¡Ay, Dios mío! Aquí estamos otra vez metidos en un brete gordo. Resulta que los vecinos de Chorreras de Cutris, allá arriba en San Carlos, andan bien moscosos porque le cerraron la escuela a sus hijos. 63 piyitos, desde el jardín hasta sexto grado, ahora tendrán que echarse unas clases a distancia, ¡y con lo difícil que es eso en una comunidad como esa!
La movida toda viene de un problema judicial que arrastra la comunidad desde hace rato. Parece ser que alguien, ahí en medio de papeles y tecnicismos, mandó a desalojarlos porque estarían viviendo en un área protegida, el famoso Corredor Fronterizo Norte. Ahí es donde se complica la vaina, porque estas familias llevan más de treinta años laburando y criando sus familias en esas tierras, y ahora resulta que no son suyas.
Lo que más indigna es que el Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió cerrar la escuela justo cuando el asunto está en manos de la Sala Constitucional. Como si los niños fueran números en un expediente y no seres humanos que necesitan estudiar para salir adelante. Según cuentan, la noticia llegó a la comunidad en una reunión con unos representantes del MEP, que dijeron que iban a darles clases vía internet. ¡Imagínate qué fiaca! Ya saben cómo funciona esto, te dejan dando vueltas sin solución.
“Es una injusticia, mi pana,” nos decía Mario Cambronero, uno de los líderes comunitarios, visiblemente molesto. “Tenemos más de 30 años acá y nos quieren sacar. Ya la jueza fue a visitar el sitio y todavía no ha dado ninguna sentencia, ¡pero el MEP ya cerró la escuela! ¿En dónde quedó el respeto por los derechos de los niños?” Él, como buen tico, no se anda con rodeos y dice las cosas como van.
Y no es solamente el tema de la escuela. El regidor de la Municipalidad de San Carlos, Juan Pablo Rodríguez, también está preocupado. Él contó que vio a los niños cantándole el Himno Nacional a grito pelao, a pocas horas de que un juez pueda decidir si los sacan de sus casas. “Es muy triste ver esto,” comentó Rodríguez. “Han invertido mucho en la comunidad estos años: antenas, escuelas, carreteras… ¡todo!”
Para colmo, parece que la comunidad tampoco pudo celebrar las fiestas patrias tranquilamente. Según informaron, no les permitieron hacer las actividades escolares normales. Hay videos circulando por redes sociales donde se ven a los niños y niñas con faroles, entonando el Himno Nacional. ¡Un espectáculo conmovedor, vamos! Uno que muestra la garra de estos muchachos, aunque estén en la cuerda floja.
Además, los vecinos insisten en que no tienen nada que ver con los problemas de seguridad que existen en otras zonas fronterizas, como Crucitas. Dicen que ellos siempre han sido gente trabajadora y honesta, que simplemente quiere vivir tranquilo en su hogar. Van diciendo que algunos los llaman 'coligalleros' y los culpan de situaciones ajenas, ¡qué pura pena!
La pelota ahora está en el tejado del Tribunal de Juicio de San Carlos, que tiene que analizar todas las pruebas y testimonios para tomar una decisión final: mandar a empacar a las familias o permitir que continúen viviendo en la zona. Yo pregunto, ¿debería el gobierno priorizar el cumplimiento estricto de leyes ambientales, aun a costa de interrumpir la educación de decenas de niños y desplazar a familias establecidas en un territorio por décadas?
La movida toda viene de un problema judicial que arrastra la comunidad desde hace rato. Parece ser que alguien, ahí en medio de papeles y tecnicismos, mandó a desalojarlos porque estarían viviendo en un área protegida, el famoso Corredor Fronterizo Norte. Ahí es donde se complica la vaina, porque estas familias llevan más de treinta años laburando y criando sus familias en esas tierras, y ahora resulta que no son suyas.
Lo que más indigna es que el Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió cerrar la escuela justo cuando el asunto está en manos de la Sala Constitucional. Como si los niños fueran números en un expediente y no seres humanos que necesitan estudiar para salir adelante. Según cuentan, la noticia llegó a la comunidad en una reunión con unos representantes del MEP, que dijeron que iban a darles clases vía internet. ¡Imagínate qué fiaca! Ya saben cómo funciona esto, te dejan dando vueltas sin solución.
“Es una injusticia, mi pana,” nos decía Mario Cambronero, uno de los líderes comunitarios, visiblemente molesto. “Tenemos más de 30 años acá y nos quieren sacar. Ya la jueza fue a visitar el sitio y todavía no ha dado ninguna sentencia, ¡pero el MEP ya cerró la escuela! ¿En dónde quedó el respeto por los derechos de los niños?” Él, como buen tico, no se anda con rodeos y dice las cosas como van.
Y no es solamente el tema de la escuela. El regidor de la Municipalidad de San Carlos, Juan Pablo Rodríguez, también está preocupado. Él contó que vio a los niños cantándole el Himno Nacional a grito pelao, a pocas horas de que un juez pueda decidir si los sacan de sus casas. “Es muy triste ver esto,” comentó Rodríguez. “Han invertido mucho en la comunidad estos años: antenas, escuelas, carreteras… ¡todo!”
Para colmo, parece que la comunidad tampoco pudo celebrar las fiestas patrias tranquilamente. Según informaron, no les permitieron hacer las actividades escolares normales. Hay videos circulando por redes sociales donde se ven a los niños y niñas con faroles, entonando el Himno Nacional. ¡Un espectáculo conmovedor, vamos! Uno que muestra la garra de estos muchachos, aunque estén en la cuerda floja.
Además, los vecinos insisten en que no tienen nada que ver con los problemas de seguridad que existen en otras zonas fronterizas, como Crucitas. Dicen que ellos siempre han sido gente trabajadora y honesta, que simplemente quiere vivir tranquilo en su hogar. Van diciendo que algunos los llaman 'coligalleros' y los culpan de situaciones ajenas, ¡qué pura pena!
La pelota ahora está en el tejado del Tribunal de Juicio de San Carlos, que tiene que analizar todas las pruebas y testimonios para tomar una decisión final: mandar a empacar a las familias o permitir que continúen viviendo en la zona. Yo pregunto, ¿debería el gobierno priorizar el cumplimiento estricto de leyes ambientales, aun a costa de interrumpir la educación de decenas de niños y desplazar a familias establecidas en un territorio por décadas?
