Un ejemplo de la política de desplazar a los incriminados de lugar a lugar es el caso del sacerdote Eleuterio
Al Ramos de la diócesis de
Orange, quien, como en otros casos, fue reasignado a otra parroquia tras su tratamiento, como lo evidencia un documento fechado
3 de abril de
1980 en donde el acusado fue transferido a otro lugar de acción pastoral después de haber sido sometido a tratamientos psicológicos por actos cometidos a finales de la
década de los 70.
[47] En
1993 y
1994 dos expedientes habían sido abiertos para Ramos y para la Diócesis de Orange por el caso de dos muchachos a los cuales, según el informe, Ramos embriagó, les mostró películas pornográficas y procedió al abuso. Posteriormente Ramos admitió en la corte que había abusado de un número mayor de muchachos y que les había tomado fotografías desnudos. El sacerdote fue transferido a una centro de rehabilitación en
Massachusetts y en
1985 fue transferido nuevamente a
Tijuana. Otro expediente fue abierto para Ramos en
2003 en el cual Ramos es acusado de violar un muchacho en un hotel de
San Diego con otros sujetos y del abuso repetido de muchachos del condado de Orange después de que el sacerdote dejó la diócesis. En el juicio de 2003 Ramos confesó que había abusado de al menos 25 muchachos y murió un año después a la edad de 64 años.
[48]
Otro caso se presentó en
Colombia en el caso del sacerdote
Efraín Rozo, acusado de haber violado a niños y jóvenes en
Estados Unidos, delitos que confesó públicamente en un video
[50] y por lo cual se le lleva un proceso en el Estado de
California. El
Tribunal Eclesiástico de Bogotá le adelantó un proceso por el abuso de dos seminaristas, entre ellos su propio sobrino, hace más de 40 años, pero al final fue declarado inocente porque según la sentencia los delitos prescribieron por haber sucedido hace más de 40 años. En un comunicado emitido por el vicario judicial eclesiástico de la capital colombiana, se declara:
