¡Ay, Dios mío! La cosa está dura para muchísima gente en nuestro país, y la verdad es que viendo estas situaciones te dan ganas de agarrarte la cabeza. Hablamos de familias enteras viviendo en precarios, luchando contra el agua alta, el fuego que acecha y, encima, ¡el estrés de no poder pagar el alquiler! Parece película, pero es la cruda realidad de muchos compatriotas nuestros.
En Los Huevitos, Alajuela, precisamente, la historia de Doña Angélica es un claro ejemplo. Con 56 años a cuestas, esta señora se mata trabajando junto a su esposo, sus nietas y con ingresos justos para cubrir lo básico. Su esposo, luego de sufrir un accidente terrible hace más de una década que le dejó secuelas, trabaja a destajos en construcción cuando su cuerpo lo permite, pero no da para mucho. Entre el alquiler de cien mil colones y ponerles comida al rancho, ¡se les complica diario!
Y no es la única. Hay miles de casos similares regados por todo el territorio nacional. Pura lucha, pura necesidad. Nos topamos con la historia de Yamileth Lucrecia Altamirano, otra vecina de Los Huevitos, quien enfrenta una batalla aún más difícil: cuidar de su esposo, quien padece de enfermedad renal crónica y necesita diálisis tres veces al día. Imagínate el brete, yamileth no puede trabajar porque lo atiende, y su hija la apoya en lo que puede; ¿dónde quedó el Estado?
La tragedia en Desamparados, allá por el mes de julio, nos recordó de la manera más cruel que esto no es juego de niños. Una madre y sus tres hijos perdieron la vida en un incendio. Tres meses antes habían llegado a ese lugar, buscando refugio tras no poder afrontar los costos de un alquiler digno. Me da que se le puso el alma en un hilo leyendo eso, ¡qué pesar!
Pero no es solo el riesgo de incendios lo que atormenta a estas familias. Un reporte reciente de la Contraloría General de la República pinta un panorama bastante preocupante: casi el 30% de los precarios en Costa Rica están ubicados en zonas propensas a inundaciones por el desborde de ríos. Desde 2008, más de 14,000 viviendas se han visto afectadas por emergencias, la gran mayoría relacionadas con fenómeno hidrometeorológicos. ¡Uy, qué sal!
La Contraloría no se anda con rodeos: si no tomamos cartas en el asunto, las cosas van a seguir empeorando. Advirtiendo que la inacción solo significa más gastos futuros en atención de desastres y subsidios temporales. No invertir ahora en soluciones definitivas es como meter la mano en el fuego. En definitiva, nos recomiendan buscar soluciones estructurales, no solo taparle el roto con parches.
Y vaya que los números hablan por sí solos: entre 2022 y 2024, se atendieron 127 incendios en asentamientos informales. Eso es un porcentaje considerable, y demuestra que el peligro está latente. ¡Qué torta! La falta de acceso a servicios básicos, la precariedad de las construcciones y la ausencia de infraestructura esencial hacen de estos lugares trampas mortales. Pa’ rematar, de nada sirve pedir ayuda al IMAS, parece que esos beneficios nunca llegan a quienes realmente los necesitan.
Es evidente que la situación es crítica y requiere de una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades. Pero me pregunto, ¿creen ustedes que el gobierno está haciendo lo suficiente para proteger a estas familias vulnerables? ¿Podemos esperar una solución real a corto plazo o estamos condenados a ver cómo la desigualdad sigue profundizándose en nuestro país?
En Los Huevitos, Alajuela, precisamente, la historia de Doña Angélica es un claro ejemplo. Con 56 años a cuestas, esta señora se mata trabajando junto a su esposo, sus nietas y con ingresos justos para cubrir lo básico. Su esposo, luego de sufrir un accidente terrible hace más de una década que le dejó secuelas, trabaja a destajos en construcción cuando su cuerpo lo permite, pero no da para mucho. Entre el alquiler de cien mil colones y ponerles comida al rancho, ¡se les complica diario!
Y no es la única. Hay miles de casos similares regados por todo el territorio nacional. Pura lucha, pura necesidad. Nos topamos con la historia de Yamileth Lucrecia Altamirano, otra vecina de Los Huevitos, quien enfrenta una batalla aún más difícil: cuidar de su esposo, quien padece de enfermedad renal crónica y necesita diálisis tres veces al día. Imagínate el brete, yamileth no puede trabajar porque lo atiende, y su hija la apoya en lo que puede; ¿dónde quedó el Estado?
La tragedia en Desamparados, allá por el mes de julio, nos recordó de la manera más cruel que esto no es juego de niños. Una madre y sus tres hijos perdieron la vida en un incendio. Tres meses antes habían llegado a ese lugar, buscando refugio tras no poder afrontar los costos de un alquiler digno. Me da que se le puso el alma en un hilo leyendo eso, ¡qué pesar!
Pero no es solo el riesgo de incendios lo que atormenta a estas familias. Un reporte reciente de la Contraloría General de la República pinta un panorama bastante preocupante: casi el 30% de los precarios en Costa Rica están ubicados en zonas propensas a inundaciones por el desborde de ríos. Desde 2008, más de 14,000 viviendas se han visto afectadas por emergencias, la gran mayoría relacionadas con fenómeno hidrometeorológicos. ¡Uy, qué sal!
La Contraloría no se anda con rodeos: si no tomamos cartas en el asunto, las cosas van a seguir empeorando. Advirtiendo que la inacción solo significa más gastos futuros en atención de desastres y subsidios temporales. No invertir ahora en soluciones definitivas es como meter la mano en el fuego. En definitiva, nos recomiendan buscar soluciones estructurales, no solo taparle el roto con parches.
Y vaya que los números hablan por sí solos: entre 2022 y 2024, se atendieron 127 incendios en asentamientos informales. Eso es un porcentaje considerable, y demuestra que el peligro está latente. ¡Qué torta! La falta de acceso a servicios básicos, la precariedad de las construcciones y la ausencia de infraestructura esencial hacen de estos lugares trampas mortales. Pa’ rematar, de nada sirve pedir ayuda al IMAS, parece que esos beneficios nunca llegan a quienes realmente los necesitan.
Es evidente que la situación es crítica y requiere de una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades. Pero me pregunto, ¿creen ustedes que el gobierno está haciendo lo suficiente para proteger a estas familias vulnerables? ¿Podemos esperar una solución real a corto plazo o estamos condenados a ver cómo la desigualdad sigue profundizándose en nuestro país?
