Maes, si hay algo que nos encanta en Tiquicia más que el gallo pinto, es un buen novelón político. Y el que se armó entre la Asamblea Legislativa y el presidente Rodrigo Chaves por la ley de allanamientos 24/7 estuvo para alquilar balcón. Al final, como en toda buena trama, hubo un ganador claro: los diputados le aplicaron un resello al veto presidencial con 43 votos, y ahora el OIJ y las demás policías tienen luz verde para tocar la puerta de quien sea, a la hora que sea. Una vara que, para ser honestos, tiene a medio país aplaudiendo y a la otra mitad con el ceño fruncido.
Pongámonos en contexto. La cosa estaba así: los diputados, viendo el despiche que hay en la calle con la criminalidad, aprobaron una reforma para que la policía pudiera hacer allanamientos a cualquier hora. Hasta ahora, el brete solo se podía hacer de 6 a.m. a 6 p.m., a menos que se armara un argumento legal más enredado que un audífono en la bolsa. La idea era simple: los malos no tienen horario de oficina, ¿por qué la ley sí? Pero diay, aquí es donde la trama se complica. El presi Chaves, ni corto ni perezoso, agarró su lapicero y le metió un veto al proyecto. Su argumento, en mayo, fue que darle más poder al OIJ era "seguir amedrentando". Una declaración que, como era de esperarse, levantó una polvareda de aquellas.
Por otro lado, en la acera del frente, el director del OIJ, Randall Zúñiga, casi que descorcha una champaña. Para él y su gente, la vara es clarísima: esto no es un capricho, es una necesidad. Zúñiga fue contundente al decir que aquí lo que importa es el "bien común" y no los "egoísmos o situaciones personales". Prácticamente le dijo a todo el mundo que dejen el show y se pongan a trabajar. Según el OIJ, esta reforma les quita una camisa de fuerza ridícula. Estaban cansados de tener que justificar hasta el color del cielo para poder actuar antes de que cantara el gallo, mientras los sospechosos, muy probablemente, se les pelaban aprovechando ese horario protegido por ley. Para ellos, la aprobación de esta ley está a cachete porque les da la flexibilidad que necesitan para pegarle al crimen organizado donde más le duele y cuando menos se lo espera.
El pulso político fue tenso. El Gobierno tuvo la iniciativa bloqueada por casi 80 días mientras manejaba la agenda del Congreso. Pero una vez que los diputados recuperaron el control, no perdieron el tiempo. Le pasaron por encima al veto y convirtieron el proyecto en Ley de la República. Es un mensaje político fuertísimo. La Asamblea le está diciendo a Casa Presidencial que, en temas de seguridad, ellos también tienen su propia agenda y no están dispuestos a que un veto detenga lo que consideran una herramienta esencial. Y no solo para el OIJ; la Policía de Control de Drogas (PCD) y la de Migración también andaban con las manos atadas por la misma restricción horaria. Ahora, todos podrán coordinar operativos sorpresa sin tener que estar viendo el reloj.
Ahora, más allá del pleito entre políticos, la pregunta del millón queda picando en el aire para nosotros, los de a pie. Por un lado, es innegable que la situación de inseguridad del país es crítica y se necesitan medidas drásticas. La idea de que la policía sea menos predecible suena lógica y hasta necesaria. Pero por otro, la frase de Chaves sobre "amedrentar" resuena en la cabeza de muchos. ¿Dónde queda la línea entre darle herramientas a la policía para que haga su brete y abrir un portillo para posibles abusos? La ley garantiza la supervisión de un juez en cada operativo, lo cual es un salvavidas para los derechos ciudadanos, pero la inquietud es válida. Estamos en una encrucijada compleja, donde la sed de seguridad choca de frente con el miedo a un Estado con demasiado poder.
Maes, ahora en serio, ¿ustedes qué piensan? ¿Es esto un '¡qué nivel!' para la seguridad del país, una herramienta que ya se habían tardado en dar? ¿O se nos está yendo la mano dándole tanto poder a la policía y el presi tenía razón en preocuparse? ¿Pura vida o puro susto? ¡Los leo en los comentarios!
Pongámonos en contexto. La cosa estaba así: los diputados, viendo el despiche que hay en la calle con la criminalidad, aprobaron una reforma para que la policía pudiera hacer allanamientos a cualquier hora. Hasta ahora, el brete solo se podía hacer de 6 a.m. a 6 p.m., a menos que se armara un argumento legal más enredado que un audífono en la bolsa. La idea era simple: los malos no tienen horario de oficina, ¿por qué la ley sí? Pero diay, aquí es donde la trama se complica. El presi Chaves, ni corto ni perezoso, agarró su lapicero y le metió un veto al proyecto. Su argumento, en mayo, fue que darle más poder al OIJ era "seguir amedrentando". Una declaración que, como era de esperarse, levantó una polvareda de aquellas.
Por otro lado, en la acera del frente, el director del OIJ, Randall Zúñiga, casi que descorcha una champaña. Para él y su gente, la vara es clarísima: esto no es un capricho, es una necesidad. Zúñiga fue contundente al decir que aquí lo que importa es el "bien común" y no los "egoísmos o situaciones personales". Prácticamente le dijo a todo el mundo que dejen el show y se pongan a trabajar. Según el OIJ, esta reforma les quita una camisa de fuerza ridícula. Estaban cansados de tener que justificar hasta el color del cielo para poder actuar antes de que cantara el gallo, mientras los sospechosos, muy probablemente, se les pelaban aprovechando ese horario protegido por ley. Para ellos, la aprobación de esta ley está a cachete porque les da la flexibilidad que necesitan para pegarle al crimen organizado donde más le duele y cuando menos se lo espera.
El pulso político fue tenso. El Gobierno tuvo la iniciativa bloqueada por casi 80 días mientras manejaba la agenda del Congreso. Pero una vez que los diputados recuperaron el control, no perdieron el tiempo. Le pasaron por encima al veto y convirtieron el proyecto en Ley de la República. Es un mensaje político fuertísimo. La Asamblea le está diciendo a Casa Presidencial que, en temas de seguridad, ellos también tienen su propia agenda y no están dispuestos a que un veto detenga lo que consideran una herramienta esencial. Y no solo para el OIJ; la Policía de Control de Drogas (PCD) y la de Migración también andaban con las manos atadas por la misma restricción horaria. Ahora, todos podrán coordinar operativos sorpresa sin tener que estar viendo el reloj.
Ahora, más allá del pleito entre políticos, la pregunta del millón queda picando en el aire para nosotros, los de a pie. Por un lado, es innegable que la situación de inseguridad del país es crítica y se necesitan medidas drásticas. La idea de que la policía sea menos predecible suena lógica y hasta necesaria. Pero por otro, la frase de Chaves sobre "amedrentar" resuena en la cabeza de muchos. ¿Dónde queda la línea entre darle herramientas a la policía para que haga su brete y abrir un portillo para posibles abusos? La ley garantiza la supervisión de un juez en cada operativo, lo cual es un salvavidas para los derechos ciudadanos, pero la inquietud es válida. Estamos en una encrucijada compleja, donde la sed de seguridad choca de frente con el miedo a un Estado con demasiado poder.
Maes, ahora en serio, ¿ustedes qué piensan? ¿Es esto un '¡qué nivel!' para la seguridad del país, una herramienta que ya se habían tardado en dar? ¿O se nos está yendo la mano dándole tanto poder a la policía y el presi tenía razón en preocuparse? ¿Pura vida o puro susto? ¡Los leo en los comentarios!
