El gobierno de Costa Rica ha destinado más de 179 millones de colones a las comunidades indígenas de Cabécar de Bajo Chirripó y Alto Laguna Guaymí de Sierpe de Osa, Puntarenas. Esta inversión es parte de un esfuerzo integral para conservar los bosques y reducir las emisiones forestales, en un período retroactivo desde 2018 hasta 2024.
La formalización del pago fue anunciada por el presidente Rodrigo Chaves Robles durante una conferencia de prensa, destacando la colaboración con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (Fonafifo-MINAE). Este esfuerzo culminó con la elaboración de los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT), herramientas esenciales que integran a diversos miembros de la comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes y líderes locales.
El presidente Chaves subrayó la importancia de ser el primer país en trabajar con los 24 territorios indígenas a través de los PAFT, que no solo promueven la inversión en estos territorios, sino que también son requisitos para acceder a recursos financieros climáticos mediante el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF). Estos planes, desarrollados bajo un proceso participativo que respeta la cosmovisión indígena y el marco legal costarricense, abordan temas cruciales como el saneamiento territorial, la seguridad jurídica y el pago por servicios ambientales.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, informó que ocho PAFT ya han sido finalizados, con otros en diversas etapas de validación y construcción. Los territorios indígenas han recibido más de quinientos millones de colones en total por la implementación de estos planes, evidenciando la relevancia de estos instrumentos de planificación para el gobierno y las comunidades.
Farlin Artavia Pino, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Bajo Chirripó, destacó los retos y logros del proceso de elaboración de los PAFT, resaltando la inclusión y el compromiso comunitario. La comunidad ha mostrado un gran interés en la protección ambiental, apropiándose de estas herramientas de planificación que, aunque demandan tiempo y recursos, han resultado en beneficios tangibles.
La financiación de las actividades para la elaboración de los PAFT proviene del Fondo Verde del Clima, gestionado por Fonafifo con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este financiamiento, obtenido en 2020, ha sido fundamental para el desarrollo de estas herramientas mediante un proceso participativo que garantiza la inclusión y el respeto a las culturas indígenas.
La colaboración entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Ambiente y Energía ha definido acciones clave en materia ambiental y forestal, asegurando que las decisiones y planes reflejen las necesidades y la visión de los habitantes de estos territorios. Este modelo de trabajo conjunto no solo fomenta la conservación del medio ambiente, sino que también fortalece la autonomía y el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en Costa Rica.
Este hito en la gestión ambiental costarricense subraya el compromiso del país con la inclusión y la sostenibilidad, convirtiéndose en un ejemplo a seguir a nivel mundial.
La inversión en la conservación de los bosques y la participación activa de las comunidades indígenas no solo contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también promueve un modelo de desarrollo que respeta y valora las culturas ancestrales y su relación con la naturaleza.
La formalización del pago fue anunciada por el presidente Rodrigo Chaves Robles durante una conferencia de prensa, destacando la colaboración con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (Fonafifo-MINAE). Este esfuerzo culminó con la elaboración de los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT), herramientas esenciales que integran a diversos miembros de la comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes y líderes locales.
El presidente Chaves subrayó la importancia de ser el primer país en trabajar con los 24 territorios indígenas a través de los PAFT, que no solo promueven la inversión en estos territorios, sino que también son requisitos para acceder a recursos financieros climáticos mediante el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF). Estos planes, desarrollados bajo un proceso participativo que respeta la cosmovisión indígena y el marco legal costarricense, abordan temas cruciales como el saneamiento territorial, la seguridad jurídica y el pago por servicios ambientales.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, informó que ocho PAFT ya han sido finalizados, con otros en diversas etapas de validación y construcción. Los territorios indígenas han recibido más de quinientos millones de colones en total por la implementación de estos planes, evidenciando la relevancia de estos instrumentos de planificación para el gobierno y las comunidades.
Farlin Artavia Pino, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Bajo Chirripó, destacó los retos y logros del proceso de elaboración de los PAFT, resaltando la inclusión y el compromiso comunitario. La comunidad ha mostrado un gran interés en la protección ambiental, apropiándose de estas herramientas de planificación que, aunque demandan tiempo y recursos, han resultado en beneficios tangibles.
La financiación de las actividades para la elaboración de los PAFT proviene del Fondo Verde del Clima, gestionado por Fonafifo con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este financiamiento, obtenido en 2020, ha sido fundamental para el desarrollo de estas herramientas mediante un proceso participativo que garantiza la inclusión y el respeto a las culturas indígenas.
La colaboración entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Ambiente y Energía ha definido acciones clave en materia ambiental y forestal, asegurando que las decisiones y planes reflejen las necesidades y la visión de los habitantes de estos territorios. Este modelo de trabajo conjunto no solo fomenta la conservación del medio ambiente, sino que también fortalece la autonomía y el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en Costa Rica.
Este hito en la gestión ambiental costarricense subraya el compromiso del país con la inclusión y la sostenibilidad, convirtiéndose en un ejemplo a seguir a nivel mundial.
La inversión en la conservación de los bosques y la participación activa de las comunidades indígenas no solo contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también promueve un modelo de desarrollo que respeta y valora las culturas ancestrales y su relación con la naturaleza.
