¡Ay, Dios mío! La cosa está fea, mi gente. Resulta que un estudio de la Contraloría sacudió el avispero esta semana, revelando que los asentamientos informales – esos lugares donde la vida es dura y la esperanza, a veces, mengua – ¡han crecido un 50% en Costa Rica en los últimos 12 años! Sí, así como lo leyeron. Un aumento considerable que pinta un panorama preocupante para miles de familias que luchan por tener un techo digno y seguro.
Y para ponerle cara a esta estadística fría, vamos directito a “Los Huevitos”, un lugar ubicado en Río Segundo de Alajuela, cerquita del aeropuerto. Más de 250 familias – eso quiere decir unas 1.500 personas – comparten sus vidas en esas casas improvisadas, muchas hechas con materiales que cualquiera llamaría ‘rancho’. Imaginen el hacinamiento, la falta de oportunidades, los riesgos de incendio o cualquier ventisca que se presente... es pura bronca, mi pana.
Rebeca Sánchez, una vecinita valiente y presidenta de la Asociación Bendición de Dios, nos contó cómo llevan años rogándole al gobierno que les eche una mano. Han ido y venido, llenando formularios, buscando audiencias, pero parece que sus súplicas caen en saco roto. Les mandan correos que nunca contestan, les prometen reuniones que nunca llegan. “Del Gobierno no hemos recibido nada”, sentenció Rebeca, con esa honestidad brutal que caracteriza a nuestra gente.
Pero la precariedad no solo se mide en la falta de ladrillo y cemento. En “Los Huevitos”, como en muchos otros asentamientos informales del país, las familias se enfrentan a limitaciones económicas diarias. Con los pocos pesos que ganan, apenas si alcanzan para alimentar a los suyos. Y encima, andan siempre con el miedo a que un incendio arrasé con todo. Ya tuvieron dos experiencias terribles en 2022 y 2023, perdiendo casi todas sus pertenencias en las llamas.
El estudio de la Contraloría revela que hay 576 asentamientos informales identificados en todo Costa Rica. Eso significa 64.128 hogares viviendo en condiciones de exclusión social y precariedad habitacional. Piensen en eso, mi gente: más de 183 mil personas luchando por sobrevivir sin seguridad jurídica ni acceso a servicios básicos como agua potable, luz o recolección de basura. Y gran parte de estos lugares están en zonas de alto riesgo, esperando a que la próxima tormenta o terremoto los golpee con fuerza.
Lo peor de todo es que la gestión de estos problemas parece estar hecha a medias. La Contraloría dice que las instituciones públicas no atienden este tema con la seriedad que merece. No hay una definición clara de qué es un asentamiento informal, la información es limitada y nadie analiza realmente los riesgos a los que estas comunidades están expuestas. Es como querer arreglar un carro sin saber qué falla, ¡qué torta!
Además, se identifica una falta de visión común entre el gobierno central y los ayuntamientos. Cada uno hace lo que puede, pero sin coordinar esfuerzos. Se lanzan proyectos aislados, se gastan recursos sin rumbo fijo, y al final, el problema sigue ahí, creciendo día tras día. Lo que necesitamos es una estrategia seria, un plan a largo plazo que involucre a todos los actores y que busque soluciones reales y duraderas. Algo que vaya más allá de promesas vacías y discursos bonitos.
Así que aquí va la reflexión, mi gente: ¿Cómo podemos construir un país más justo e inclusivo si seguimos ignorando a miles de compatriotas que viven en la sombra de la precariedad? ¿Será que necesitamos una movilización ciudadana para exigirle al gobierno que haga caso a las voces de “Los Huevitos” y de tantos otros asentamientos olvidados? ¿O acaso debemos esperar a que un desastre natural nos abra los ojos para actuar?
Y para ponerle cara a esta estadística fría, vamos directito a “Los Huevitos”, un lugar ubicado en Río Segundo de Alajuela, cerquita del aeropuerto. Más de 250 familias – eso quiere decir unas 1.500 personas – comparten sus vidas en esas casas improvisadas, muchas hechas con materiales que cualquiera llamaría ‘rancho’. Imaginen el hacinamiento, la falta de oportunidades, los riesgos de incendio o cualquier ventisca que se presente... es pura bronca, mi pana.
Rebeca Sánchez, una vecinita valiente y presidenta de la Asociación Bendición de Dios, nos contó cómo llevan años rogándole al gobierno que les eche una mano. Han ido y venido, llenando formularios, buscando audiencias, pero parece que sus súplicas caen en saco roto. Les mandan correos que nunca contestan, les prometen reuniones que nunca llegan. “Del Gobierno no hemos recibido nada”, sentenció Rebeca, con esa honestidad brutal que caracteriza a nuestra gente.
Pero la precariedad no solo se mide en la falta de ladrillo y cemento. En “Los Huevitos”, como en muchos otros asentamientos informales del país, las familias se enfrentan a limitaciones económicas diarias. Con los pocos pesos que ganan, apenas si alcanzan para alimentar a los suyos. Y encima, andan siempre con el miedo a que un incendio arrasé con todo. Ya tuvieron dos experiencias terribles en 2022 y 2023, perdiendo casi todas sus pertenencias en las llamas.
El estudio de la Contraloría revela que hay 576 asentamientos informales identificados en todo Costa Rica. Eso significa 64.128 hogares viviendo en condiciones de exclusión social y precariedad habitacional. Piensen en eso, mi gente: más de 183 mil personas luchando por sobrevivir sin seguridad jurídica ni acceso a servicios básicos como agua potable, luz o recolección de basura. Y gran parte de estos lugares están en zonas de alto riesgo, esperando a que la próxima tormenta o terremoto los golpee con fuerza.
Lo peor de todo es que la gestión de estos problemas parece estar hecha a medias. La Contraloría dice que las instituciones públicas no atienden este tema con la seriedad que merece. No hay una definición clara de qué es un asentamiento informal, la información es limitada y nadie analiza realmente los riesgos a los que estas comunidades están expuestas. Es como querer arreglar un carro sin saber qué falla, ¡qué torta!
Además, se identifica una falta de visión común entre el gobierno central y los ayuntamientos. Cada uno hace lo que puede, pero sin coordinar esfuerzos. Se lanzan proyectos aislados, se gastan recursos sin rumbo fijo, y al final, el problema sigue ahí, creciendo día tras día. Lo que necesitamos es una estrategia seria, un plan a largo plazo que involucre a todos los actores y que busque soluciones reales y duraderas. Algo que vaya más allá de promesas vacías y discursos bonitos.
Así que aquí va la reflexión, mi gente: ¿Cómo podemos construir un país más justo e inclusivo si seguimos ignorando a miles de compatriotas que viven en la sombra de la precariedad? ¿Será que necesitamos una movilización ciudadana para exigirle al gobierno que haga caso a las voces de “Los Huevitos” y de tantos otros asentamientos olvidados? ¿O acaso debemos esperar a que un desastre natural nos abra los ojos para actuar?
