¡Ay, Dios mío, qué bronca! La gota que derramó el vaso parece que llegó, porque este viernes amanecimos con la noticia bomba: allanaron la casa del señor Randall Zúñiga, el mismísimo director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Sí, ese mismo que debería estar investigando cositas así, ahora él mismo en medio del ojo del huracán. ¡Imagínate el quite!
Resulta que la Fiscalía Adjunta de Género ha estado haciendo movimientos fuertes, con dos allanamientos simultáneos: uno en su residencia en La Uruca y otro en su oficina en el OIJ. Dicen que andaban buscando pruebas, documentos y hasta cosas electrónicas que puedan ayudar a esclarecer estas acusaciones que le cayeron encima. ¡Parece novela de teletecas!
Todo esto viene derivado de tres denuncias bien pesadas, presentadas en octubre y noviembre pasado. Una en Corredores, otra en Cartago y la última acá en San José. Todas hablan de presuntos delitos de índole sexual, incluyendo violación, contagio venéreo y otras cosas que ni me imagino. ¡Qué sal! Uno espera que las autoridades hagan bien el trabajo, pero vaya, que el caso esté encabezado por el jefe del OIJ... eso sí da mucho que pensar.
Según información del Ministerio Público, las denunciantes están recibiendo toda la ayuda posible por parte de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Eso es bueno, muy bueno, porque tienen derecho a sentirse seguras y apoyadas en este momento tan difícil. Lo importante es que tengan acceso a la atención psicológica y legal que necesitan para superar esta experiencia.
Ahora, a muchos nos surge la pregunta: ¿Cómo puede el director del OIJ, encargado de investigar estos tipos de crímenes, estar involucrado en algo así? Esto pone en tela de juicio la credibilidad del organismo y genera mucha incertidumbre en la gente. No es ningún secreto que hay desconfianza en muchas instituciones públicas, y casos como este no ayudan a mejorarla, sino que la empeoran considerablemente.
Lo curioso de todo este brete es que, aunque la ley presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, la imagen pública del señor Zúñiga ya está bastante dañada. Las redes sociales están hirviendo, la tele está cubriendo el caso a todas horas y la gente habla de esto en cualquier esquina. Parece que el “rating” de este caso va a estar por las nubes, aunque obviamente nadie se alegre por la situación que están viviendo las denunciantes.
Y claro, también tenemos que hablar del impacto político que esto podría tener. Estamos camino al cambio de mando, y un escándalo de esta magnitud, justo a estas alturas, puede moverle el piso al gobierno y afectar las elecciones del próximo año. Muchos analistas políticos ya están especulando sobre si esto le dará más impulso a alguna candidatura o si, por el contrario, terminará hundiendo aún más la confianza en la clase política. ¡Veremos cómo se desarrolla la vaina!
En fin, qué rollo. Esta situación está llena de preguntas y controversias, y seguramente veremos muchas vueltas más antes de llegar a una conclusión. Pero lo que sí es seguro es que este caso va a seguir dando de qué hablar por mucho tiempo. ¿Ustedes creen que el OIJ debería haber designado a alguien externo para investigar este caso, para evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia del proceso?
Resulta que la Fiscalía Adjunta de Género ha estado haciendo movimientos fuertes, con dos allanamientos simultáneos: uno en su residencia en La Uruca y otro en su oficina en el OIJ. Dicen que andaban buscando pruebas, documentos y hasta cosas electrónicas que puedan ayudar a esclarecer estas acusaciones que le cayeron encima. ¡Parece novela de teletecas!
Todo esto viene derivado de tres denuncias bien pesadas, presentadas en octubre y noviembre pasado. Una en Corredores, otra en Cartago y la última acá en San José. Todas hablan de presuntos delitos de índole sexual, incluyendo violación, contagio venéreo y otras cosas que ni me imagino. ¡Qué sal! Uno espera que las autoridades hagan bien el trabajo, pero vaya, que el caso esté encabezado por el jefe del OIJ... eso sí da mucho que pensar.
Según información del Ministerio Público, las denunciantes están recibiendo toda la ayuda posible por parte de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Eso es bueno, muy bueno, porque tienen derecho a sentirse seguras y apoyadas en este momento tan difícil. Lo importante es que tengan acceso a la atención psicológica y legal que necesitan para superar esta experiencia.
Ahora, a muchos nos surge la pregunta: ¿Cómo puede el director del OIJ, encargado de investigar estos tipos de crímenes, estar involucrado en algo así? Esto pone en tela de juicio la credibilidad del organismo y genera mucha incertidumbre en la gente. No es ningún secreto que hay desconfianza en muchas instituciones públicas, y casos como este no ayudan a mejorarla, sino que la empeoran considerablemente.
Lo curioso de todo este brete es que, aunque la ley presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, la imagen pública del señor Zúñiga ya está bastante dañada. Las redes sociales están hirviendo, la tele está cubriendo el caso a todas horas y la gente habla de esto en cualquier esquina. Parece que el “rating” de este caso va a estar por las nubes, aunque obviamente nadie se alegre por la situación que están viviendo las denunciantes.
Y claro, también tenemos que hablar del impacto político que esto podría tener. Estamos camino al cambio de mando, y un escándalo de esta magnitud, justo a estas alturas, puede moverle el piso al gobierno y afectar las elecciones del próximo año. Muchos analistas políticos ya están especulando sobre si esto le dará más impulso a alguna candidatura o si, por el contrario, terminará hundiendo aún más la confianza en la clase política. ¡Veremos cómo se desarrolla la vaina!
En fin, qué rollo. Esta situación está llena de preguntas y controversias, y seguramente veremos muchas vueltas más antes de llegar a una conclusión. Pero lo que sí es seguro es que este caso va a seguir dando de qué hablar por mucho tiempo. ¿Ustedes creen que el OIJ debería haber designado a alguien externo para investigar este caso, para evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia del proceso?
