¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con movidas turbias en el BCR. Resulta que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), esos que trabajan duro para limpiar la mugre, acaba de concluir que todos los negocios entre BCR SAFI y el grupo del exdiputado Humberto Vargas Corrales estaban repletos de huecos y cositas raras. Esto no pinta nada bien para la imagen del banco y menos para los bolsillos de los contribuyentes, porque al final, nosotros pagamos la factura.
La jugada, según la investigación, era sencilla pero artera: el grupo de Vargas – él, su hijo, unos socios – vendían propiedades a precio inflado a BCR SAFI, específicamente a través de sus subsidiarias. Al final, la estafa dejó ganancias por encima de los $92 millones para este grupete, al que la Fiscalía ya catalogó como una organización criminal. ¿Se imaginan cuánto se pudo haber hecho con esa plata para mejorar hospitales o escuelas? Pues ahí la tienen, botada por unos coyotes buscando llenarse los bolsillos.
Pero no se quedan ellos solos en esto. La Fiscalía dice que toda esta trama se gestó bajo un plan maestro, con cada uno cumpliendo su rol: Vargas dando la cara, su hijo haciendo el papel de ejecutivo, los socios manejando las empresas fantasma... Y claro, metidos en esto también están algunos personajes que trabajaban en la SAFI, gente que debía estar cuidando los intereses del banco, pero que parece que estuvieron más preocupados por engordar sus cuentas bancarias. ¡Qué pena ajena!
Las propiedades involucradas son un verdadero muestrario de cómo se pueden lavar pesos con bienes raíces: CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca, BC San Pablo, BC Ciudad Colón, BC Pavas, y el famoso Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Imagínense, el Parque Empresarial del Pacífico, ese lugar que prometía desarrollo y progreso, terminó siendo el símbolo de la corrupción y el desfalco. Lo que se siente uno al saber cómo nos han tomado el pelo.
Lo más escalofriante es cómo la Fiscalía descifra las transacciones. Por ejemplo, el CE Guadalupe, que el grupo de Vargas compró por 1,3 millones de dólares, lo vendieron a la SAFI por la friolera de 12 millones. ¡Doce millones! Y eso no es nada comparado con el Parque Empresarial del Pacífico, que adquirieron por 16 millones y vendieron por 70. ¡Un aumento de 54 millones en poco más de un año! Una locura, un despache total.
Y lo peor es que, según la Fapta, este modus operandi estaba lleno de inconsistencias, omisiones y mentiras. Nadie parecía fijarse en los precios exorbitantes, nadie preguntó por qué se estaban comprando propiedades que no generaban ningún beneficio. Parece que la Junta Directiva y el Comité de Inversión de la SAFI tenían los ojos vendados o, peor aún, estaban cómplices del saqueo. Ya veremos qué dicen ahora que están metidos en el barro.
Además, la Fiscalía señala a varios individuos que parecen haber facilitado estos negocios turbios: funcionarios de la SAFI, peritos externos, e incluso abogados que deberían haber alertado sobre las irregularidades. Todos ellos, aparentemente, cerraron los ojos ante la evidencia y permitieron que el dinero público terminara en manos equivocadas. ¿Será que hay tanta plata de por medio que justifica traicionar al país?
Con todo esto, me pregunto: ¿Cómo podemos confiar en las instituciones financieras si vemos casos como este tan seguido? ¿Deberíamos exigir auditorías más transparentes y sanciones más duras para evitar que esto vuelva a pasar, o estamos condenados a repetir la historia una y otra vez? ¿Ustedes qué opinan, colegas del Foro?
La jugada, según la investigación, era sencilla pero artera: el grupo de Vargas – él, su hijo, unos socios – vendían propiedades a precio inflado a BCR SAFI, específicamente a través de sus subsidiarias. Al final, la estafa dejó ganancias por encima de los $92 millones para este grupete, al que la Fiscalía ya catalogó como una organización criminal. ¿Se imaginan cuánto se pudo haber hecho con esa plata para mejorar hospitales o escuelas? Pues ahí la tienen, botada por unos coyotes buscando llenarse los bolsillos.
Pero no se quedan ellos solos en esto. La Fiscalía dice que toda esta trama se gestó bajo un plan maestro, con cada uno cumpliendo su rol: Vargas dando la cara, su hijo haciendo el papel de ejecutivo, los socios manejando las empresas fantasma... Y claro, metidos en esto también están algunos personajes que trabajaban en la SAFI, gente que debía estar cuidando los intereses del banco, pero que parece que estuvieron más preocupados por engordar sus cuentas bancarias. ¡Qué pena ajena!
Las propiedades involucradas son un verdadero muestrario de cómo se pueden lavar pesos con bienes raíces: CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca, BC San Pablo, BC Ciudad Colón, BC Pavas, y el famoso Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Imagínense, el Parque Empresarial del Pacífico, ese lugar que prometía desarrollo y progreso, terminó siendo el símbolo de la corrupción y el desfalco. Lo que se siente uno al saber cómo nos han tomado el pelo.
Lo más escalofriante es cómo la Fiscalía descifra las transacciones. Por ejemplo, el CE Guadalupe, que el grupo de Vargas compró por 1,3 millones de dólares, lo vendieron a la SAFI por la friolera de 12 millones. ¡Doce millones! Y eso no es nada comparado con el Parque Empresarial del Pacífico, que adquirieron por 16 millones y vendieron por 70. ¡Un aumento de 54 millones en poco más de un año! Una locura, un despache total.
Y lo peor es que, según la Fapta, este modus operandi estaba lleno de inconsistencias, omisiones y mentiras. Nadie parecía fijarse en los precios exorbitantes, nadie preguntó por qué se estaban comprando propiedades que no generaban ningún beneficio. Parece que la Junta Directiva y el Comité de Inversión de la SAFI tenían los ojos vendados o, peor aún, estaban cómplices del saqueo. Ya veremos qué dicen ahora que están metidos en el barro.
Además, la Fiscalía señala a varios individuos que parecen haber facilitado estos negocios turbios: funcionarios de la SAFI, peritos externos, e incluso abogados que deberían haber alertado sobre las irregularidades. Todos ellos, aparentemente, cerraron los ojos ante la evidencia y permitieron que el dinero público terminara en manos equivocadas. ¿Será que hay tanta plata de por medio que justifica traicionar al país?
Con todo esto, me pregunto: ¿Cómo podemos confiar en las instituciones financieras si vemos casos como este tan seguido? ¿Deberíamos exigir auditorías más transparentes y sanciones más duras para evitar que esto vuelva a pasar, o estamos condenados a repetir la historia una y otra vez? ¿Ustedes qué opinan, colegas del Foro?
