¡Ay, Dios mío, qué torta! La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, parece haberse metido en un brete considerable. Resulta que la jefa comunitaria, exmilitante de Unidos Podemos – sí, la delarreta de Natalia Díaz –, anda haciendo campaña a lo grande por Pueblo Soberano (PPSO), específicamente por Laura Fernández y Rodrigo Chaves. Videos que circulan en las redes sociales la muestran pidiendo voto abiertamente, y eso, mis queridos, ha encendido todas las alarmas.
Según reportes y los mismos videos, la alcaldesa no se anduvo con rodeos. En actividades del PPSO en Limón, se le escuchó llamando a Laura Fernández "la señora presidenta de Costa Rica" varias veces, además de halagar a Rodrigo Chaves calificándolo de "presidente histórico". También instó a que el PPSO obtenga 40 diputados. Claramente, no estaba ahí simplemente saludando a los vecinos; estaba moviendo la maquinaria proselitista a toda marcha, y eso, amigos míos, es donde empieza el problema.
La ley electoral, como bien sabemos, es clara: los funcionarios públicos no pueden usar su puesto ni tiempo de labores para campañas políticas. El artículo 146 del Código Electoral establece precisamente eso, buscando evitar cualquier tipo de influencia indebida o uso de recursos estatales para favorecer a algún partido. Y ahora resulta que la alcaldesa de Limón, aparentemente, se olvidó de leer el manual, o peor aún, decidió ignorarlo por completo. Eso es irse al traste, señores, y creo que ya empiezan a verse las consecuencias.
Y no nos vamos a engañar, esto no es novedad. La beligerancia política ha sido un tema recurrente en Costa Rica, y esta vez, parece que la alcaldesa Matarrita McCalla ha dado en el clavo (o en la tortera, dependiendo cómo se vea). Recordemos que precisamente ahora la Asamblea Legislativa está tramitando el levantamiento del fuero del presidente Chaves, acusado de múltiples actos de beligerancia política, gracias a 15 denuncias presentadas por el TSE. ¿Será que esto es un reflejo del mismo fenómeno?
Es importante mencionar que si se comprueba la beligerancia política de la alcaldesa, las sanciones podrían ser severas. Se habla de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período entre dos y cuatro años. ¡Imagínense!, perderse unos añitos para reflexionar sobre sus decisiones… aunque a estas alturas, quizás necesite más que unas cuantas vacaciones para asimilar el tremendo lío en el que se ha metido.
La polémica ha generado opiniones encontradas. Algunos defienden a la alcaldesa argumentando que ejerce su derecho a disentir y apoyar a quien considere oportuno. Otros, en cambio, critican su actitud, señalando que ha abusado de su poder y ha faltado al respeto a la legalidad democrática. Incluso hay quienes afirman que la alcaldesa necesitaba más apoyo técnico en cuanto a conocimiento del Código Electoral.
Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la conducta de los funcionarios públicos, especialmente durante época electoral. Muchos cuestionan si las actuales normas son suficientes para prevenir y sancionar eficazmente la beligerancia política. ¿Deberíamos endurecer las penas? ¿Implementar medidas preventivas más efectivas? Sin duda, este incidente pone de manifiesto la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el proceso electoral.
Ahora me pregunto, ¿cree usted que la alcaldesa de Limón incurrió realmente en beligerancia política, o simplemente se dejó llevar por la pasión partidaria? ¿Considera que las sanciones deberían ser más severas para casos como este, o cree que ya está pagando suficiente precio con la controversia pública? ¡Déjenme saber su opinión en el foro, jaguares!
Según reportes y los mismos videos, la alcaldesa no se anduvo con rodeos. En actividades del PPSO en Limón, se le escuchó llamando a Laura Fernández "la señora presidenta de Costa Rica" varias veces, además de halagar a Rodrigo Chaves calificándolo de "presidente histórico". También instó a que el PPSO obtenga 40 diputados. Claramente, no estaba ahí simplemente saludando a los vecinos; estaba moviendo la maquinaria proselitista a toda marcha, y eso, amigos míos, es donde empieza el problema.
La ley electoral, como bien sabemos, es clara: los funcionarios públicos no pueden usar su puesto ni tiempo de labores para campañas políticas. El artículo 146 del Código Electoral establece precisamente eso, buscando evitar cualquier tipo de influencia indebida o uso de recursos estatales para favorecer a algún partido. Y ahora resulta que la alcaldesa de Limón, aparentemente, se olvidó de leer el manual, o peor aún, decidió ignorarlo por completo. Eso es irse al traste, señores, y creo que ya empiezan a verse las consecuencias.
Y no nos vamos a engañar, esto no es novedad. La beligerancia política ha sido un tema recurrente en Costa Rica, y esta vez, parece que la alcaldesa Matarrita McCalla ha dado en el clavo (o en la tortera, dependiendo cómo se vea). Recordemos que precisamente ahora la Asamblea Legislativa está tramitando el levantamiento del fuero del presidente Chaves, acusado de múltiples actos de beligerancia política, gracias a 15 denuncias presentadas por el TSE. ¿Será que esto es un reflejo del mismo fenómeno?
Es importante mencionar que si se comprueba la beligerancia política de la alcaldesa, las sanciones podrían ser severas. Se habla de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período entre dos y cuatro años. ¡Imagínense!, perderse unos añitos para reflexionar sobre sus decisiones… aunque a estas alturas, quizás necesite más que unas cuantas vacaciones para asimilar el tremendo lío en el que se ha metido.
La polémica ha generado opiniones encontradas. Algunos defienden a la alcaldesa argumentando que ejerce su derecho a disentir y apoyar a quien considere oportuno. Otros, en cambio, critican su actitud, señalando que ha abusado de su poder y ha faltado al respeto a la legalidad democrática. Incluso hay quienes afirman que la alcaldesa necesitaba más apoyo técnico en cuanto a conocimiento del Código Electoral.
Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de la conducta de los funcionarios públicos, especialmente durante época electoral. Muchos cuestionan si las actuales normas son suficientes para prevenir y sancionar eficazmente la beligerancia política. ¿Deberíamos endurecer las penas? ¿Implementar medidas preventivas más efectivas? Sin duda, este incidente pone de manifiesto la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el proceso electoral.
Ahora me pregunto, ¿cree usted que la alcaldesa de Limón incurrió realmente en beligerancia política, o simplemente se dejó llevar por la pasión partidaria? ¿Considera que las sanciones deberían ser más severas para casos como este, o cree que ya está pagando suficiente precio con la controversia pública? ¡Déjenme saber su opinión en el foro, jaguares!
