¡Ay, Dios mío! Se armó un chin tremendo bronca con el tema de las radios cristianas, ¿eh? Parece que Sutel nos jugó una vaca, poniendo precios tan salados en la subasta de espectro radiofónico que muchas emisoras, las que tanto le sirven a don José y doña María los domingos, ni siquiera pudieron soñar con participar. Ahora, Fabricio Alvarado Muñoz, ahí sí que echándose ganas, anda buscando cómo evitar que esto se vaya al traste.
La cosa es que Nueva República, con toda la intención, metió un proyecto de ley, el expediente 25.315, pa’ tratar de darle oxígeno a estas estaciones. Básicamente, buscan que les den la concesión directo, sin tener que entrarle a esa competencia económica que, seamos honestos, pa’ las organizaciones sin fines de lucro, es un brete monumental. Don Fabricio dice que esto es una cuestión de justicia social, porque esas emisoras dan un servicio importante a la comunidad, transmitiendo mensajes de fe y esperanza, y no precisamente buscando rapiñar un dineral con publicidad.
Y ojo, señores, que la diferencia de precio es abismal. Hablamos de unos ¢4.8 millones por una frecuencia AM, ¡y llegan a los ¢800 millones por un canal de televisión nacional! Unos números que, sinceramente, dejan boquiabierto a cualquiera. El proyecto de ley va directamente al grano: esos precios base, fijos en una lógica empresarial de rentabilidad extrema, simplemente no se ajustan a la realidad de estas emisoras, cuyo propósito principal es servir a la comunidad, no enriquecerse.
La propuesta es sencilla, pero ambiciosa: las emisoras que ya estaban transmitiendo antes del 21 de noviembre de 2025, y que cumplen con ciertos requisitos básicos –tener una licencia previa, demostrar trayectoria en la transmisión religiosa, ofrecer un servicio gratuito y mantener una programación enfocada en la fe–, recibirían una concesión directa, sin tener que pelearla en la subasta. Esto, básicamente, sería un “blindaje” contra el tsunami económico que generó la subasta de Sutel.
Pero hay más. Para aquellos medios que andaban trabajando a pata, sin estar debidamente registrados como asociaciones sin fines de lucro, se les da un plazo de un año para ponerse las pilas y completar todos los trámites legales. Eso demuestra que el proyecto busca ser inclusivo y flexible, entendiendo que muchos de estos medios han sido creados con mucha pasión y poco presupuesto, pero con una enorme vocación de servicio.
Ahora viene la parte difícil: la aprobación política. Como estamos en sesiones extraordinarias, necesitan que el Presidente Chaves, don Rodrigo, dé la luz verde para que se pueda debatir y votar el proyecto en la Asamblea. La pelota está totalmente en su cancha. De él depende si se salva a estas radios, o si seguimos viendo cómo el mercado las expulsa del dial.
Algunos puristas dirán que esto es entregar concesiones gratis, que se está distorsionando el libre mercado. Pero, miren, ¿qué valor tiene un mercado que excluye a quienes ofrecen un servicio valioso a la sociedad? ¿No es acaso responsabilidad del Estado proteger aquello que beneficia al bien común? Además, estas emisoras no compiten con las grandes cadenas comerciales; ellas llenan un vacío, ofrecen una alternativa cultural y espiritual que no encontrarías en otro lugar. Sin hablar de las comunidades rurales, donde la radio sigue siendo el medio de comunicación más accesible e importante.
En fin, la cosa está tensa, ¿verdad, maes? A ver qué decide el Presidente Chaves. ¿Debería apoyar la iniciativa de Fabricio Alvarado, aunque signifique ir en contra del discurso liberal y dejar claro que el bienestar de la gente vale más que la lógica del mercado, o debería quedarse con el rollo de la subasta y arriesgarse a ver cómo se apagan varias radios cristianas? ¡Díganme, ustedes qué piensan! ¿Es justo privilegiar a las emisoras religiosas con una concesión directa?
La cosa es que Nueva República, con toda la intención, metió un proyecto de ley, el expediente 25.315, pa’ tratar de darle oxígeno a estas estaciones. Básicamente, buscan que les den la concesión directo, sin tener que entrarle a esa competencia económica que, seamos honestos, pa’ las organizaciones sin fines de lucro, es un brete monumental. Don Fabricio dice que esto es una cuestión de justicia social, porque esas emisoras dan un servicio importante a la comunidad, transmitiendo mensajes de fe y esperanza, y no precisamente buscando rapiñar un dineral con publicidad.
Y ojo, señores, que la diferencia de precio es abismal. Hablamos de unos ¢4.8 millones por una frecuencia AM, ¡y llegan a los ¢800 millones por un canal de televisión nacional! Unos números que, sinceramente, dejan boquiabierto a cualquiera. El proyecto de ley va directamente al grano: esos precios base, fijos en una lógica empresarial de rentabilidad extrema, simplemente no se ajustan a la realidad de estas emisoras, cuyo propósito principal es servir a la comunidad, no enriquecerse.
La propuesta es sencilla, pero ambiciosa: las emisoras que ya estaban transmitiendo antes del 21 de noviembre de 2025, y que cumplen con ciertos requisitos básicos –tener una licencia previa, demostrar trayectoria en la transmisión religiosa, ofrecer un servicio gratuito y mantener una programación enfocada en la fe–, recibirían una concesión directa, sin tener que pelearla en la subasta. Esto, básicamente, sería un “blindaje” contra el tsunami económico que generó la subasta de Sutel.
Pero hay más. Para aquellos medios que andaban trabajando a pata, sin estar debidamente registrados como asociaciones sin fines de lucro, se les da un plazo de un año para ponerse las pilas y completar todos los trámites legales. Eso demuestra que el proyecto busca ser inclusivo y flexible, entendiendo que muchos de estos medios han sido creados con mucha pasión y poco presupuesto, pero con una enorme vocación de servicio.
Ahora viene la parte difícil: la aprobación política. Como estamos en sesiones extraordinarias, necesitan que el Presidente Chaves, don Rodrigo, dé la luz verde para que se pueda debatir y votar el proyecto en la Asamblea. La pelota está totalmente en su cancha. De él depende si se salva a estas radios, o si seguimos viendo cómo el mercado las expulsa del dial.
Algunos puristas dirán que esto es entregar concesiones gratis, que se está distorsionando el libre mercado. Pero, miren, ¿qué valor tiene un mercado que excluye a quienes ofrecen un servicio valioso a la sociedad? ¿No es acaso responsabilidad del Estado proteger aquello que beneficia al bien común? Además, estas emisoras no compiten con las grandes cadenas comerciales; ellas llenan un vacío, ofrecen una alternativa cultural y espiritual que no encontrarías en otro lugar. Sin hablar de las comunidades rurales, donde la radio sigue siendo el medio de comunicación más accesible e importante.
En fin, la cosa está tensa, ¿verdad, maes? A ver qué decide el Presidente Chaves. ¿Debería apoyar la iniciativa de Fabricio Alvarado, aunque signifique ir en contra del discurso liberal y dejar claro que el bienestar de la gente vale más que la lógica del mercado, o debería quedarse con el rollo de la subasta y arriesgarse a ver cómo se apagan varias radios cristianas? ¡Díganme, ustedes qué piensan! ¿Es justo privilegiar a las emisoras religiosas con una concesión directa?
