¡Ay, Dios mío! El caso Barrenador sigue dando qué hablar, má' que nunca. Resulta que ahora la diputada frenteamplista Rocío Alfaro anda pidiendo a los legisladores de la comisión investigadora que dejen de andar buscando pelos en la sopa y se enfoquen en quiénes realmente son los jefes detrás de esos sobreprecios escandalosos en la Caja. ¡Una torta lo que se ha armado!
Todo empezó porque algunos legisladores oficialistas, entre ellos Daniel Vargas, y unos representantes de las cooperativas comenzaron a ponerle lupa al trabajo del Área de Contabilidad de Costos de la Caja. Dicen que hubo decisiones turbias y que se manejó la información como si fuera chunche de nadie. ¡Imagínate la bronca que eso ha generado en la comisión!
Alfaro, bien seca como siempre, soltó que ya basta de andar con esas minucias de “evidencias”. Según ella, el tema es directo: hay que identificar y castigar a los responsables políticos. "El tema de las evidencias aquí no tiene ningún sentido, deberíamos retomar el hilo de establecer las responsabilidades políticas que corresponden", sentenció la diputada, dejando claro que no le andan entrando a rodeos.
Pero la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, no se quedó callada. Ella también lanzó unas verdades fuertes, criticando cómo esta investigación está afectando la calidad de los servicios que recibe la gente. "La Caja reconoce que la calidad del servicio en La Carpio y León XXIII va a disminuir porque ustedes decidieron no participar (Asemeco)", enfatizó Álvarez. ¡Y vaya que sí que afecta, mae!
Álvarez también dejó caer que considera que hubo un manejo inadecuado por parte de la junta directiva de la Caja, alegando que al final, son las poblaciones más vulnerables las que están pagando la factura. ¡Qué salado! Que se vea perjudicada a la gente por estos bretes políticos, te quita las ganas de comer gallito.
Recordemos, el Caso Barrenador es una olla que comenzó con una licitación pública en el 2023, donde la Caja adjudicó 138 EBAIS a cinco cooperativas distintas. Pero resultó que la Fiscalía sospecha que hubo un sobreprecio de ¡más de doce mil cuatrocientos millones de colones! Una cifra que hace temblar hasta al más valiente.
Las investigaciones continúan, y mientras tanto, la polémica no para. Se espera que en las próximas semanas la Comisión presente un informe detallado con sus hallazgos. La ciudadanía está expectante, esperando ver si finalmente se esclarece este asunto y se hacen justicia a los ciudadanos afectados por esta estafa. Veremos si logran desenmascarar a los peces gordos que están detrás de todo esto, o si este caso seguirá siendo un dolor de cabeza para el país.
Definitivamente, este caso tiene a todos pegaditos a la tele. Con tantas idas y vueltas, tanta acusación cruzada… ¿Ustedes creen que realmente llegarán al fondo del problema y van a responsabilizar a quienes se enriquecieron a costa del bienestar de la población, o este caso se quedará en el olvido como tantos otros?
Todo empezó porque algunos legisladores oficialistas, entre ellos Daniel Vargas, y unos representantes de las cooperativas comenzaron a ponerle lupa al trabajo del Área de Contabilidad de Costos de la Caja. Dicen que hubo decisiones turbias y que se manejó la información como si fuera chunche de nadie. ¡Imagínate la bronca que eso ha generado en la comisión!
Alfaro, bien seca como siempre, soltó que ya basta de andar con esas minucias de “evidencias”. Según ella, el tema es directo: hay que identificar y castigar a los responsables políticos. "El tema de las evidencias aquí no tiene ningún sentido, deberíamos retomar el hilo de establecer las responsabilidades políticas que corresponden", sentenció la diputada, dejando claro que no le andan entrando a rodeos.
Pero la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, no se quedó callada. Ella también lanzó unas verdades fuertes, criticando cómo esta investigación está afectando la calidad de los servicios que recibe la gente. "La Caja reconoce que la calidad del servicio en La Carpio y León XXIII va a disminuir porque ustedes decidieron no participar (Asemeco)", enfatizó Álvarez. ¡Y vaya que sí que afecta, mae!
Álvarez también dejó caer que considera que hubo un manejo inadecuado por parte de la junta directiva de la Caja, alegando que al final, son las poblaciones más vulnerables las que están pagando la factura. ¡Qué salado! Que se vea perjudicada a la gente por estos bretes políticos, te quita las ganas de comer gallito.
Recordemos, el Caso Barrenador es una olla que comenzó con una licitación pública en el 2023, donde la Caja adjudicó 138 EBAIS a cinco cooperativas distintas. Pero resultó que la Fiscalía sospecha que hubo un sobreprecio de ¡más de doce mil cuatrocientos millones de colones! Una cifra que hace temblar hasta al más valiente.
Las investigaciones continúan, y mientras tanto, la polémica no para. Se espera que en las próximas semanas la Comisión presente un informe detallado con sus hallazgos. La ciudadanía está expectante, esperando ver si finalmente se esclarece este asunto y se hacen justicia a los ciudadanos afectados por esta estafa. Veremos si logran desenmascarar a los peces gordos que están detrás de todo esto, o si este caso seguirá siendo un dolor de cabeza para el país.
Definitivamente, este caso tiene a todos pegaditos a la tele. Con tantas idas y vueltas, tanta acusación cruzada… ¿Ustedes creen que realmente llegarán al fondo del problema y van a responsabilizar a quienes se enriquecieron a costa del bienestar de la población, o este caso se quedará en el olvido como tantos otros?
