¡Ay, Dios mío! Parece que tenemos otro bronca gorda en casa. El tema de la Caja Chica de la Asamblea Nacional se convirtió en el churriazo del momento, y no precisamente porque haya algo chivo que celebrar. Un reporte de la Auditoría Interna sacudió el Congreso, revelando un panorama de descontrol que da qué pensar, y vaya si preocupa a los ciudadanos.
Resulta que, durante el 2025, los auditores no pudieron hacer ni un solo arqueo sorpresa en la Caja Chica, esa cajita donde guardan la plata para gastos menores de los diputados. Esto es porque, aparentemente, los encargados de llevarle las riendas se fueron de vacaciones permanentes, o bueno, eso parece, ya que nunca aparecen cuando los necesitan. Tres intentos de los propios auditores y dos de la administración resultaron infructuosos, lo que demuestra un patrón sospechoso de dilación y desidia.
Y esto no es nuevo, chunches. La Auditoría Interna no andaba jugando con el arcoíris. Ya habían señalado problemas similares en informes anteriores, desde el año 2023, pero ahí nomás, sin solución. Documentos sin firma digital válida, documentos perdidos, vaya pandemonio. Imaginen la brecha de seguridad, ¡una papaya para cualquier aventurero con ganas de aprovecharse!
Según la auditoría, esta situación podría acarrear responsabilidades disciplinarias para los involucrados, amparándose en la Ley 8422 contra la corrupción. El artículo 38 de esa ley establece que los funcionarios que, por acción u omisión, pongan en peligro los sistemas de control interno, podrían estar cometiendo una falta grave. ¿Será que alguien anda buscando meterse en líos? Diay, no me extrañaría...
La implementación de un sistema de “cero efectivo” y la idea de atender todo virtualmente, sin protocolos claros y sin avisarle a nadie, abrió una puerta grande a posibles abusos. Es como dejar la casa desprotegida con todos los postigos abiertos y un cartelito diciendo 'llévese lo que quiera'. Y encima, falta de personal en los momentos clave... ¡qué nivel de irresponsabilidad!
Ahora bien, ¿qué le toca hacer a los diputados? No pueden simplemente tumbarse en sus sillones y esperar a que el problema se solucione solo. Ellos tienen la obligación de velar por el buen manejo de los recursos públicos, y esto implica tomar cartas en el asunto de inmediato. La confianza del pueblo en el Congreso está en riesgo, y eso no es un chiste.
Lo que necesita la Administración es ponerle el turbo a las cosas: protocolos que aseguren la presencia constante de personal autorizado, actualización de la normativa sobre documentos electrónicos (Ley 8454), y una investigación seria para determinar quiénes son los responsables de este desastre. Este no es un tema para echarle tierra encima, muchachos. Se trata del dinero de todos los costarricenses, ¡y hay que cuidarlo como el huevo de oro!
En fin, este caso nos recuerda que la vigilancia ciudadana es fundamental. Tenemos que estar ojo avizor para evitar que la corrupción se instale en nuestras instituciones. Pero me pregunto, ¿creen ustedes que realmente vamos a ver cambios significativos en la forma en que se manejan los recursos públicos en el Congreso, o seguiremos viendo las mismas caras y los mismos problemas año tras año?
Resulta que, durante el 2025, los auditores no pudieron hacer ni un solo arqueo sorpresa en la Caja Chica, esa cajita donde guardan la plata para gastos menores de los diputados. Esto es porque, aparentemente, los encargados de llevarle las riendas se fueron de vacaciones permanentes, o bueno, eso parece, ya que nunca aparecen cuando los necesitan. Tres intentos de los propios auditores y dos de la administración resultaron infructuosos, lo que demuestra un patrón sospechoso de dilación y desidia.
Y esto no es nuevo, chunches. La Auditoría Interna no andaba jugando con el arcoíris. Ya habían señalado problemas similares en informes anteriores, desde el año 2023, pero ahí nomás, sin solución. Documentos sin firma digital válida, documentos perdidos, vaya pandemonio. Imaginen la brecha de seguridad, ¡una papaya para cualquier aventurero con ganas de aprovecharse!
Según la auditoría, esta situación podría acarrear responsabilidades disciplinarias para los involucrados, amparándose en la Ley 8422 contra la corrupción. El artículo 38 de esa ley establece que los funcionarios que, por acción u omisión, pongan en peligro los sistemas de control interno, podrían estar cometiendo una falta grave. ¿Será que alguien anda buscando meterse en líos? Diay, no me extrañaría...
La implementación de un sistema de “cero efectivo” y la idea de atender todo virtualmente, sin protocolos claros y sin avisarle a nadie, abrió una puerta grande a posibles abusos. Es como dejar la casa desprotegida con todos los postigos abiertos y un cartelito diciendo 'llévese lo que quiera'. Y encima, falta de personal en los momentos clave... ¡qué nivel de irresponsabilidad!
Ahora bien, ¿qué le toca hacer a los diputados? No pueden simplemente tumbarse en sus sillones y esperar a que el problema se solucione solo. Ellos tienen la obligación de velar por el buen manejo de los recursos públicos, y esto implica tomar cartas en el asunto de inmediato. La confianza del pueblo en el Congreso está en riesgo, y eso no es un chiste.
Lo que necesita la Administración es ponerle el turbo a las cosas: protocolos que aseguren la presencia constante de personal autorizado, actualización de la normativa sobre documentos electrónicos (Ley 8454), y una investigación seria para determinar quiénes son los responsables de este desastre. Este no es un tema para echarle tierra encima, muchachos. Se trata del dinero de todos los costarricenses, ¡y hay que cuidarlo como el huevo de oro!
En fin, este caso nos recuerda que la vigilancia ciudadana es fundamental. Tenemos que estar ojo avizor para evitar que la corrupción se instale en nuestras instituciones. Pero me pregunto, ¿creen ustedes que realmente vamos a ver cambios significativos en la forma en que se manejan los recursos públicos en el Congreso, o seguiremos viendo las mismas caras y los mismos problemas año tras año?
