- Cámara de Libros interpondrá denuncias penales contra tres centros de copiado por “clonación”
- Acciones legales por derechos de autor y presuntos daños morales se harán efectivas dentro de un mes
Natasha Cambronero
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La batalla entre las editoriales y las fotocopiadoras comenzará a gestarse con mayor fuerza en los estrados judiciales, pues las empresas productoras de libros harán uso de las armas legales para combatir la reproducción ilegal de obras literarias.
Con base en los estatutos de Propiedad Intelectual que contempla la legislación nacional, la cual prohíbe la “clonación” de textos, la Cámara Costarricense del Libro y sus asociados interpondrán denuncias penales contra tres centros de copiado.
Se trata de dos fotocopiadoras en las
cercanías de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, así como otra dentro de un centro de educación superior. No obstante no descartan que se produzcan más denuncias.
Las casas editoriales cuentan con las facturas y “clones” de libros como prueba para demostrar la presunta violación a la ley. No obstante, están a la espera de otro material para comenzar las acciones penales, las cuales arrancarían dentro de un mes.
“No podemos ahondar en el tema hasta plantear las denuncias, pero estamos comenzando las acciones legales contra tres centros de fotocopiado para que se acabe el abuso contra las editoriales, que desembolsan fuertes cantidades de dinero por derechos de importación y de autor”, señaló Gloria Navas, abogada y representante legal de la Cámara y sus afiliados.
Las denuncias que interpondrán serán por la supuesta comisión de delitos de irrespeto doloso a los derechos de propiedad intelectual.
Junto a las causas penales también se iniciarán acciones en la parte civil contra las empresas dueñas de las fotocopiadoras, por presuntos daños morales.
Asimismo, cabe la posibilidad de que la Cámara solicite una indemnización al sentirse ofendida por ser la defensora de los derechos de las editoriales.
La pugna por la reproducción ilegal de obras literarias se agudizó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta), pues endureció las penas por este delito.
Si bien en el país antes de la firma de este acuerdo existía legislación referente a los derechos de autor, el Cafta trajo mayor temor a los comerciantes, pues el tratado exige la aplicación de la normativa local.
Las penas estipuladas llegan a los seis años de cárcel, lo cual significa que elimina la posibilidad de acogerse a una ejecución condicional de la pena.
De esta forma las reglas en materia de derechos de autor y propiedad intelectual han dado un giro. El mejor ejemplo es un fallo que emitió recientemente el Tribunal Registral Administrativo, con el cual presuntamente se avala el cobro de un canon a quien utilice música con fines comerciales.
Es decir, que tanto radioemisoras como televisoras deberán desembolsar por utilizar piezas musicales.
En nuestro país, los derechos de propiedad intelectual tienen fundamento en al menos 12 leyes y decretos. Incluso el artículo 47 de la Constitución Política dispone que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.
Sin embargo, el que se pueda clonar un libro o no ha desatado una fuerte discusión, ya que el Gobierno argumenta que la reproducción total de obras literarias sin fines de lucro para la educación no es un delito a nivel local. Mientras que las editoriales señalan que si se desvirtúa el concepto de fines académicos, todos los abusos tendrían justificación.
