¡Ay, Dios mío, qué alivio general! Después de meses de pataleo y angustia que rayaban en lo cómico y lo desesperante, la Contraloría le dio luz verde a esos ¢2.700 millones que estaban pendientes para las licencias de cuidado. Una verdadera torta, ¿eh? Ver a tantas familias sufriendo por no poder tener un respiro decente mientras cuidaban a sus seres queridos enfermos o terminando sus días. Pero bueno, parece que la insistencia y la presión dieron sus frutos.
Para quienes no estén enterados, la movida es así: muchos cuidadores –mae, gente trabajadora que se sacrifica día y noche– quedaron sin poder acceder a sus licencias pagadas, afectando gravemente sus finanzas y bienestar emocional. Imagínate tener que dejar de trabajar para atender a alguien y encima no recibir lo que te corresponde. Un brete, diay. Desde la semana pasada, un grupo importante de estos cuidadores se plantó frente a Casa Presidencia, haciendo sentir su voz y exigiendo una solución. Demostraron que cuando la unión hace la fuerza, se pueden mover montañas, aunque sean burocráticas.
Ivón Brenes, quien ha sido una líder fundamental en esta lucha, no pudo contener las lágrimas de alegría al anunciar la resolución de la Contraloría. “Se hizo justicia”, exclamó, y vaya si es cierto. Detrás de ella, cientos de rostros iluminados, de compañeros que han sufrido, que han perdido pacientes y, algunos incluso, compañeros de camino en esta batalla. Me imagino a la mamá de Manuel, de Simón y de Mariel pensando 'por fin, llegamos'. Un aplauso para todos ellos, que convirtieron el dolor en motor de cambio.
Pero ojo, que esto no es solamente celebrar, sino también reflexionar. Como bien señaló Brenes, toda esta situación nos recuerda la importancia de nuestra institucionalidad. Que, a pesar de los baches y los trámites engorrosos, las instituciones costarricenses sí funcionan, brindándonos seguridad y respaldo. Además, nos pone en evidencia el privilegio que tenemos de contar con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ningún otro país centroamericano tiene un sistema social tan robusto como el nuestro, y eso es algo que debemos proteger a capa y espada.
Y hablando de protección, no olvidemos que la Contraloría dejó claro que la responsabilidad de ejecutar estos recursos recae exclusivamente en la CCSS. Ellos son los encargados de poner en marcha todo este proceso, asegurándose de que llegue a manos de quienes realmente lo necesitan. El ente contralor solo aprobó el presupuesto, pero la gestión queda en manos de la Caja, que esperamos haga un buen trabajo y evite cualquier despiste. Porque, díganle a mis viejos, los despistes con la plata pública no tienen perdón de Dios.
Más allá de la aprobación de estos recursos, la comunidad de cuidadores mantiene activa una campaña solidaria para apoyar a las familias más vulnerables. Están recolectando víveres, artículos de aseo, pañales, fórmula infantil... ¡de todo! Pero ojo, ¡que no se les antoje la donación! Dejemos claro que no se está recibiendo dinero. Ni números de Sinpe, ni efectivo. Lo que necesitamos es ayuda material, productos esenciales para cubrir las necesidades básicas. Es un gesto bonito, muestra la solidaridad que aún existe en nuestro país y que, a pesar de las diferencias, somos capaces de unirnos por una causa noble.
Esta aprobación es un paso gigante, pero aún quedan muchas batallas por librar. La necesidad de fortalecer nuestros sistemas de apoyo familiar sigue siendo urgente. Necesitamos políticas públicas que reconozcan el valor del trabajo de cuidado, que ofrezcan condiciones laborales dignas a los cuidadores y que brinden acompañamiento a las familias afectadas. Este es el momento de construir un país donde nadie se sienta solo o abandonado, donde el amor y la solidaridad sean pilares fundamentales de nuestra sociedad. Recordemos que somos pura vida, pura bondad y que los buenos siempre somos más.
Ahora bien, con todo este panorama, ¿creen que la Contraloría debería tener más control sobre la ejecución de estos fondos para evitar posibles desviaciones o demoras? ¿O creen que la autonomía de la CCSS es suficiente para garantizar una gestión transparente y eficiente?
Para quienes no estén enterados, la movida es así: muchos cuidadores –mae, gente trabajadora que se sacrifica día y noche– quedaron sin poder acceder a sus licencias pagadas, afectando gravemente sus finanzas y bienestar emocional. Imagínate tener que dejar de trabajar para atender a alguien y encima no recibir lo que te corresponde. Un brete, diay. Desde la semana pasada, un grupo importante de estos cuidadores se plantó frente a Casa Presidencia, haciendo sentir su voz y exigiendo una solución. Demostraron que cuando la unión hace la fuerza, se pueden mover montañas, aunque sean burocráticas.
Ivón Brenes, quien ha sido una líder fundamental en esta lucha, no pudo contener las lágrimas de alegría al anunciar la resolución de la Contraloría. “Se hizo justicia”, exclamó, y vaya si es cierto. Detrás de ella, cientos de rostros iluminados, de compañeros que han sufrido, que han perdido pacientes y, algunos incluso, compañeros de camino en esta batalla. Me imagino a la mamá de Manuel, de Simón y de Mariel pensando 'por fin, llegamos'. Un aplauso para todos ellos, que convirtieron el dolor en motor de cambio.
Pero ojo, que esto no es solamente celebrar, sino también reflexionar. Como bien señaló Brenes, toda esta situación nos recuerda la importancia de nuestra institucionalidad. Que, a pesar de los baches y los trámites engorrosos, las instituciones costarricenses sí funcionan, brindándonos seguridad y respaldo. Además, nos pone en evidencia el privilegio que tenemos de contar con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ningún otro país centroamericano tiene un sistema social tan robusto como el nuestro, y eso es algo que debemos proteger a capa y espada.
Y hablando de protección, no olvidemos que la Contraloría dejó claro que la responsabilidad de ejecutar estos recursos recae exclusivamente en la CCSS. Ellos son los encargados de poner en marcha todo este proceso, asegurándose de que llegue a manos de quienes realmente lo necesitan. El ente contralor solo aprobó el presupuesto, pero la gestión queda en manos de la Caja, que esperamos haga un buen trabajo y evite cualquier despiste. Porque, díganle a mis viejos, los despistes con la plata pública no tienen perdón de Dios.
Más allá de la aprobación de estos recursos, la comunidad de cuidadores mantiene activa una campaña solidaria para apoyar a las familias más vulnerables. Están recolectando víveres, artículos de aseo, pañales, fórmula infantil... ¡de todo! Pero ojo, ¡que no se les antoje la donación! Dejemos claro que no se está recibiendo dinero. Ni números de Sinpe, ni efectivo. Lo que necesitamos es ayuda material, productos esenciales para cubrir las necesidades básicas. Es un gesto bonito, muestra la solidaridad que aún existe en nuestro país y que, a pesar de las diferencias, somos capaces de unirnos por una causa noble.
Esta aprobación es un paso gigante, pero aún quedan muchas batallas por librar. La necesidad de fortalecer nuestros sistemas de apoyo familiar sigue siendo urgente. Necesitamos políticas públicas que reconozcan el valor del trabajo de cuidado, que ofrezcan condiciones laborales dignas a los cuidadores y que brinden acompañamiento a las familias afectadas. Este es el momento de construir un país donde nadie se sienta solo o abandonado, donde el amor y la solidaridad sean pilares fundamentales de nuestra sociedad. Recordemos que somos pura vida, pura bondad y que los buenos siempre somos más.
Ahora bien, con todo este panorama, ¿creen que la Contraloría debería tener más control sobre la ejecución de estos fondos para evitar posibles desviaciones o demoras? ¿O creen que la autonomía de la CCSS es suficiente para garantizar una gestión transparente y eficiente?
