¡Ay, Dios mío, qué torta! Resulta que dos señores, uno exfuncionario de JAPDEVA y otro empresario, van a pasar ocho añitos en la picoteca por meterle mano a los bolsillos del Estado. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) les pegó el quite, y ahora tendrán que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Hablamos de una suma millonaria, ¡más de cien millones de colones!
Según nos cuentan, la movida empezó allá por el lejano 2005, cuando JAPDEVA quería nacionalizar unas lanchas y una grúa. Contrataron directamente a la empresa de don Fonseca, a pesar de que este señor no tenía los papeles en regla y su oferta ni siquiera era la mejor opción técnica. ¡Qué brete más raro, che! Uno se pregunta, ¿qué estará pasando detrás de cámaras?
Pero eso no es todo, pues resulta que estos dos se pusieron creativos para evadir impuestos. Usaron trucos y engaños, involucrando hasta a un tercero que ya no está con nosotros, para pagar una suma muchísimo menor de lo que realmente debían. ¡Una verdadera treta! Consiguieron ahorrarse más de setenta y seis millones de colones, plata que nunca justificaron ni devolvieron a JAPDEVA. ¡Menuda irresponsabilidad!
Y como si esto fuera poco, la cosa siguió empeorando. Don Pecou, el funcionario de JAPDEVA, aprobó otro pago extra alegando que las embarcaciones estaban abandonadas. Se inventó toda una historia para justificar unos cuantos miles de dólares más que terminaron en manos de don Fonseca. ¡Un doble golpe a las arcas públicas! Esto ya olía a chamusquina desde lejos.
Las autoridades lograron demostrar que todo esto era pura mentira y que hubo un perjuicio económico total de más de ciento quince millones de colones. Un robo a mansalva, vamos. El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública no dudó en sentenciarlos a ocho años de cárcel, además de inhabilitarlos para ocupar cargos públicos durante cinco años. ¡Bien merecido, diay!
Este caso nos recuerda, una vez más, la importancia de tener controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos públicos. No es posible que sigamos viendo cómo algunos individuos se aprovechan de su posición para enriquecerse a costa del esfuerzo de todos los costarricenses. Hay que ponerle leña al fuego y exigir cuentas a quienes abusan de su poder.
Ahora, mientras cumplen su condena, tendrán que firmar mensualmente, actualizar su domicilio, entregar su pasaporte y pedir permiso para salir del país. Una medida que busca garantizar que cumplan con la ley y que no puedan fugarse. Aunque la verdad, con tanto tiempo en la picoteca, seguramente aprenderán una valiosa lección sobre honestidad y responsabilidad.
Este caso ha generado mucha polémica y ha encendido el debate sobre la corrupción en nuestro país. ¿Crees que las penas impuestas son suficientes para disuadir a otros funcionarios de caer en prácticas similares? ¿Cómo podemos mejorar los mecanismos de control para evitar que estas situaciones se repitan? ¡Déjanos tus comentarios y opiniones en el foro!
Según nos cuentan, la movida empezó allá por el lejano 2005, cuando JAPDEVA quería nacionalizar unas lanchas y una grúa. Contrataron directamente a la empresa de don Fonseca, a pesar de que este señor no tenía los papeles en regla y su oferta ni siquiera era la mejor opción técnica. ¡Qué brete más raro, che! Uno se pregunta, ¿qué estará pasando detrás de cámaras?
Pero eso no es todo, pues resulta que estos dos se pusieron creativos para evadir impuestos. Usaron trucos y engaños, involucrando hasta a un tercero que ya no está con nosotros, para pagar una suma muchísimo menor de lo que realmente debían. ¡Una verdadera treta! Consiguieron ahorrarse más de setenta y seis millones de colones, plata que nunca justificaron ni devolvieron a JAPDEVA. ¡Menuda irresponsabilidad!
Y como si esto fuera poco, la cosa siguió empeorando. Don Pecou, el funcionario de JAPDEVA, aprobó otro pago extra alegando que las embarcaciones estaban abandonadas. Se inventó toda una historia para justificar unos cuantos miles de dólares más que terminaron en manos de don Fonseca. ¡Un doble golpe a las arcas públicas! Esto ya olía a chamusquina desde lejos.
Las autoridades lograron demostrar que todo esto era pura mentira y que hubo un perjuicio económico total de más de ciento quince millones de colones. Un robo a mansalva, vamos. El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública no dudó en sentenciarlos a ocho años de cárcel, además de inhabilitarlos para ocupar cargos públicos durante cinco años. ¡Bien merecido, diay!
Este caso nos recuerda, una vez más, la importancia de tener controles estrictos y transparentes en el uso de los recursos públicos. No es posible que sigamos viendo cómo algunos individuos se aprovechan de su posición para enriquecerse a costa del esfuerzo de todos los costarricenses. Hay que ponerle leña al fuego y exigir cuentas a quienes abusan de su poder.
Ahora, mientras cumplen su condena, tendrán que firmar mensualmente, actualizar su domicilio, entregar su pasaporte y pedir permiso para salir del país. Una medida que busca garantizar que cumplan con la ley y que no puedan fugarse. Aunque la verdad, con tanto tiempo en la picoteca, seguramente aprenderán una valiosa lección sobre honestidad y responsabilidad.
Este caso ha generado mucha polémica y ha encendido el debate sobre la corrupción en nuestro país. ¿Crees que las penas impuestas son suficientes para disuadir a otros funcionarios de caer en prácticas similares? ¿Cómo podemos mejorar los mecanismos de control para evitar que estas situaciones se repitan? ¡Déjanos tus comentarios y opiniones en el foro!
