Maes, la novela del FEES 2025 acaba de sumar un capítulo que, para ser sinceros, ya nos olíamos venir. El Ministerio de Hacienda, ahora con Rudolf Lucke a la cabeza, se plantó en media calle y dijo: "No hay un cinco de los ₡11.521 millones pendientes para las U públicas hasta que la Asamblea Legislativa me dé luz verde con los eurobonos". Así, sin anestesia. Un clásico tira y encoje que pone a las universidades en una posición, diay, bastante complicada, y que demuestra que la memoria en Zapote es de largo plazo, porque esta es la misma cantaleta que ya nos había recetado el exministro Nogui Acosta antes de irse.
La razón, o la excusa, dependiendo de a quién le pregunten, es puramente financiera. Lucke básicamente explica que si el país no puede salir a pedir plata prestada a los mercados internacionales (o sea, los famosos eurobonos), se ve obligado a buscarla aquí adentro. Y eso, gente, es como ir al prestamista del barrio en vez de al banco: las tasas de interés se disparan por las nubes. Según Hacienda, si eso pasa, el Gobierno tendría que gastar un platal solo en pagar intereses, y adiós a la plata para otros "programitas" importantes, incluyendo, al parecer, el presupuesto completo de la educación superior. Es un argumento de "o me dan las llaves del carro nuevo, o nos vamos todos a pie y bajo la lluvia".
Pero aquí es donde la vara se pone color de hormiga. Los rectores, como era de esperarse, no se están comiendo el cuento. El de la UCR, Carlos Araya, mandó a decir que ligar el destino del FEES con el de los eurobonos está completamente "fuera de base". Y el de la UNED, Rodrigo Arias, sacó el as bajo la manga: la plata del FEES no es un favorcito ni una limosna del Gobierno de turno, ¡es un mandato constitucional! O sea, la Constitución Política ampara esos fondos. No es un tema de si quieren o no quieren girarlo; es que legalmente *tienen* que hacerlo. Es como si Hacienda estuviera condicionando el pago del aguinaldo a que uno se porte bien todo el año. Simplemente no funciona así y se están jalando una torta al sugerirlo.
Y para los que tienen memoria corta, recordemos que este despiche no nació ayer. El año pasado, el Gobierno y las U no se pusieron de acuerdo en el presupuesto. Los rectores pedían un aumento justo del 4,06% y el Ejecutivo ofrecía un raquítico 1%. Como no hubo forma de que se dieran la mano, el churuco le cayó a los diputados en la Comisión de Hacendarios. Al final, después de mucho debate, aprobaron salomónicamente (o no tanto) un 2%. Ese 2% son, precisamente, los ₡11.521 millones que ahora Hacienda está usando como ficha de cambio en su partida de póker con el Congreso. Un verdadero ajedrez político donde los estudiantes y la educación superior son los peones.
Para terminar de enredar la pita, a este problema hay que sumarle otra deuda vieja: los más de ₡62 mil millones que se deben del FEES de 2020 y 2021, por la crisis del COVID. Ya se está armando una comisión para ver cómo se paga eso "en cómodas cuotas", pero el panorama completo demuestra que el financiamiento de la educación superior siempre está en la cuerda floja, dependiendo del humor fiscal y las prioridades políticas del gobierno de turno. Un brete que parece nunca acabar y que tiene a nuestras universidades públicas en un vilo constante.
¿Qué opinan ustedes, gente? ¿Es una jugada estratégica de Hacienda para forzar la aprobación de los eurobonos y cuidar la billetera del país, o es un simple chantaje que se está trayendo al traste la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas? ¿Quién tiene la razón en este tira y encoje?
La razón, o la excusa, dependiendo de a quién le pregunten, es puramente financiera. Lucke básicamente explica que si el país no puede salir a pedir plata prestada a los mercados internacionales (o sea, los famosos eurobonos), se ve obligado a buscarla aquí adentro. Y eso, gente, es como ir al prestamista del barrio en vez de al banco: las tasas de interés se disparan por las nubes. Según Hacienda, si eso pasa, el Gobierno tendría que gastar un platal solo en pagar intereses, y adiós a la plata para otros "programitas" importantes, incluyendo, al parecer, el presupuesto completo de la educación superior. Es un argumento de "o me dan las llaves del carro nuevo, o nos vamos todos a pie y bajo la lluvia".
Pero aquí es donde la vara se pone color de hormiga. Los rectores, como era de esperarse, no se están comiendo el cuento. El de la UCR, Carlos Araya, mandó a decir que ligar el destino del FEES con el de los eurobonos está completamente "fuera de base". Y el de la UNED, Rodrigo Arias, sacó el as bajo la manga: la plata del FEES no es un favorcito ni una limosna del Gobierno de turno, ¡es un mandato constitucional! O sea, la Constitución Política ampara esos fondos. No es un tema de si quieren o no quieren girarlo; es que legalmente *tienen* que hacerlo. Es como si Hacienda estuviera condicionando el pago del aguinaldo a que uno se porte bien todo el año. Simplemente no funciona así y se están jalando una torta al sugerirlo.
Y para los que tienen memoria corta, recordemos que este despiche no nació ayer. El año pasado, el Gobierno y las U no se pusieron de acuerdo en el presupuesto. Los rectores pedían un aumento justo del 4,06% y el Ejecutivo ofrecía un raquítico 1%. Como no hubo forma de que se dieran la mano, el churuco le cayó a los diputados en la Comisión de Hacendarios. Al final, después de mucho debate, aprobaron salomónicamente (o no tanto) un 2%. Ese 2% son, precisamente, los ₡11.521 millones que ahora Hacienda está usando como ficha de cambio en su partida de póker con el Congreso. Un verdadero ajedrez político donde los estudiantes y la educación superior son los peones.
Para terminar de enredar la pita, a este problema hay que sumarle otra deuda vieja: los más de ₡62 mil millones que se deben del FEES de 2020 y 2021, por la crisis del COVID. Ya se está armando una comisión para ver cómo se paga eso "en cómodas cuotas", pero el panorama completo demuestra que el financiamiento de la educación superior siempre está en la cuerda floja, dependiendo del humor fiscal y las prioridades políticas del gobierno de turno. Un brete que parece nunca acabar y que tiene a nuestras universidades públicas en un vilo constante.
¿Qué opinan ustedes, gente? ¿Es una jugada estratégica de Hacienda para forzar la aprobación de los eurobonos y cuidar la billetera del país, o es un simple chantaje que se está trayendo al traste la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas? ¿Quién tiene la razón en este tira y encoje?
