DiarioExtra.com
Bien, veamos:
Postura interesante con respecto a la educación religiosa. Los obispos esgrimen que la libertad de formación religiosa es un derecho humano consagrado(lo cual es cierto), por tanto sostienen que la iniciativa tendiente a eliminar el carácter confesional de la educación religiosa contraviene ese derecho. Es decir, el individuo tiene derecho a formar a sus hijos bajo la religión que considere pertinente, por tanto se le exige al estado como medida para proteger ese derecho, que la educación religiosa en centros educativos públicos sea confesional, obligatoriamente de corte cristiano católico. Además para garantizar este derecho humano, la Iglesia debe supervisar quién da las clases de religión.
Curioso no, la palabra arrogancia se queda corta.
Luego, viene otra afirmación todavía más peligrosa, NADIE, absolutamente nadie, ningún grupo social o político, puede cambiar las verdades objetivas esenciales definidas por Dios. En este caso por el bien de la sociedad, es mejor seguir los mandatos de Dios y no rendir pleitesía a ninguna autoridad terrenal.
Pero, ¿cómo sabemos cuáles son esos mandatos?, Sencillo, la iglesia nos hace el favor de interpretarlos.
Definitivamente son útiles las sugerencias de la IC con respecto al quehacer nacional, un actor imprescindible a la hora de diseñar políticas públicas.
También se me viene a la mente un disposición constitucional que prohibe invocar motivos religiosos para hacer política, pero, ¿qué mas da? Ya tenemos un par de "excepciones" a esta disposción esperando para ir a calentar sillas a la asamblea legislativa durante cuatro años. ¿Con qué cara le vamos a prohibir a la IC que haga lo mismo?
Bien, veamos:
Postura interesante con respecto a la educación religiosa. Los obispos esgrimen que la libertad de formación religiosa es un derecho humano consagrado(lo cual es cierto), por tanto sostienen que la iniciativa tendiente a eliminar el carácter confesional de la educación religiosa contraviene ese derecho. Es decir, el individuo tiene derecho a formar a sus hijos bajo la religión que considere pertinente, por tanto se le exige al estado como medida para proteger ese derecho, que la educación religiosa en centros educativos públicos sea confesional, obligatoriamente de corte cristiano católico. Además para garantizar este derecho humano, la Iglesia debe supervisar quién da las clases de religión.
Curioso no, la palabra arrogancia se queda corta.
Luego, viene otra afirmación todavía más peligrosa, NADIE, absolutamente nadie, ningún grupo social o político, puede cambiar las verdades objetivas esenciales definidas por Dios. En este caso por el bien de la sociedad, es mejor seguir los mandatos de Dios y no rendir pleitesía a ninguna autoridad terrenal.
Pero, ¿cómo sabemos cuáles son esos mandatos?, Sencillo, la iglesia nos hace el favor de interpretarlos.
Definitivamente son útiles las sugerencias de la IC con respecto al quehacer nacional, un actor imprescindible a la hora de diseñar políticas públicas.
También se me viene a la mente un disposición constitucional que prohibe invocar motivos religiosos para hacer política, pero, ¿qué mas da? Ya tenemos un par de "excepciones" a esta disposción esperando para ir a calentar sillas a la asamblea legislativa durante cuatro años. ¿Con qué cara le vamos a prohibir a la IC que haga lo mismo?
