¡Ay, Dios mío, qué bronca! Parece que estamos viendo el mismo disco rayado una y otra vez con este gobierno y sus movidas. Resulta que la Presidencia ha estado favoreciendo a diputados –sobre todo de Nueva República y un buen pedazo del PUSC– en las últimas cuatro convocatorias de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál es el denominador común de todos estos políticos? Que le dieron la espalda al Presidente Chaves cuando se trataba de levantarle la inmunidad, tanto por el lío del BCIE-Cariñitos como por la bronca con el Tribunal Electoral. Esto huele raro, ¿no?
Según información exclusiva obtenida por CR Hoy, durante ese período (del 1 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026), el Poder Ejecutivo tenía el timón de la agenda legislativa. Se trata de controlar, pura y dura, cómo se discuten los temas en el Plenario y en las comisiones. Los decretos ejecutivos, firmados por el mismísimo Presidente Chaves y el ministro de Presidencia, andaban volando de Casa Presidencial al Congreso como si fueran cartas de amor.
Pero aquí viene el detalle que hace que esto esté más salado que la lejía. Diputados de la oposición –el PLN, el Frente Amplio y algunos legisladores independientes– ya habían levantado la voz, acusando al Gobierno de ignorarlos y de no convocarles iniciativas. Hasta la diputada Daniela Rojas del PUSC echó humo en el Plenario, diciendo que Chaves no le iba a convocar ningún proyecto porque ella había votado a favor de quitarle el fuero la primera vez. ¡Imagínate el chinamanterío!
Entonces, ¿quiénes son los afortunados que recibieron esta atención especial? Pues la bancada de Nueva República, claro; los diputados del PUSC Horacio Alvarado, Leslye Bojorges, Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo; el diputado independiente Gilbert Jiménez; y hasta la liberacionista Carolina Delgado. Todos ellos, leales defensores de Chaves en esas votaciones donde él necesitaba un respiro. Esto pinta feo, mi clave, ¿verdad?
Lo que más me da pena es ver cómo se reparten los proyectos como si fueran churros gratis en carnaval. Por ejemplo, en el decreto ejecutivo 45281-MP del 4 de diciembre, hubo 15 proyectos convocados: siete para el PUSC, cuatro para Nueva República, dos para el PPSD, uno para el Gobierno y, ¡sorpresa!, uno para el diputado independiente Gilbert Jiménez. Todo orquestado, parece… ¡qué brígido!
Y ni hablar de las iniciativas relacionadas con el ROP. Ada Acuña del PPSD y Gilbert Jiménez (ese siempre aparece) se llevaron proyectos sobre la reforma de la ley de protección al trabajador. Parece que el ROP es el chunche favorito del momento. Además, Nueva República se llevó la peor parte, con leyes para sancionar conductas violentas en carreteras y el vandalismo. ¡Uy, qué pendiente!
Después revisé la lista completa y ¡madre mía! Horacio Alvarado del PUSC acumuló seis proyectos, igualando a Gilbert Jiménez, mientras que Yonder Salas de Nueva República quedó justo detrás con cinco. Demasiado para ser casualidad, ¿no creen? Si sumamos todos los nombres, la mayoría de esos diputados votaron en contra del desafuero presidencial en ambas ocasiones, con resultados muy ajustados: 34 votos a favor contra 21 en contra en la primera instancia y 35-21 en la segunda. Se necesitaban 38 para aprobarlo... una lástima, dicen algunos.
Bueno, clave, te hago una pregunta para que nos pongamos a pensar un rato: ¿Crees que esto es simplemente una estrategia política del Gobierno para asegurarse apoyo en la Asamblea Legislativa, o hay algo más turbio detrás de todo esto? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios! ¿Estamos frente a un sistema donde el voto cuenta menos que la afinidad política?
Según información exclusiva obtenida por CR Hoy, durante ese período (del 1 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026), el Poder Ejecutivo tenía el timón de la agenda legislativa. Se trata de controlar, pura y dura, cómo se discuten los temas en el Plenario y en las comisiones. Los decretos ejecutivos, firmados por el mismísimo Presidente Chaves y el ministro de Presidencia, andaban volando de Casa Presidencial al Congreso como si fueran cartas de amor.
Pero aquí viene el detalle que hace que esto esté más salado que la lejía. Diputados de la oposición –el PLN, el Frente Amplio y algunos legisladores independientes– ya habían levantado la voz, acusando al Gobierno de ignorarlos y de no convocarles iniciativas. Hasta la diputada Daniela Rojas del PUSC echó humo en el Plenario, diciendo que Chaves no le iba a convocar ningún proyecto porque ella había votado a favor de quitarle el fuero la primera vez. ¡Imagínate el chinamanterío!
Entonces, ¿quiénes son los afortunados que recibieron esta atención especial? Pues la bancada de Nueva República, claro; los diputados del PUSC Horacio Alvarado, Leslye Bojorges, Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo; el diputado independiente Gilbert Jiménez; y hasta la liberacionista Carolina Delgado. Todos ellos, leales defensores de Chaves en esas votaciones donde él necesitaba un respiro. Esto pinta feo, mi clave, ¿verdad?
Lo que más me da pena es ver cómo se reparten los proyectos como si fueran churros gratis en carnaval. Por ejemplo, en el decreto ejecutivo 45281-MP del 4 de diciembre, hubo 15 proyectos convocados: siete para el PUSC, cuatro para Nueva República, dos para el PPSD, uno para el Gobierno y, ¡sorpresa!, uno para el diputado independiente Gilbert Jiménez. Todo orquestado, parece… ¡qué brígido!
Y ni hablar de las iniciativas relacionadas con el ROP. Ada Acuña del PPSD y Gilbert Jiménez (ese siempre aparece) se llevaron proyectos sobre la reforma de la ley de protección al trabajador. Parece que el ROP es el chunche favorito del momento. Además, Nueva República se llevó la peor parte, con leyes para sancionar conductas violentas en carreteras y el vandalismo. ¡Uy, qué pendiente!
Después revisé la lista completa y ¡madre mía! Horacio Alvarado del PUSC acumuló seis proyectos, igualando a Gilbert Jiménez, mientras que Yonder Salas de Nueva República quedó justo detrás con cinco. Demasiado para ser casualidad, ¿no creen? Si sumamos todos los nombres, la mayoría de esos diputados votaron en contra del desafuero presidencial en ambas ocasiones, con resultados muy ajustados: 34 votos a favor contra 21 en contra en la primera instancia y 35-21 en la segunda. Se necesitaban 38 para aprobarlo... una lástima, dicen algunos.
Bueno, clave, te hago una pregunta para que nos pongamos a pensar un rato: ¿Crees que esto es simplemente una estrategia política del Gobierno para asegurarse apoyo en la Asamblea Legislativa, o hay algo más turbio detrás de todo esto? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios! ¿Estamos frente a un sistema donde el voto cuenta menos que la afinidad política?
