Desde hoy, el Consejo de Seguridad Vial deberá comenzar a resolver las multas apeladas desde setiembre, cuando una acción de inconstitucionalidad paralizó el proceso.
Así lo comunicó esta tarde la Sala Constitucional, tras declarar sin lugar la gestión presentada por el Foro Nacional de Transportes, el Foro Nacional de Taxistas y la Cámara Nacional de Porteadores.
Esas organizaciones reclamaron que la inexistencia de una instancia superior para impugnar la decisión del Cosevi al resolver una apelación, violaba los principios del debido proceso y el derecho de defensa.
Sin embargo, los magistrados consideraron que no existe tal violación, pues los conductores insatisfechos con las decisiones pueden acudir a los juzgados de tránsito.
“Se estimó que no se infringe el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto, las partes pueden acudir a la vía jurisdiccional a discutir, plenariamente, el asunto”, dijo el comunicado del tribunal constitucional.
Desde que la Sala acogió para estudio este asunto, se acumularon 80.906 apelaciones de multas sin resolver, lo que significaban ¢14.189 millones en impugnaciones sin cobrar.
Héctor Monge, director del Cosevi, calculó que resolver esa cantidad de apelaciones podría tomarles unos siete meses.
