¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con la bronca entre el Consorcio Operativo del Este (Coesa) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Resulta que la Caja acaba de confirmar –sí, oficialmente– que Coesa tiene una deuda millonaria, y esto pinta pa’ un chinchorro bien largo.
Todo empezó porque el Consejo de Transporte Público (CTP) mandó a retirar las concesiones de cinco empresas que pertenecen al Consorcio, manejado por don Orlando Ramírez Biolley, por problemas con la CCSS. Pero ojo, que Coesa no se queda calladito, y dicen que la CCSS está manejando números errados, ¡qué despiche!
Y ahora viene lo interesante: Según la CCSS, esas cinco empresas deben, en total, unos ¢201 millones con corte a diciembre. Autotransportes Cesmag lidera la lista con cerca de ¢75 millones, seguido por Autotransportes Zapote (¢51,5 millones), Auto Transportes Raro (¢36,6 millones), Transportes Públicos La Unión (¢28,8 millones) y Transportes El Carmen de Tres Ríos (¢9 millones). ¡Pero espérate! Que ahí no termina la cosa...
Porque entra en juego la llamada “responsabilidad solidaria”, un mecanismo legal donde la CCSS suma otras deudas, ¡otros ¢687 millones!, que supuestamente corresponden a facturas médicas que Coesa no reconoce. Christian Guillén, de la Dirección de Cobros de la Caja, explica que esto no es un error, sino una forma de informar a todos sobre estos montos. ¡Un brete explicarlo!
Desde Coesa argumentan que la CCSS les está tratando de pasar la factura por servicios médicos que ni siquiera conocen, ¡qué vara! Dicen que no les dieron ningún desglose técnico ni comprobantes, así que cómo van a saber de dónde salieron esos cobros. Están pidiendo a gritos que la CCSS les explique de dónde sacó esos números, pero parece que nadie quiere ceder terreno en esta pelea.
La empresa ha presentado pruebas y alegatos legales, incluso buscando un arreglo de pago, solo para que la CCSS retire el estatus de morosidad en el sistema Sicere. ¡Imagínate el daño a su reputación! Aunque las vacaciones institucionales han pausado el proceso, Coesa insiste que se encuentran al día con sus empleados, tal como manda la ley. Han buscado apelar a la justicia administrativa, y el Tribunal Contencioso Administrativo les ha dado la razón con una medida cautelar provisionalísima, suspendiendo temporalmente las acciones del CTP.
Ahora, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, dice que desconoce si el CTP ya recibió la notificación de la medida cautelar. Mientras tanto, Coesa puede seguir operando sus rutas en Zapote, Tres Ríos, San Pedro y Curridabat. Parece que este caso va a arrastrarse por mucho tiempo, dejando a los usuarios del transporte público en medio del fuego cruzado. Al final, siempre terminamos pagando nosotros, ¿no?
Con todo este drama, me pregunto: ¿Crees que la CCSS debería reconsiderar su postura y transparentar cómo llegó a esos montos de “responsabilidad solidaria”? ¿O Coesa tiene toda la razón y la CCSS está inventándose las cosas para meterla en un aprieto? ¡Dale, cuéntame qué piensas!
Todo empezó porque el Consejo de Transporte Público (CTP) mandó a retirar las concesiones de cinco empresas que pertenecen al Consorcio, manejado por don Orlando Ramírez Biolley, por problemas con la CCSS. Pero ojo, que Coesa no se queda calladito, y dicen que la CCSS está manejando números errados, ¡qué despiche!
Y ahora viene lo interesante: Según la CCSS, esas cinco empresas deben, en total, unos ¢201 millones con corte a diciembre. Autotransportes Cesmag lidera la lista con cerca de ¢75 millones, seguido por Autotransportes Zapote (¢51,5 millones), Auto Transportes Raro (¢36,6 millones), Transportes Públicos La Unión (¢28,8 millones) y Transportes El Carmen de Tres Ríos (¢9 millones). ¡Pero espérate! Que ahí no termina la cosa...
Porque entra en juego la llamada “responsabilidad solidaria”, un mecanismo legal donde la CCSS suma otras deudas, ¡otros ¢687 millones!, que supuestamente corresponden a facturas médicas que Coesa no reconoce. Christian Guillén, de la Dirección de Cobros de la Caja, explica que esto no es un error, sino una forma de informar a todos sobre estos montos. ¡Un brete explicarlo!
Desde Coesa argumentan que la CCSS les está tratando de pasar la factura por servicios médicos que ni siquiera conocen, ¡qué vara! Dicen que no les dieron ningún desglose técnico ni comprobantes, así que cómo van a saber de dónde salieron esos cobros. Están pidiendo a gritos que la CCSS les explique de dónde sacó esos números, pero parece que nadie quiere ceder terreno en esta pelea.
La empresa ha presentado pruebas y alegatos legales, incluso buscando un arreglo de pago, solo para que la CCSS retire el estatus de morosidad en el sistema Sicere. ¡Imagínate el daño a su reputación! Aunque las vacaciones institucionales han pausado el proceso, Coesa insiste que se encuentran al día con sus empleados, tal como manda la ley. Han buscado apelar a la justicia administrativa, y el Tribunal Contencioso Administrativo les ha dado la razón con una medida cautelar provisionalísima, suspendiendo temporalmente las acciones del CTP.
Ahora, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, dice que desconoce si el CTP ya recibió la notificación de la medida cautelar. Mientras tanto, Coesa puede seguir operando sus rutas en Zapote, Tres Ríos, San Pedro y Curridabat. Parece que este caso va a arrastrarse por mucho tiempo, dejando a los usuarios del transporte público en medio del fuego cruzado. Al final, siempre terminamos pagando nosotros, ¿no?
Con todo este drama, me pregunto: ¿Crees que la CCSS debería reconsiderar su postura y transparentar cómo llegó a esos montos de “responsabilidad solidaria”? ¿O Coesa tiene toda la razón y la CCSS está inventándose las cosas para meterla en un aprieto? ¡Dale, cuéntame qué piensas!
