¡Aguante! Parece que Álvaro Ramos, el candidato del PLN, anda buscando apaciguar aguas con los empleados públicos. En una actividad reciente, prometió echarle un ojo a la famosa Ley de Empleo Público, esa que le quitó los pluses a to’ aquel que trabaja pa’ el Estado. La movida es clara: busca captar votos, pero la pregunta es si realmente va a cambiar algo, porque esto huele a campaña, diay.
Para refrescarles la memoria a los más jóvenes, la Ley de Empleo Público llegó con la administración de Carlos Alvarado, y básicamente puso orden en el gallinero salarial. Cortaron los pluses y establecieron límites, alegando que el país estaba hasta las cejas en deudas y necesitaba frenar los gastos. Se acabaron los aumentos automáticos del 3% por antigüedad, esos que muchos consideraban un derecho adquirido. De repente, a varios se les cayó el mundo encima, y los sindicatos no pararon de protestar desde entonces. Un verdadero desmadre, vamos.
La promesa de Ramos la soltó frente al Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, el Observatorio del Mercado de los Derechos del Consumidor y la Cámara Nacional de Radiodifusores – un combo interesante, te digo. Estos gremios han sido algunos de los más vocales en la crítica a la Ley, argumentando que afecta la motivación de los funcionarios y reduce la calidad del servicio público. Que, claro, también tienen interés en que sus afiliados ganen más, pero bueno... eso es normal, ¿no?
Hasta ahora, el PLN no ha dado muchos detalles sobre cómo piensa Ramos revivir la Ley. Solo lanzó la frase “Las familias necesitan más ingresos, no más cargas”. Suena bien en un mitin, pero en la vida real, ¿qué significa eso? ¿Va a volver a los tiempos de bonos por respirar en la oficina? Eso suena poco probable, considerando la situación económica del país. A ver si le sacan puré, porque la gente quiere saber qué tiene planeado exactamente.
Y hablando de planes económicos, Ramos también anunció que empezará con un programa de alivio crediticio, basado en un proyecto presentado por el diputado Óscar Izquierdo. Este plan incluye reestructurar deudas y devolver el ROP, ese fondo que tanto dolor de cabeza le dio a mucha gente. Sería un buen gesto, sí, pero hay que ver cómo se financia y si no terminará siendo otro parche que engorda el déficit fiscal. ¡Qué torta sería si nos endeudamos más para intentar solucionar el problema!
La verdad es que la Ley de Empleo Público generó una polarización tremenda en la sociedad. Por un lado, estaban los que decían que era necesaria para ponerle fin a los privilegios y controlar el gasto público; por otro, los que argumentaban que afectaba los derechos laborales y desmotivaba a los funcionarios. No había término medio, pura pelea. Ahora, con la promesa de Ramos, parece que el debate vuelve a encenderse, y todos quieren saber si realmente va a cumplir su palabra. La cosa está calentísima, chunche.
Muchos analistas políticos señalan que este movimiento de Ramos es una estrategia para recuperar votantes perdidos en el sector público. Después de todo, la insatisfacción con la Ley de Empleo Público sigue siendo alta, especialmente entre los servidores públicos de mayor antigüedad. Pero también advierten que cualquier cambio drástico podría afectar la estabilidad financiera del país, así que tendrá que caminar con cuidado. Porque, díganlo con ganas, Costa Rica no está precisamente rica para andar tirando dinero a diestra y siniestra.
En fin, la pelota está en la cancha de Ramos. Tendremos que estar pendientes de sus próximos movimientos y ver si realmente cumple su promesa de revisar la Ley de Empleo Público. ¿Ustedes creen que Ramos logrará encontrar un punto medio que satisfaga a todos, o simplemente estamos frente a otra promesa de campaña que se olvidará pronto? ¿Será posible equilibrar la necesidad de control fiscal con el derecho a una remuneración justa para los empleados públicos?
Para refrescarles la memoria a los más jóvenes, la Ley de Empleo Público llegó con la administración de Carlos Alvarado, y básicamente puso orden en el gallinero salarial. Cortaron los pluses y establecieron límites, alegando que el país estaba hasta las cejas en deudas y necesitaba frenar los gastos. Se acabaron los aumentos automáticos del 3% por antigüedad, esos que muchos consideraban un derecho adquirido. De repente, a varios se les cayó el mundo encima, y los sindicatos no pararon de protestar desde entonces. Un verdadero desmadre, vamos.
La promesa de Ramos la soltó frente al Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, el Observatorio del Mercado de los Derechos del Consumidor y la Cámara Nacional de Radiodifusores – un combo interesante, te digo. Estos gremios han sido algunos de los más vocales en la crítica a la Ley, argumentando que afecta la motivación de los funcionarios y reduce la calidad del servicio público. Que, claro, también tienen interés en que sus afiliados ganen más, pero bueno... eso es normal, ¿no?
Hasta ahora, el PLN no ha dado muchos detalles sobre cómo piensa Ramos revivir la Ley. Solo lanzó la frase “Las familias necesitan más ingresos, no más cargas”. Suena bien en un mitin, pero en la vida real, ¿qué significa eso? ¿Va a volver a los tiempos de bonos por respirar en la oficina? Eso suena poco probable, considerando la situación económica del país. A ver si le sacan puré, porque la gente quiere saber qué tiene planeado exactamente.
Y hablando de planes económicos, Ramos también anunció que empezará con un programa de alivio crediticio, basado en un proyecto presentado por el diputado Óscar Izquierdo. Este plan incluye reestructurar deudas y devolver el ROP, ese fondo que tanto dolor de cabeza le dio a mucha gente. Sería un buen gesto, sí, pero hay que ver cómo se financia y si no terminará siendo otro parche que engorda el déficit fiscal. ¡Qué torta sería si nos endeudamos más para intentar solucionar el problema!
La verdad es que la Ley de Empleo Público generó una polarización tremenda en la sociedad. Por un lado, estaban los que decían que era necesaria para ponerle fin a los privilegios y controlar el gasto público; por otro, los que argumentaban que afectaba los derechos laborales y desmotivaba a los funcionarios. No había término medio, pura pelea. Ahora, con la promesa de Ramos, parece que el debate vuelve a encenderse, y todos quieren saber si realmente va a cumplir su palabra. La cosa está calentísima, chunche.
Muchos analistas políticos señalan que este movimiento de Ramos es una estrategia para recuperar votantes perdidos en el sector público. Después de todo, la insatisfacción con la Ley de Empleo Público sigue siendo alta, especialmente entre los servidores públicos de mayor antigüedad. Pero también advierten que cualquier cambio drástico podría afectar la estabilidad financiera del país, así que tendrá que caminar con cuidado. Porque, díganlo con ganas, Costa Rica no está precisamente rica para andar tirando dinero a diestra y siniestra.
En fin, la pelota está en la cancha de Ramos. Tendremos que estar pendientes de sus próximos movimientos y ver si realmente cumple su promesa de revisar la Ley de Empleo Público. ¿Ustedes creen que Ramos logrará encontrar un punto medio que satisfaga a todos, o simplemente estamos frente a otra promesa de campaña que se olvidará pronto? ¿Será posible equilibrar la necesidad de control fiscal con el derecho a una remuneración justa para los empleados públicos?
