¡Ay, mi pelo! Se armó un bronca tremenda en la Asamblea Legislativa con un proyecto que quiere cambiar las reglas de cómo se maneja la prisión preventiva en Costa Rica. Resulta que quieren acelerar las cosas y meter a la gente a la cárcel más rápido si les acusan de delitos gravisimos, pero no todos están contentos con la idea. Parece que algunos expertos le están echando ojo y diciendo que podríamos meternos en un lío internacional si seguimos así.
El expediente 23.986, con nombre largo como los trámites de Poder Judicial, propone modificar algunas leyes procesales para que sea más fácil pedir que alguien esté preso antes de tener juicio. Dicen los promotores que quieren tapar agujeros legales que permiten que los sospechosos salgan libres demasiado pronto y así disminuir la sensación de que los delincuentes andan campantes. Vamos, quieren que la gente sienta que sí estamos combatiendo el crimen, aunque a veces da la impresión de que los malos siempre encuentran la forma de librarse.
Pero ahí es donde entran los expertos y empiezan a ponerle hielo al asunto. La jueza Nuria Villalobos y el abogado penalista Gerardo Huertas, figuras conocidas en el ambiente legal, levantaron la voz y dijeron que este proyecto huele raro. Huertas, con su labia afilada, aseguró que todo esto parece más una movida política barata que una verdadera solución técnica. Dijo que es como si legislaran con el corazón en lugar de con la cabeza, escuchando los gritos del pueblo en lugar de analizar los datos fríamente. ¡Qué nivel el de sacar leyes basadas en sentimientos, diay!
“Esto es puro populismo punitivo,” sentenció Huertas, quien añadió que las estadísticas muestran que ya abusiamos de la prisión preventiva. Según él, legislar basándose en un caso puntual es como querer arreglar un carro con un clavo: solo empeoras la situación. Es como si se fijaran en un caso específico de alguien que salió libre y volvió a delinquir, y de repente quieren cambiar las reglas para todos, sin importar si son inocentes o culpables. ¡Un despiche!
Y claro, la diputada Pilar Cisneros no se quedó callada y le recriminó a Huertas por sus declaraciones. Le preguntó cómo podía justificar que se dejaran salir a reincidentes, personas que ya han cometido el mismo delito varias veces y siguen haciendo de las suyas. Cisneros, con su tono inquisidor, quería saber cómo podían evitar que estos tipos siguieran causando problemas. La tensión se palpaba en el aire, como cuando te toca ir al INS a hacer trámites.
La diputada Priscila Vindas también expresó su preocupación, argumentando que el proyecto tiene serios problemas de constitucionalidad. Ella cree que se está desvirtuando la función de la prisión preventiva, transformándola en un castigo preventivo en lugar de una medida cautelar. Dijo que esto es gravísimo porque pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas, incluso antes de que hayan sido declaradas culpables. Imagínate estar preso sin haber cometido el delito, ¡qué torta!
Gilbert Jiménez, otro diputado, reconoció que la discusión es compleja y que hay casos lamentables de personas que salen libres y vuelven a delinquir. Pero también admitió que legislar apresuradamente no es la solución. Señaló que es importante analizar a fondo las causas de la reincidencia y buscar estrategias más efectivas para combatir el crimen, en lugar de simplemente meter a más gente a la cárcel. Ya saben, no se trata solo de encerrar, sino de rehabilitar y reintegrar a las personas a la sociedad.
En fin, la discusión sigue abierta y el futuro del expediente 23.986 es incierto. Mientras tanto, el debate sobre la prisión preventiva y la seguridad ciudadana continúa ardiendo en Costa Rica. Ahora dime, tú ¿crees que endurecer las leyes y aumentar la prisión preventiva realmente disminuirá la criminalidad en nuestro país, o es solo una solución superficial que ignora las causas profundas del problema?
El expediente 23.986, con nombre largo como los trámites de Poder Judicial, propone modificar algunas leyes procesales para que sea más fácil pedir que alguien esté preso antes de tener juicio. Dicen los promotores que quieren tapar agujeros legales que permiten que los sospechosos salgan libres demasiado pronto y así disminuir la sensación de que los delincuentes andan campantes. Vamos, quieren que la gente sienta que sí estamos combatiendo el crimen, aunque a veces da la impresión de que los malos siempre encuentran la forma de librarse.
Pero ahí es donde entran los expertos y empiezan a ponerle hielo al asunto. La jueza Nuria Villalobos y el abogado penalista Gerardo Huertas, figuras conocidas en el ambiente legal, levantaron la voz y dijeron que este proyecto huele raro. Huertas, con su labia afilada, aseguró que todo esto parece más una movida política barata que una verdadera solución técnica. Dijo que es como si legislaran con el corazón en lugar de con la cabeza, escuchando los gritos del pueblo en lugar de analizar los datos fríamente. ¡Qué nivel el de sacar leyes basadas en sentimientos, diay!
“Esto es puro populismo punitivo,” sentenció Huertas, quien añadió que las estadísticas muestran que ya abusiamos de la prisión preventiva. Según él, legislar basándose en un caso puntual es como querer arreglar un carro con un clavo: solo empeoras la situación. Es como si se fijaran en un caso específico de alguien que salió libre y volvió a delinquir, y de repente quieren cambiar las reglas para todos, sin importar si son inocentes o culpables. ¡Un despiche!
Y claro, la diputada Pilar Cisneros no se quedó callada y le recriminó a Huertas por sus declaraciones. Le preguntó cómo podía justificar que se dejaran salir a reincidentes, personas que ya han cometido el mismo delito varias veces y siguen haciendo de las suyas. Cisneros, con su tono inquisidor, quería saber cómo podían evitar que estos tipos siguieran causando problemas. La tensión se palpaba en el aire, como cuando te toca ir al INS a hacer trámites.
La diputada Priscila Vindas también expresó su preocupación, argumentando que el proyecto tiene serios problemas de constitucionalidad. Ella cree que se está desvirtuando la función de la prisión preventiva, transformándola en un castigo preventivo en lugar de una medida cautelar. Dijo que esto es gravísimo porque pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas, incluso antes de que hayan sido declaradas culpables. Imagínate estar preso sin haber cometido el delito, ¡qué torta!
Gilbert Jiménez, otro diputado, reconoció que la discusión es compleja y que hay casos lamentables de personas que salen libres y vuelven a delinquir. Pero también admitió que legislar apresuradamente no es la solución. Señaló que es importante analizar a fondo las causas de la reincidencia y buscar estrategias más efectivas para combatir el crimen, en lugar de simplemente meter a más gente a la cárcel. Ya saben, no se trata solo de encerrar, sino de rehabilitar y reintegrar a las personas a la sociedad.
En fin, la discusión sigue abierta y el futuro del expediente 23.986 es incierto. Mientras tanto, el debate sobre la prisión preventiva y la seguridad ciudadana continúa ardiendo en Costa Rica. Ahora dime, tú ¿crees que endurecer las leyes y aumentar la prisión preventiva realmente disminuirá la criminalidad en nuestro país, o es solo una solución superficial que ignora las causas profundas del problema?
