¡Ay, pata! Ya estamos viendo las cosas feas, diay. Eli Feinzaig, el candidato del PLP, echó leña al fuego ayer, poniendo encima de la mesa la necesidad de tener una plática bien sincera, pa' ponerle cuidado a las broncas que tenemos con el Poder Judicial. El mae no anduvo con rodeos: dice que hay que decirle las cosas claras a los magistrados y mostrarles dónde la han metido gotera.
Y vaya que tenemos motivos pa’ estar preocupaos, chunches. La inseguridad nos está comiendo vivo, y parece que la justicia anda medio dormida. Las estadísticas no mienten: si seguimos así, 2025 va a quedar grabado en la memoria colectiva como un año negro. InSight Crime ya nos dio la bofetada hace meses, situándonos entre los países más violentos de Latinoamérica. ¿Pa' qué vamos a seguir negando la cruda realidad?
Lo que propone Feinzaig es ir directo al grano: revisar cómo se manejan los casos de narcotráfico y crimen organizado. Dice que hay demasiada discrecionalidad en las decisiones de los jueces, y eso permite que tipos peligrosos salgan libres y vuelvan a causar daño. ¡Qué torta! Uno esperaría más celeridad y rigor en estos asuntos.
Ahora bien, la crítica de Feinzaig no llega de la noche a la mañana. Lleva tiempo escuchándose el clamor popular, el sentir generalizado de que la impunidad está ganando terreno. La gente siente que no hay esperanza, que la ley no funciona para todos por igual. Eso, mi pana, debilita la confianza en las instituciones y alimenta el cinismo.
El candidato hizo hincapié en que la situación actual supera incluso a la crisis de los años 80. Eso demuestra la magnitud del problema y la urgencia de tomar medidas drásticas. No podemos seguir dando vueltas, bretes, buscando soluciones mágicas. Hay que meterle mano al asunto con responsabilidad y valentía.
Pero ojo, esto no es solo un problema del Poder Judicial. También recae sobre los otros poderes del Estado. Se necesita una coordinación efectiva, un compromiso genuino de todos los actores involucrados para lograr un cambio sustancial. Este gobierno, dicen algunos, ha sido reacio al diálogo, cerrando puertas donde debería abrir ventanas. Una pena, porque el tiempo apremia.
Muchos analistas señalan que la polarización política también contribuye a la inacción. Los partidos se pelean por el poder mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de la violencia y la falta de seguridad. Parece que nadie quiere asumir la responsabilidad de abordar el problema de frente y buscar soluciones consensuadas. ¡Qué despiche!
Entonces, mi gente, la pregunta es esta: ¿Realmente creen que una conversación ‘dura’ con los magistrados puede cambiar el panorama de la seguridad en Costa Rica, o estamos condenados a seguir viéndonos superados por la ola de violencia? ¿Es posible encontrar puntos en común entre los diferentes poderes del Estado para construir un futuro más seguro y justo para todos, o la confrontación seguirá siendo la norma?
Y vaya que tenemos motivos pa’ estar preocupaos, chunches. La inseguridad nos está comiendo vivo, y parece que la justicia anda medio dormida. Las estadísticas no mienten: si seguimos así, 2025 va a quedar grabado en la memoria colectiva como un año negro. InSight Crime ya nos dio la bofetada hace meses, situándonos entre los países más violentos de Latinoamérica. ¿Pa' qué vamos a seguir negando la cruda realidad?
Lo que propone Feinzaig es ir directo al grano: revisar cómo se manejan los casos de narcotráfico y crimen organizado. Dice que hay demasiada discrecionalidad en las decisiones de los jueces, y eso permite que tipos peligrosos salgan libres y vuelvan a causar daño. ¡Qué torta! Uno esperaría más celeridad y rigor en estos asuntos.
Ahora bien, la crítica de Feinzaig no llega de la noche a la mañana. Lleva tiempo escuchándose el clamor popular, el sentir generalizado de que la impunidad está ganando terreno. La gente siente que no hay esperanza, que la ley no funciona para todos por igual. Eso, mi pana, debilita la confianza en las instituciones y alimenta el cinismo.
El candidato hizo hincapié en que la situación actual supera incluso a la crisis de los años 80. Eso demuestra la magnitud del problema y la urgencia de tomar medidas drásticas. No podemos seguir dando vueltas, bretes, buscando soluciones mágicas. Hay que meterle mano al asunto con responsabilidad y valentía.
Pero ojo, esto no es solo un problema del Poder Judicial. También recae sobre los otros poderes del Estado. Se necesita una coordinación efectiva, un compromiso genuino de todos los actores involucrados para lograr un cambio sustancial. Este gobierno, dicen algunos, ha sido reacio al diálogo, cerrando puertas donde debería abrir ventanas. Una pena, porque el tiempo apremia.
Muchos analistas señalan que la polarización política también contribuye a la inacción. Los partidos se pelean por el poder mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de la violencia y la falta de seguridad. Parece que nadie quiere asumir la responsabilidad de abordar el problema de frente y buscar soluciones consensuadas. ¡Qué despiche!
Entonces, mi gente, la pregunta es esta: ¿Realmente creen que una conversación ‘dura’ con los magistrados puede cambiar el panorama de la seguridad en Costa Rica, o estamos condenados a seguir viéndonos superados por la ola de violencia? ¿Es posible encontrar puntos en común entre los diferentes poderes del Estado para construir un futuro más seguro y justo para todos, o la confrontación seguirá siendo la norma?
