¡Ay, Dios mío! Tremendo lío nos cayó encima desde el Centro de Atención Institucional (CAI) Marcus Garvey en Limón. Resulta que la Policía Penitenciaria anduvo moviendo hilos en un operativo sorpresa y descubrieron un tingo de celulares, chips y demás chuches que no deberían estar metiendo ahí. Parece que algunos funcionarios decidieron que las normas son pa' los domingos y se pusieron creativos para llevar cositas prohibidas al penal.
Según información confirmada, el operativo se realizó este martes 30 de diciembre, y fue bastante contundente. No estamos hablando de unos pocos cachivaches; nueve policías penitenciarios y hasta un cocinero fueron sacudidos y terminaron en manos del Ministerio Público. Se habla de teléfonos, cargadores, cables USB... ¡lo suficiente para montar una tienda de telefonía adentro de la cárcel!
El caso más pesado es el del oficial Arias Ruiz, un señor con más de doce años sirviendo a la institución. Imagínate el papelón: este mae, con tanta experiencia, le encontraron dos chips nuevecitos, un celular, un cargador y hasta uno usado. ¡Qué torta! Uno esperaría más criterio de alguien así, pero bueno, parece que la necesidad o la ambición lo pudieron.
Y ni hablar del cocinero, Gordon Archibald. A él le decomisaron dos chips para celular usados, una tarjeta de memoria y un cable USB. Me pregunto qué necesitaba con esas cosas allá adentro. ¿Estaba organizando fiestas clandestinas con música a todo volumen? ¿Dando clases de tecnología a los reclusos? Las preguntas quedan flotando en el aire, ¿eh?
Otros oficiales también cayeron en la red: Rodríguez Sandí, con 26 años de servicio, se tragó la píldora y terminó con un celular y un chip usado en sus pertenencias. Páez Páez, Cascante Brenes con su reloj inteligente y Valdéz Marín con un adaptador para celular… uno se pregunta si estaban haciendo alguna red improvisada para comunicarse con el exterior o simplemente acumulaban trastos innecesarios. ¡Qué brete!
Este asunto ha levantado toda clase de reacciones. Algunos dicen que esto demuestra la infiltración que puede haber dentro de la Policía Penitenciaria, otros señalan que es producto de la corrupción generalizada que azota al país. Lo cierto es que da mucho que pensar cómo estos funcionarios, encargados de mantener el orden y la seguridad dentro de las cárceles, terminan involucrados en estas situaciones tan comprometedoras. Es como si jugaran a ser Robin Hood, pero en vez de ayudar a los pobres, facilitasen el acceso a tecnología prohibida a los privados de libertad.
Ahora, todos esperan a ver qué determina el Ministerio Público con respecto a estos detenidos. La ley es clara: ingresar objetos prohibidos a un centro penal es un delito grave y conlleva severas sanciones. Pero más allá de las consecuencias legales, queda la mancha en la imagen de la Policía Penitenciaria y la pérdida de confianza de la ciudadanía. Además, este tipo de incidentes alimenta las sospechas de que hay redes muy bien establecidas que operan dentro del sistema penitenciario, buscando sacar provecho de la vulnerabilidad de los internos.
Sin duda, este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y mecanismos de vigilancia dentro de las cárceles, y de depurar las filas de la Policía Penitenciaria. Pero me pregunto, ¿serán suficientes las medidas punitivas para erradicar la corrupción y asegurar que estos actos no queden impunes? ¿Ustedes creen que debemos revisar el proceso de selección y capacitación de los funcionarios penitenciarios para evitar que personas con malas intenciones ingresen al sistema?
Según información confirmada, el operativo se realizó este martes 30 de diciembre, y fue bastante contundente. No estamos hablando de unos pocos cachivaches; nueve policías penitenciarios y hasta un cocinero fueron sacudidos y terminaron en manos del Ministerio Público. Se habla de teléfonos, cargadores, cables USB... ¡lo suficiente para montar una tienda de telefonía adentro de la cárcel!
El caso más pesado es el del oficial Arias Ruiz, un señor con más de doce años sirviendo a la institución. Imagínate el papelón: este mae, con tanta experiencia, le encontraron dos chips nuevecitos, un celular, un cargador y hasta uno usado. ¡Qué torta! Uno esperaría más criterio de alguien así, pero bueno, parece que la necesidad o la ambición lo pudieron.
Y ni hablar del cocinero, Gordon Archibald. A él le decomisaron dos chips para celular usados, una tarjeta de memoria y un cable USB. Me pregunto qué necesitaba con esas cosas allá adentro. ¿Estaba organizando fiestas clandestinas con música a todo volumen? ¿Dando clases de tecnología a los reclusos? Las preguntas quedan flotando en el aire, ¿eh?
Otros oficiales también cayeron en la red: Rodríguez Sandí, con 26 años de servicio, se tragó la píldora y terminó con un celular y un chip usado en sus pertenencias. Páez Páez, Cascante Brenes con su reloj inteligente y Valdéz Marín con un adaptador para celular… uno se pregunta si estaban haciendo alguna red improvisada para comunicarse con el exterior o simplemente acumulaban trastos innecesarios. ¡Qué brete!
Este asunto ha levantado toda clase de reacciones. Algunos dicen que esto demuestra la infiltración que puede haber dentro de la Policía Penitenciaria, otros señalan que es producto de la corrupción generalizada que azota al país. Lo cierto es que da mucho que pensar cómo estos funcionarios, encargados de mantener el orden y la seguridad dentro de las cárceles, terminan involucrados en estas situaciones tan comprometedoras. Es como si jugaran a ser Robin Hood, pero en vez de ayudar a los pobres, facilitasen el acceso a tecnología prohibida a los privados de libertad.
Ahora, todos esperan a ver qué determina el Ministerio Público con respecto a estos detenidos. La ley es clara: ingresar objetos prohibidos a un centro penal es un delito grave y conlleva severas sanciones. Pero más allá de las consecuencias legales, queda la mancha en la imagen de la Policía Penitenciaria y la pérdida de confianza de la ciudadanía. Además, este tipo de incidentes alimenta las sospechas de que hay redes muy bien establecidas que operan dentro del sistema penitenciario, buscando sacar provecho de la vulnerabilidad de los internos.
Sin duda, este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y mecanismos de vigilancia dentro de las cárceles, y de depurar las filas de la Policía Penitenciaria. Pero me pregunto, ¿serán suficientes las medidas punitivas para erradicar la corrupción y asegurar que estos actos no queden impunes? ¿Ustedes creen que debemos revisar el proceso de selección y capacitación de los funcionarios penitenciarios para evitar que personas con malas intenciones ingresen al sistema?
