuvieron que cambiar de lugar a último minuto, trabajando en condiciones precarias. La verdad, parece que se jalaron una torta bien grande. Buscarle la vuelta para que todo funcione es una carga para todos, empleados y usuarios. La situación es tan complicada que la presidenta se tuvo que poner a explicar las cosas en una entrevista exclusiva con CR Hoy.
Garza argumentó que tanto ella como la Junta Directiva sí conocían el problema, pero que decidieron suspender el traslado porque no había órdenes sanitarias vigentes ni informes técnicos actualizados. ¡Un argumento medio flojo, ¿no creen?! Dice que esperaban tener más datos antes de tomar una decisión, como si eso fuera a evitar el desastre. Además, señaló que la primera orden sanitaria, emitida entre septiembre y octubre del año pasado, no clasificaba el riesgo como inminente.
Pero la historia no termina ahí. Resulta que tuvieron que coordinar otra visita y aportar nuevos informes para convencer al Ministerio de Salud de que el edificio era un peligro real. Finalmente, en noviembre, recibieron la orden definitiva de desalojo. Un proceso lleno de idas y vueltas, de demoras innecesarias y de decisiones que solo complicaron las cosas. ¡Una verdadera pena, porque afecta directamente a los niños que necesitan la atención del PANI!
Este caso nos deja pensando: ¿Cómo podemos exigir mayor transparencia y eficiencia a las instituciones públicas para evitar este tipo de situaciones? ¿Deberían existir mecanismos más efectivos para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores y los usuarios de servicios públicos? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan ustedes sobre este majadero!
La movida es que tenían planes de mudar la oficina central en Barrio Luján, pero unos informes técnicos avisaron que el edificio estaba más que flaco. Riesgos estructurales, de seguridad... ¡una lista larga! Pero la señora Garza, con toda la calma, le dio luz verde a suspender cualquier acción. Según el oficio filtrado a CR Hoy, querían atender requerimientos de la Junta Directiva, hacer más análisis y ver cómo iban esos temas financieros. ¡Como si eso fuera a solucionar algo!
Y ahí empezó la torta. Meses después, el Ministerio de Salud los mandó a jalar porque el edificio era un peligro. ¡Imagínense la crisis! Tuvieron que sacar a todos de corrido, buscando lugares donde meter las oficinas. Fue un operativo chungo, dispersando al personal en otras sedes gubernamentales, aumentando el teletrabajo… ¡un brete! Uno diría que anduvieron más perdidos que chancho en la carretera.
El sindicato, SEPI, no se quedó callado. Dicen que hubo inacción y negligencia, que ya sabían de los problemas desde antes. Aseguran que conocen el documento de la presidenta, los informes del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud, todo, todo. “Nosotros ya estábamos enterados de esta vaina”, dijeron contundentemente. Lo que ellos dicen es que la presidenta y la junta directiva debieron actuar rápido y buscarle solución, en vez de andar tragándose el sapo.
Y ahora, ¿qué pasó? Pues que cientos de funcionarios tuvieron que cambiar de lugar a último minuto, trabajando en condiciones precarias. La verdad, parece que se jalaron una torta bien grande. Buscarle la vuelta para que todo funcione es una carga para todos, empleados y usuarios. La situación es tan complicada que la presidenta se tuvo que poner a explicar las cosas en una entrevista exclusiva con CR Hoy.
Garza argumentó que tanto ella como la Junta Directiva sí conocían el problema, pero que decidieron suspender el traslado porque no había órdenes sanitarias vigentes ni informes técnicos actualizados. ¡Un argumento medio flojo, ¿no creen?! Dice que esperaban tener más datos antes de tomar una decisión, como si eso fuera a evitar el desastre. Además, señaló que la primera orden sanitaria, emitida entre septiembre y octubre del año pasado, no clasificaba el riesgo como inminente.
Pero la historia no termina ahí. Resulta que tuvieron que coordinar otra visita y aportar nuevos informes para convencer al Ministerio de Salud de que el edificio era un peligro real. Finalmente, en noviembre, recibieron la orden definitiva de desalojo. Un proceso lleno de idas y vueltas, de demoras innecesarias y de decisiones que solo complicaron las cosas. ¡Una verdadera pena, porque afecta directamente a los niños que necesitan la atención del PANI!
Este caso nos deja pensando: ¿Cómo podemos exigir mayor transparencia y eficiencia a las instituciones públicas para evitar este tipo de situaciones? ¿Deberían existir mecanismos más efectivos para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores y los usuarios de servicios públicos? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan ustedes sobre este majadero!
