¡Ay, Dios mío! Quién lo diría… Radio Sinfonola, la voz que acompañó a generaciones de costarricenses, colgó los audífonos este fin de semana, sumándose a una lista creciente de emisoras que se ven obligadas a cerrar puertas debido a los precios exorbitantes de las nuevas frecuencias impuestas por el gobierno. Todo esto en medio de un drama que parece sacado de un manual de cómo no manejar una subasta tan sensible como la de Sutel.
La jugada del Presidente Chaves, llamando exclusivamente a emisoras católicas y evangélicas para “discutir inquietudes”, ha levantado ampollas entre quienes consideran que se está favoreciendo a ciertos grupos religiosos en detrimento de medios independientes y comunitarios. Esta decisión ha sido criticada duramente por la oposición, periodistas y ciudadanos preocupados por la diversidad de voces en el espectro radial nacional. Parece que alguien olvidó que la radio es un servicio público, mae, no un privilegio selectivo.
La historia de Radio Sinfonola, con sus casi 60 años de trayectoria, es un golpe duro para el patrimonio cultural del país. Carlos Lafuente, el gerente, soltó la bomba con un mensaje cargado de nostalgia y frustración, haciendo hincapié en que, pese a ser una de las emisoras más escuchadas, simplemente no podían afrontar las sumas astronómicas que exige el gobierno para mantener su licencia. ¡Unos cientos de millones!, diay... ¿Dónde quedó la defensa de la pequeña y mediana empresa?
Y ni hablar de otras emisoras, muchas de ellas ubicadas en zonas rurales, que tampoco tienen los recursos para competir en esta jungla financiera. Estas emisoras, que a menudo sirven como enlace vital para comunidades aisladas, ahora corren el riesgo de desaparecer, privando a sus habitantes de información y entretenimiento esencial. Es como si se estuviera cerrando una ventana al mundo para esos pueblos, y eso, mis panas, no tiene nombre.
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el precio base para los canales de televisión con cobertura nacional ronda los $1.6 millones, mientras que las emisoras de FM deben desembolsar entre $193,051 y $386,102 por 200 y 400 kHz respectivamente. Estas cifras, consideradas abusivas por muchos, han provocado un éxodo masivo de emisoras, dejando el panorama radial dominado por grandes conglomerados mediáticos y empresas extranjeras. ¿Vamos a acabar teniendo solo radios corporativas, chl?
El caso de Radio Sinfonola puso el dedo en la llaga sobre la política económica del gobierno actual, que algunos critican por favorecer la inversión extranjera a costa de las pequeñas empresas nacionales. Además, la exclusividad en la convocatoria a emisoras religiosas genera sospechas sobre posibles influencias políticas en el proceso, aunque la Casa Presidencial defiende su postura argumentando que buscaban atender específicamente las preocupaciones de este sector. Pero, vamos, hacerlo a puerta cerrada deja mucho que desear en transparencia.
Muchos analistas señalan que esta subasta, impulsada con una aparente prisa poco justificada, podría tener consecuencias nefastas para el pluralismo informativo en Costa Rica. El control de las ondas electromagnéticas, que deberían ser un bien común, está pasando a manos privadas, lo que podría limitar la diversidad de opiniones y perspectivas disponibles para los ciudadanos. Se avecina un futuro donde escucharás siempre lo mismo, eso seguro.
Ante este panorama desalentador, queda inevitable preguntarnos: ¿Hasta dónde llegará el gobierno en su afán por privatizar los medios de comunicación y qué medidas podemos tomar como sociedad para proteger la libertad de expresión y garantizar que todas las voces tengan cabida en el debate público costarricense? ¿Crees que existe alguna solución viable para evitar que más emisoras se vayan al traste y asegurar un panorama mediático diverso e independiente en nuestro país?
La jugada del Presidente Chaves, llamando exclusivamente a emisoras católicas y evangélicas para “discutir inquietudes”, ha levantado ampollas entre quienes consideran que se está favoreciendo a ciertos grupos religiosos en detrimento de medios independientes y comunitarios. Esta decisión ha sido criticada duramente por la oposición, periodistas y ciudadanos preocupados por la diversidad de voces en el espectro radial nacional. Parece que alguien olvidó que la radio es un servicio público, mae, no un privilegio selectivo.
La historia de Radio Sinfonola, con sus casi 60 años de trayectoria, es un golpe duro para el patrimonio cultural del país. Carlos Lafuente, el gerente, soltó la bomba con un mensaje cargado de nostalgia y frustración, haciendo hincapié en que, pese a ser una de las emisoras más escuchadas, simplemente no podían afrontar las sumas astronómicas que exige el gobierno para mantener su licencia. ¡Unos cientos de millones!, diay... ¿Dónde quedó la defensa de la pequeña y mediana empresa?
Y ni hablar de otras emisoras, muchas de ellas ubicadas en zonas rurales, que tampoco tienen los recursos para competir en esta jungla financiera. Estas emisoras, que a menudo sirven como enlace vital para comunidades aisladas, ahora corren el riesgo de desaparecer, privando a sus habitantes de información y entretenimiento esencial. Es como si se estuviera cerrando una ventana al mundo para esos pueblos, y eso, mis panas, no tiene nombre.
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el precio base para los canales de televisión con cobertura nacional ronda los $1.6 millones, mientras que las emisoras de FM deben desembolsar entre $193,051 y $386,102 por 200 y 400 kHz respectivamente. Estas cifras, consideradas abusivas por muchos, han provocado un éxodo masivo de emisoras, dejando el panorama radial dominado por grandes conglomerados mediáticos y empresas extranjeras. ¿Vamos a acabar teniendo solo radios corporativas, chl?
El caso de Radio Sinfonola puso el dedo en la llaga sobre la política económica del gobierno actual, que algunos critican por favorecer la inversión extranjera a costa de las pequeñas empresas nacionales. Además, la exclusividad en la convocatoria a emisoras religiosas genera sospechas sobre posibles influencias políticas en el proceso, aunque la Casa Presidencial defiende su postura argumentando que buscaban atender específicamente las preocupaciones de este sector. Pero, vamos, hacerlo a puerta cerrada deja mucho que desear en transparencia.
Muchos analistas señalan que esta subasta, impulsada con una aparente prisa poco justificada, podría tener consecuencias nefastas para el pluralismo informativo en Costa Rica. El control de las ondas electromagnéticas, que deberían ser un bien común, está pasando a manos privadas, lo que podría limitar la diversidad de opiniones y perspectivas disponibles para los ciudadanos. Se avecina un futuro donde escucharás siempre lo mismo, eso seguro.
Ante este panorama desalentador, queda inevitable preguntarnos: ¿Hasta dónde llegará el gobierno en su afán por privatizar los medios de comunicación y qué medidas podemos tomar como sociedad para proteger la libertad de expresión y garantizar que todas las voces tengan cabida en el debate público costarricense? ¿Crees que existe alguna solución viable para evitar que más emisoras se vayan al traste y asegurar un panorama mediático diverso e independiente en nuestro país?
