¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con leyes que más que solucionar problemas, crean nuevos dolores de cabeza. Resulta que unos diputados quieren mandar al garete los vapes en Costa Rica – ¡absoluta prohibición!, importación, venta y uso, todo incluido. Dicen que es por la salud pública, pero a ver quién me explica cómo va a salir esto bien si la gente siempre encuentra la forma de conseguirse lo que quiere, ¿eh?
La diputada Ada Acuña, con toda la razón del mundo en defender a la juventud, propone este cambio radical. Argumenta que la ley actual, la 10.066, ha sido un fracaso mayúsculo. Que la industria tabacalera se ha lucido burlando los controles y metiendo a los jóvenes en un lío pegajoso con estos aparatitos.
Y es que hay que reconocerlo, la cosa está fea. Sabores frutales que atraen como imanes a los adolescentes, publicidad disfrazada y una oferta constante que les hace creer que vapear es lo último en moda. Pero, ¿la solución es prohibirlo todo y esperar que desaparezca mágicamente? ¡No seas naíf!
Según los expertos de Renata, la Red Nacional Antitabaco, prohibir sin controlar es tirar la toalla. Alertan que si no fortalecemos los controles aduaneros y vigilan bien las plataformas online, el vacío lo va a llenar el “mercado paralelo”, con productos aún peores y más peligrosos. ¡Imagínate la bronca!
Jeancarlo Córdoba, otro guru de la salud pública de Renata, le pone pausa al asunto. Señala que la ley existe desde 2022, pero tardaron hasta agosto de 2024 en ponerla en marcha. “No podemos echarle la culpa a la legislación cuando apenas ahora la estamos aplicando correctamente,” dice él. Hay que darle tiempo a las cosas, ¿no creen?
Por supuesto, hay quienes defienden la medida extrema. Sostienen que Costa Rica debería seguir el ejemplo de otros ocho países de la región que ya han dicho basta a los vapes. Quieren mostrar músculo y mandar el mensaje claro de que la salud de los ticos es prioritario. ¡Pero ojo con las consecuencias!
Algunos recuerdan el caso del Ministerio de Salud, que ya prohibió los vaporizadores con nicotina sintética o cannabinoides. Ese movimiento, aunque valioso, tampoco resolvió el problema de raíz. Simplemente desplazó el negocio a canales menos visibles y potencialmente más riesgosos. La clave está en la implementación, mi pana, en asegurar que la ley realmente se cumpla.
Así que aquí estamos, ante un dilema clásico: ¿prohibición total y riesgo de mercado negro, o controles más estrictos y posibilidad de éxito a largo plazo? La decisión es del Congreso, pero nosotros, los ciudadanos, tenemos nuestro papel. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es la prohibición total la mejor manera de proteger a nuestros jóvenes o deberíamos apostar por soluciones más inteligentes y duraderas? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
La diputada Ada Acuña, con toda la razón del mundo en defender a la juventud, propone este cambio radical. Argumenta que la ley actual, la 10.066, ha sido un fracaso mayúsculo. Que la industria tabacalera se ha lucido burlando los controles y metiendo a los jóvenes en un lío pegajoso con estos aparatitos.
Y es que hay que reconocerlo, la cosa está fea. Sabores frutales que atraen como imanes a los adolescentes, publicidad disfrazada y una oferta constante que les hace creer que vapear es lo último en moda. Pero, ¿la solución es prohibirlo todo y esperar que desaparezca mágicamente? ¡No seas naíf!
Según los expertos de Renata, la Red Nacional Antitabaco, prohibir sin controlar es tirar la toalla. Alertan que si no fortalecemos los controles aduaneros y vigilan bien las plataformas online, el vacío lo va a llenar el “mercado paralelo”, con productos aún peores y más peligrosos. ¡Imagínate la bronca!
Jeancarlo Córdoba, otro guru de la salud pública de Renata, le pone pausa al asunto. Señala que la ley existe desde 2022, pero tardaron hasta agosto de 2024 en ponerla en marcha. “No podemos echarle la culpa a la legislación cuando apenas ahora la estamos aplicando correctamente,” dice él. Hay que darle tiempo a las cosas, ¿no creen?
Por supuesto, hay quienes defienden la medida extrema. Sostienen que Costa Rica debería seguir el ejemplo de otros ocho países de la región que ya han dicho basta a los vapes. Quieren mostrar músculo y mandar el mensaje claro de que la salud de los ticos es prioritario. ¡Pero ojo con las consecuencias!
Algunos recuerdan el caso del Ministerio de Salud, que ya prohibió los vaporizadores con nicotina sintética o cannabinoides. Ese movimiento, aunque valioso, tampoco resolvió el problema de raíz. Simplemente desplazó el negocio a canales menos visibles y potencialmente más riesgosos. La clave está en la implementación, mi pana, en asegurar que la ley realmente se cumpla.
Así que aquí estamos, ante un dilema clásico: ¿prohibición total y riesgo de mercado negro, o controles más estrictos y posibilidad de éxito a largo plazo? La decisión es del Congreso, pero nosotros, los ciudadanos, tenemos nuestro papel. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es la prohibición total la mejor manera de proteger a nuestros jóvenes o deberíamos apostar por soluciones más inteligentes y duraderas? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
