Ay, Dios mío, qué vaina, pura polémica alrededor del Presidente Chaves. Resulta que Mónica Araya, que anduvo como presidenta ejecutiva del INS hasta el año pasado, soltó la bombshell en la Asamblea Legislativa. Según ella, el Presidente le gritó y le llamó incompetente porque no le dio luz verde a un seguro para la empresa mexicana Tradeco. Una locura, ¿eh?
Todo esto viene de atrás, como saben. Se trata del contrato pa’ ampliar la ruta Barranca-Limonal, un brete que ha dado de qué hablar desde el inicio. Parece que Tradeco no cumplía con los requisitos técnicos y financieros, tanto del BID como del Banco Nacional, y el INS se negó a darles el seguro. Eso, aparentemente, no le gustó nada al Presidente.
Araya contó que tuvo que aguantar una llamada telefónica bastante dura, donde el Presidente le recriminaba que no tenía control sobre la junta directiva. Imaginen la bronca, ella tratando de hacer bien su trabajo y él exigiendo que le pasaran por encima a las normas. ¡Un tremendo fiestón!
Pero la cosa va más allá. La Fiscalía ya lleva tiempo investigando a Chaves y a su exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, por un supuesto caso de peculado relacionado con este contrato. Luis Amador, otro exministro del MOPT, también salió a dar sus versiones y terminó siendo testigo en la investigación, después de toda una novela con el caso de la Pista Oscura.
Y ahí entra la señora Araya, quien, por cierto, también ha estado dando testimonio como testigo. Al parecer, el Presidente le presionó directamente para que le diera la garantía de cumplimiento a Tradeco, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos. Parece que el Presidente tenía manija para que las cosas salieran como él quería, aunque eso significara saltarse algunas reglas del juego.
Lo curioso es que en junio del 2023, el MOPT decidió ponerle confidencialidad a las negociaciones del proyecto. Ya ven, pa' evitar cualquier escándolo, pero parece que la cosa se les complicó más. Según declaraciones de Amador, el Presidente insistía en que el contrato debía irle a parar a Tradeco, y eso generó varios roces entre ellos, que terminaron con el despido de Amador el año pasado.
Randall Chuken, el abogado de Tradeco en aquel momento, admitió haber tenido varias reuniones con el Presidente en Casa Presidencial para tratar el asunto. ¡Seis reuniones, diay! Eso demuestra que la presión era constante y que el Presidente estaba metido hasta el cuello en este negocio. Todo esto pinta a chamusquina, y ahora la Fiscalia tiene que seguir destrabando el caso.
Ahora, resulta que estamos viendo una nueva tanda de dimes y diretes entre el gobierno y figuras que han trabajado cerca de él. Esta trama nos hace pensar, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un político para conseguir sus objetivos, incluso si eso implica desafiar las instituciones y comprometer la transparencia? ¿Creen que el Presidente debería dar la cara y aclarar públicamente estas acusaciones, o prefiere mantener silencio y esperar a que la Fiscalía siga investigando?
Todo esto viene de atrás, como saben. Se trata del contrato pa’ ampliar la ruta Barranca-Limonal, un brete que ha dado de qué hablar desde el inicio. Parece que Tradeco no cumplía con los requisitos técnicos y financieros, tanto del BID como del Banco Nacional, y el INS se negó a darles el seguro. Eso, aparentemente, no le gustó nada al Presidente.
Araya contó que tuvo que aguantar una llamada telefónica bastante dura, donde el Presidente le recriminaba que no tenía control sobre la junta directiva. Imaginen la bronca, ella tratando de hacer bien su trabajo y él exigiendo que le pasaran por encima a las normas. ¡Un tremendo fiestón!
Pero la cosa va más allá. La Fiscalía ya lleva tiempo investigando a Chaves y a su exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, por un supuesto caso de peculado relacionado con este contrato. Luis Amador, otro exministro del MOPT, también salió a dar sus versiones y terminó siendo testigo en la investigación, después de toda una novela con el caso de la Pista Oscura.
Y ahí entra la señora Araya, quien, por cierto, también ha estado dando testimonio como testigo. Al parecer, el Presidente le presionó directamente para que le diera la garantía de cumplimiento a Tradeco, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos. Parece que el Presidente tenía manija para que las cosas salieran como él quería, aunque eso significara saltarse algunas reglas del juego.
Lo curioso es que en junio del 2023, el MOPT decidió ponerle confidencialidad a las negociaciones del proyecto. Ya ven, pa' evitar cualquier escándolo, pero parece que la cosa se les complicó más. Según declaraciones de Amador, el Presidente insistía en que el contrato debía irle a parar a Tradeco, y eso generó varios roces entre ellos, que terminaron con el despido de Amador el año pasado.
Randall Chuken, el abogado de Tradeco en aquel momento, admitió haber tenido varias reuniones con el Presidente en Casa Presidencial para tratar el asunto. ¡Seis reuniones, diay! Eso demuestra que la presión era constante y que el Presidente estaba metido hasta el cuello en este negocio. Todo esto pinta a chamusquina, y ahora la Fiscalia tiene que seguir destrabando el caso.
Ahora, resulta que estamos viendo una nueva tanda de dimes y diretes entre el gobierno y figuras que han trabajado cerca de él. Esta trama nos hace pensar, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un político para conseguir sus objetivos, incluso si eso implica desafiar las instituciones y comprometer la transparencia? ¿Creen que el Presidente debería dar la cara y aclarar públicamente estas acusaciones, o prefiere mantener silencio y esperar a que la Fiscalía siga investigando?
