En la comunidad indígena de Zapotal, en Buenos Aires de Puntarenas, más de 80 personas han enfrentado la falta de acceso a agua potable desde marzo. La situación surgió cuando el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) dejó de enviar camiones cisterna debido a la condición de los caminos. Como resultado, los habitantes se ven obligados a consumir agua de una quebrada contaminada, lo cual ha provocado numerosos problemas de salud.
El deterioro de la fuente de agua de Zapotal no es reciente. Hace más de 15 años, actividades de deforestación por parte de personas no indígenas afectaron la zona, disminuyendo el caudal de la quebrada y contaminándola con desechos de ganado y químicos. Durante la pandemia, AyA comenzó a abastecer a la comunidad con un camión cisterna, llenando un tanque comunitario y otro de la escuela local. Sin embargo, la suspensión del servicio en marzo dejó a la comunidad sin alternativas seguras de agua.
El impacto de esta crisis no se limita solo a la salud. La falta de agua potable ha interrumpido la educación en la escuela Bököbäta, que cuenta con alrededor de 35 estudiantes. La institución educativa ha tenido que cancelar lecciones de forma recurrente por la carencia de agua, lo cual vulnera el derecho fundamental de los menores a la educación.
Jessenia Zúñiga, una madre de tres hijos, describió cómo las lluvias recientes han agravado la situación al teñir el agua de un tono marrón. Las enfermedades gastrointestinales han proliferado, llevando incluso a una operación de emergencia para uno de sus hijos. La única medida que ha podido tomar es hervir el agua y utilizar un filtro básico.
Ante esta situación crítica, dos personas de la comunidad presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica, alegando la violación de su derecho humano al agua potable. En junio, la Sala falló a favor de los habitantes y otorgó al AyA tres meses para solucionar el problema. Sin embargo, hasta la fecha, el servicio de agua no se ha restablecido.
Según declaraciones del AyA, la razón de la suspensión es el estado del camino que impide el paso de sus camiones cisterna. Aunque la municipalidad de Buenos Aires afirmó haber reparado el camino, la comunidad sigue sin recibir el suministro prometido, lo que ha generado indignación y desconcierto entre los habitantes.
El defensor de derechos humanos, Alejandro García, señaló que las autoridades han ignorado las denuncias previas. Desde 2013, la Asociación de Desarrollo Integral de Ujarrás ha presentado el caso ante la Defensoría de los Habitantes, sin que se haya encontrado una solución definitiva. García denunció que el problema persiste pese a que las fotografías prueban que los caminos ya han sido reparados.
El caso de la población indígena de Zapotal evidencia la precariedad en la gestión del recurso hídrico en comunidades vulnerables, donde la falta de infraestructura y de voluntad política han llevado a la población a depender de fuentes contaminadas. Las promesas vacías y las excusas burocráticas se han convertido en el pan de cada día, mientras los habitantes ven cómo su derecho fundamental al agua potable es sistemáticamente ignorado.
La situación de Zapotal no es única en el país. Las comunidades indígenas, históricamente marginadas y olvidadas por el Estado, enfrentan una crisis de acceso a servicios básicos que contradice los principios de equidad y justicia. La invisibilización de estas problemáticas pone de manifiesto el abandono institucional hacia estas poblaciones, cuya dignidad parece depender del capricho de la administración pública.
Con este contexto, la pregunta que surge es:
¿Hasta cuándo seguirán las comunidades indígenas en el olvido?
Mientras la población indígena lucha por su derecho al agua, parece que el sistema sigue en su vieja rutina de parches temporales e indiferencia crónica.
El deterioro de la fuente de agua de Zapotal no es reciente. Hace más de 15 años, actividades de deforestación por parte de personas no indígenas afectaron la zona, disminuyendo el caudal de la quebrada y contaminándola con desechos de ganado y químicos. Durante la pandemia, AyA comenzó a abastecer a la comunidad con un camión cisterna, llenando un tanque comunitario y otro de la escuela local. Sin embargo, la suspensión del servicio en marzo dejó a la comunidad sin alternativas seguras de agua.
El impacto de esta crisis no se limita solo a la salud. La falta de agua potable ha interrumpido la educación en la escuela Bököbäta, que cuenta con alrededor de 35 estudiantes. La institución educativa ha tenido que cancelar lecciones de forma recurrente por la carencia de agua, lo cual vulnera el derecho fundamental de los menores a la educación.
Jessenia Zúñiga, una madre de tres hijos, describió cómo las lluvias recientes han agravado la situación al teñir el agua de un tono marrón. Las enfermedades gastrointestinales han proliferado, llevando incluso a una operación de emergencia para uno de sus hijos. La única medida que ha podido tomar es hervir el agua y utilizar un filtro básico.
Ante esta situación crítica, dos personas de la comunidad presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica, alegando la violación de su derecho humano al agua potable. En junio, la Sala falló a favor de los habitantes y otorgó al AyA tres meses para solucionar el problema. Sin embargo, hasta la fecha, el servicio de agua no se ha restablecido.
Según declaraciones del AyA, la razón de la suspensión es el estado del camino que impide el paso de sus camiones cisterna. Aunque la municipalidad de Buenos Aires afirmó haber reparado el camino, la comunidad sigue sin recibir el suministro prometido, lo que ha generado indignación y desconcierto entre los habitantes.
El defensor de derechos humanos, Alejandro García, señaló que las autoridades han ignorado las denuncias previas. Desde 2013, la Asociación de Desarrollo Integral de Ujarrás ha presentado el caso ante la Defensoría de los Habitantes, sin que se haya encontrado una solución definitiva. García denunció que el problema persiste pese a que las fotografías prueban que los caminos ya han sido reparados.
El caso de la población indígena de Zapotal evidencia la precariedad en la gestión del recurso hídrico en comunidades vulnerables, donde la falta de infraestructura y de voluntad política han llevado a la población a depender de fuentes contaminadas. Las promesas vacías y las excusas burocráticas se han convertido en el pan de cada día, mientras los habitantes ven cómo su derecho fundamental al agua potable es sistemáticamente ignorado.
La situación de Zapotal no es única en el país. Las comunidades indígenas, históricamente marginadas y olvidadas por el Estado, enfrentan una crisis de acceso a servicios básicos que contradice los principios de equidad y justicia. La invisibilización de estas problemáticas pone de manifiesto el abandono institucional hacia estas poblaciones, cuya dignidad parece depender del capricho de la administración pública.
Con este contexto, la pregunta que surge es:
¿Hasta cuándo seguirán las comunidades indígenas en el olvido?
Mientras la población indígena lucha por su derecho al agua, parece que el sistema sigue en su vieja rutina de parches temporales e indiferencia crónica.
