Plan intenta ordenar La Carpio y dar título de propiedad a vecinos - EL PAÍS - La Nación
Fuprovi trabaja con una Comisión Interinstitucional para mejorar las condiciones del precario
Plan intenta ordenar La Carpio y dar título de propiedad a vecinos
Bono comunal de ¢12.000 millones permitirá mejorar servicios públicos
IMAS estudiará si autoriza el traspaso de propiedades a quienes viven en ellas
Nació hace casi dos décadas al oeste de la capital, con un solo rancho en un terreno desocupado del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Como suele ocurrir en los asentamientos informales, bastó que pasara el tiempo para que La Carpio se multiplicara y expandiera en forma caótica hasta convertirse en uno de los precarios más grandes del país.
Según cálculos de dirigentes comunales, hoy unas 30.000 personas habitan las 63 hectáreas que constituyen la ciudadela; ni una sola posee un título de propiedad.
Imponer el orden, garantizar el acceso a servicios básicos de calidad y dotar a los residentes de una casa que puedan llamar propia es la meta de un plan impulsado por la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) en conjunto con la Comisión de Desarrollo de La Carpio (Codeca).
Se trata de un proceso sumamente costoso y complejo del que también participa una comisión interinstitucional coordinada por el Ministerio de Vivienda.
Para abordar las necesidades de infraestructura, en julio pasado se presentó un estudio de prefactibilidad ante el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para optar por un bono de vivienda, cuya aprobación aún está pendiente.
La inversión ascendería a los ¢12.000 millones y sería ejecutada por el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, con la asesoría técnica de Fuprovi, que ya efectuó numerosos estudios técnicos de la zona.
“La idea del bono es que en unos seis años, todas las personas de La Carpio cuenten con todos los servicios formales y adecuados en sus casas”, explicó la directora ejecutiva de Fuprovi, Eloísa Ulibarri.
El bono permitiría mejorar los deficientes servicios de agua potable, telefonía y electricidad, e incorporar, por primera vez, sistemas de aguas pluviales y negras.
Planos. De manera paralela, la Fundación trabaja con comisiones de titulación locales para promover el visado y catastrado de lotes en cada uno de los nueve sectores del asentamiento.
Esto se hará en acuerdo con el IMAS, que estudiará si autoriza el traspaso del terreno por medio de la venta o la donación.
Dicha labor requiere de estudios técnicos para el levantado de planos, pero también implica una estrecha coordinación con los vecinos para obtener los documentos necesarios y determinar cómo se segmentarán los terrenos.
El trabajo se inició en los barrios de San Vicente y Pro Desarrollo, conformados por 108 y 234 planos, respectivamente. Los planos se entregaron al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
Gloria Navarrete, de la comisión de titulación del barrio Pro Desarrollo, reconoció que hay casos donde la negociación es compleja.
“Hay lotes donde residen hasta seis familias. Nosotros somos muy cortantes en decirles que el problema lo tienen que resolver ellos”, explicó Navarrete.
Sin embargo, Abelardo Méndez, del barrio San Vicente, aseguró que han logrado promover conciliaciones entre las familias.
Fuprovi trabaja con una Comisión Interinstitucional para mejorar las condiciones del precario
Plan intenta ordenar La Carpio y dar título de propiedad a vecinos
Bono comunal de ¢12.000 millones permitirá mejorar servicios públicos
IMAS estudiará si autoriza el traspaso de propiedades a quienes viven en ellas
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Nació hace casi dos décadas al oeste de la capital, con un solo rancho en un terreno desocupado del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Como suele ocurrir en los asentamientos informales, bastó que pasara el tiempo para que La Carpio se multiplicara y expandiera en forma caótica hasta convertirse en uno de los precarios más grandes del país.
Según cálculos de dirigentes comunales, hoy unas 30.000 personas habitan las 63 hectáreas que constituyen la ciudadela; ni una sola posee un título de propiedad.
Imponer el orden, garantizar el acceso a servicios básicos de calidad y dotar a los residentes de una casa que puedan llamar propia es la meta de un plan impulsado por la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) en conjunto con la Comisión de Desarrollo de La Carpio (Codeca).
Se trata de un proceso sumamente costoso y complejo del que también participa una comisión interinstitucional coordinada por el Ministerio de Vivienda.
Para abordar las necesidades de infraestructura, en julio pasado se presentó un estudio de prefactibilidad ante el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para optar por un bono de vivienda, cuya aprobación aún está pendiente.
La inversión ascendería a los ¢12.000 millones y sería ejecutada por el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, con la asesoría técnica de Fuprovi, que ya efectuó numerosos estudios técnicos de la zona.
“La idea del bono es que en unos seis años, todas las personas de La Carpio cuenten con todos los servicios formales y adecuados en sus casas”, explicó la directora ejecutiva de Fuprovi, Eloísa Ulibarri.
El bono permitiría mejorar los deficientes servicios de agua potable, telefonía y electricidad, e incorporar, por primera vez, sistemas de aguas pluviales y negras.
Planos. De manera paralela, la Fundación trabaja con comisiones de titulación locales para promover el visado y catastrado de lotes en cada uno de los nueve sectores del asentamiento.
Esto se hará en acuerdo con el IMAS, que estudiará si autoriza el traspaso del terreno por medio de la venta o la donación.
Dicha labor requiere de estudios técnicos para el levantado de planos, pero también implica una estrecha coordinación con los vecinos para obtener los documentos necesarios y determinar cómo se segmentarán los terrenos.
El trabajo se inició en los barrios de San Vicente y Pro Desarrollo, conformados por 108 y 234 planos, respectivamente. Los planos se entregaron al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
Gloria Navarrete, de la comisión de titulación del barrio Pro Desarrollo, reconoció que hay casos donde la negociación es compleja.
“Hay lotes donde residen hasta seis familias. Nosotros somos muy cortantes en decirles que el problema lo tienen que resolver ellos”, explicó Navarrete.
Sin embargo, Abelardo Méndez, del barrio San Vicente, aseguró que han logrado promover conciliaciones entre las familias.
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